Por Humberto Julio Reyes

Esta curiosa teoría “económica” formulada años atrás por alguien que llegaría a ser ministro del ramo, encuentra, a pesar del tiempo y la evidencia empírica, nuevas aplicaciones.

La actual carrera presidencial no ha sido la excepción, ya que, tratándose de una carrera que se ganaría o perdería por estrecho margen, ambos candidatos a la segunda vuelta han introducido reformas a sus programas originales con miras a captar la votación del alto porcentaje de indecisos o de votantes que ahora sí podrían brindar su apoyo.

Nada de ilegítimo hay en ello, especialmente si el cambio obedece a la convicción de que algún planteamiento amerita revisión y corrección, salvo que se trate pura y simplemente de un deliberado engaño que oculta las verdaderas intenciones.

En ese orden de ideas y como es natural lo relativo a salud y pensiones ha merecido atención preferente, obligando a los candidatos a explicitar sus propuestas al respecto y tratar de aclarar aquello que aún merece justificadas dudas.

Ello nos ha permitido enterarnos de boca de uno de ellos que lo que pretende es bajar de los patines, llámese Isapre o AFP a quienes estimaran que la alternativa, Fonasa o “ente” estatal, no les ofrezca buenas perspectivas.

No importa que ambos organismos estatales no puedan garantizar mejores prestaciones de salud o previsionales dado el detalle hasta ahora conocido, máximo que, especialmente el primero, se verían recargados al tener que absorber la atención del total de “asegurados”.

Lo importante, que por supuesto no se dice, es que todos serían mal atendidos y nadie podría pretender una mejor pensión con aportes voluntarios.

La actual buena experiencia de administrar en forma conjunta los recursos estatales y privados para combatir la pandemia no sería útil.

Tampoco el hecho que los ahorrantes en AFP hayan podido efectuar tres retiros gracias a la capitalización lograda y destinado parte de ellos a otras formas de ahorro individual, ni la conocida experiencia de los sistemas de reparto, han debilitado el planteamiento dado su evidente sustento ideológico.

Mención aparte merece la reiterada propuesta de rebajar las pensiones a los servidores de determinadas instituciones uniformadas por constituir un “privilegio”. En esto no ha habido voltereta.

Como dichas pensiones son consecuencia de una carrera que implica necesariamente renunciar a diversos derechos, salvo que se pretenda modificar esta última, asimilándola a la ocupación de cualquier funcionario público, lo menos que podría hacerse es comenzar por sugerir qué restricciones se levantarían para a futuro hacer compatible carrera con pensión rebajada.

Y ya que hemos batido un récord de elecciones, ¿podría un uniformado excusarse del deber de participar en el resguardo del acto eleccionario a objeto de ejercer su derecho a voto ahí donde está inscrito?

¿Cuántos no han podido ni podrán hacerlo?

Interesante inquietud en tiempos de tanta transparencia.

Lo de país más justo suena muy bonito, especialmente cuando lo predican quienes gozan de rentas propias del primer decil sin igualar el esfuerzo de quienes ostentan una dilatada trayectoria de trabajo y emprendimiento.

Volviendo al inicio y como lo dijo un comentarista:

No se trata que los que tienen menos tengan más sino que quienes tienen más tengan menos.

Así todos contentos sin patines.

12 de dic. de 21