Publicado en el boletín informativo del Movimiento Nacional Sindicalista – MNS Nº 124 de 29 de septiembre 2018.

Estamos a pocos días de conocer el dictamen de la Corte Internacional de Justicia de La Haya respecto a la demanda boliviana que pide que se obligue a Chile a negociar un acceso soberano al Océano Pacífico. Más allá de circunloquios acerca de lo que es soberanía y de especulaciones respecto a que el tribunal respete o no posiciones jurídicas y aseveraciones previas respecto a que la sentencia respetará los tratados y no podrá imponer negociaciones con un resultado predeterminado, el caso ha permitido conocer algunas posiciones respecto a la soberanía nacional.

Las declaraciones del presidente Piñera han sido correctas, ajustadas a lo mínimo esperable.

La izquierda en su papel, solidariza –salvo honrosas excepciones, como el ex diputado Tarud y el ex ministro de RREE Heraldo Muñoz en mayor o menor grado con Evo Morales, por razones ideológicas. Para qué hablar del senador Navarro y de algunos sectores del FA. El “progresismo” sólo postulaba la soberanía nacional cuando se trataba de combatir al imperialismo norteamericano y sus intervenciones, pero ha sido el principal impulsor de suscribir múltiples tratados y acuerdos que dejan en manos de organismos internacionales aspectos propios del país, que deben resolverse internamente. Demás está decir que estos organismos suelen estar controlados por el marxismo o sus aliados.

Cuando los territorios españoles se emanciparon de la madre patria fue –así nos enseñaron en la escuela- para que las leyes que nos afectaban fueran decididas por los criollos en cada país y no en Madrid. Hoy las decisiones las están tomando en La Haya y en Nueva York políticos que ni conocen Chile y que ciertamente están más preocupados por sus propios intereses que por los de los chilenos. Ya hay varias experiencias negativas en que se han revertido sentencias ejecutoriadas de los tribunales chilenos.

Este lunes, el representante de Chile ante la ONU, Milenko Skoknic, comunicó a su par de Costa Rica la determinación chilena de abstenerse por ahora de firmar el acuerdo de Escazú sobre protección del ambiente, pese al rol protagónico jugado durante todo el proceso previo. La decisión tiene una explicación: el inminente fallo que el lunes la Corte Internacional de Justicia de La Haya emitirá sobre la demanda marítima presentada por Bolivia encendió la alarma, porque el acuerdo entrega autoridad a esa misma Corte.

Inmediatamente, ocho senadores de todos los partidos de oposición -Ximena Órdenes (ind/PPD), Isabel Allende (PS), Yasna Provoste (DC), Alfonso De Urresti (PS), Álvaro Elizalde (PS), Guido Girardi (PPD), Rabindranath Quinteros (PS) y Juan Ignacio Latorre (RD)- firmaron un documento en el cual señalan que “Chile está llamado a firmar y liderar el Acuerdo de Escazú”. Llama la atención que la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, prácticamente se disculpara ante la izquierda, declarando que “No se ha decidido no firmar el tratado de Escazú, sino postergar su firma a solicitud especial de Cancillería”, dejando así en claro que la soberanía no es tema para ella. ¿Y para otros? Durante décadas, distintos gobiernos no sólo han participado entusiastamente en negociaciones e incluso han otorgado unilateralmente concesiones comerciales a un país que se niega a tener relaciones diplomáticas con Chile. ¿Somos o nos hacemos?