Por Roberto Hernández Maturana

En entrevista con El Mercurio, el 11 de Diciembre pasado, ministro de Justicia, Jaime Campos, se mostró a favor de que los condenados enfermos terminales o los que padezcan enfermedades graves en cárceles como el penal Punta Peuco, puedan quedar en libertad. El titular de la cartera de Justicia afirmó: “Este es un tema de la máxima importancia y no hemos tenido el coraje para abordarlo. (…) Creo que los derechos humanos son válidos para todo el mundo, sin distinción de ninguna especie. Pero parece que algunos no lo creen así”.

El ministro de Justicia manifestó a la sazón que los chilenos tenemos “un doble discurso” al no estar estipulado esto en la ley. “Hoy día, los tribunales, como pasó con Pinochet, pueden sobreseer a un procesado por falta de salud mental y con eso termina el juicio.

Pero ni los tribunales ni el órgano administrativo pueden permitir que un condenado que está enfermo vaya a morir tranquilamente a su casa”, recalcó el ministro de Justicia. El secretario de Estado aseguró que se debe tener “un mínimo de humanidad” y enfatizó a que no se refiere particularmente a Punta Peuco. “Me parece obvio que los enfermos terminales o las personas que padezcan enfermedades graves, invalidantes, complejas, salgan. Es que hay que tener un mínimo de humanidad en la vida y de compasión. Si por muy delincuentes que sean, también son seres humanos, señaló. Y agregó que “si hemos de legislar sobre el particular, se debe legislar en general. Y si dentro de la generalidad caen algunos casos particulares, caerán. Me llama la atención que las instituciones morales de Chile, como las iglesias de cualquier signo, no hayan tenido sobre esta materia una posición más firme, más clara, más decidida, que les permitiese a los actores políticos obrar de un modo más consecuente”.

Las declaraciones de la autoridad de Gobierno, se suman así a las que anteriormente había efectuado el  Presidente de la Corte Suprema Hugo Dolmestch, quien  apuntó a que los beneficios carcelarios a los condenados por violaciones derechos humanos buscaría la reconciliación del país. La máxima autoridad del poder judicial había entregado así su respaldo a una iniciativa presentada por varios senadores  especialmente de oposición,  para liberar a los reos  aquejados de enfermedades graves e incurables.

Esta inquietud por los derechos conculcados a los militares presos y la falta de humanidad con quienes se encuentran ancianos y enfermos, comenzó a manifestarse con fuerza el presente año, con declaraciones de personeros como el padre jesuita Fernando Montes o el abogado de la Vicaría de la Solidaridad Héctor Salazar, quienes  se destacaran en la defensa de los DD.HH. de quienes fueron perseguidos por el Gobierno Militar, acusados por delitos terroristas o ejercer la subversión.

No obstante lo anterior, los diputados Sergio Aguiló (IC) y Hugo Gutiérrez (PC) presentaron una carta en la Corte Suprema para pedir que no se otorguen más beneficios carcelarios a los condenados por delitos de lesa humanidad.

El diputado Aguiló explicó que “queremos establecer una advertencia de que en la Cámara de Diputados estamos observando con especial rigurosidad la forma en que los tribunales de justicia, en democracia, están aplicando las leyes y los tratados internacionales que, de acuerdo al artículo 5° de la Constitución, son obligatorios y parte del ordenamiento jurídico interno”.

Omite el diputado aclarar que el Estado de Chile  promulgó el Estatuto de Roma, que ratifica la adhesión de Chile a la Corte Penal Internacional por crímenes de lessa recién en 2009, bajo el primer gobierno de Michelle Bachelet.  El Estatuto de Roma, que instauró la Corte Penal Internacional, fue adoptado en el mundo en  1998 y entró en vigencia internacional en 2002, creando una instancia jurisdiccional internacional, mediante un aparato judicial autónomo, compuesto por jueces y fiscales, cuya función es juzgar y condenar a individuos (no Estados) que sean declarados culpables de graves crímenes contra la humanidad.

Es decir los crímenes por lessa humanidad comenzaron a existir en Chile a partir de 2010, sin embargo se usa esta figura para perseguir y condenar hechos ocurridos 37 años antes de esa fecha, aunque solo a los militares, no a acusados o condenados por delitos terroristas, a quienes se aplicó la amnistía en su totalidad (entre ellos varios parlamentarios).

En tanto el diputado comunista Hugo Gutiérrez aseguró: “El ministro de Justicia tiene que velar para que los derechos humanos sean respetados y defendidos (para todos) y lo que está haciendo es avalar para que el día de mañana esos derechos sean violados. Decir que a los presos de Punta Peuco se les viola los derechos humanos es de una inexactitud, de una prepotencia, de una estupidez que no tiene nombre. Él debería retractarse de sus dichos”, demostrando una vez más su odiosidad y espíritu de venganza contra los militares en retiro.

Los mencionados parlamentarios también emplazaron al ministro de Justicia a retractarse de sus dichos ya que anunciaron que desde el Gobierno les informaron que las palabras del ministro no tienen relación con el Ejecutivo y que no representan el sentir de la Presidenta Michelle Bachelet.

A este coro reclamante, no tardo en sumarse la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, quien  calificó como “una burla” y “una falta de respeto” los dichos del ministro,

A su vez, desde el Gobierno, la ministra vocera, Paula Narváez, aseveró que “los derechos humanos de las personas que están recluidas hoy día en Punta Peuco son derechos humanos que están resguardados. Otra cosa son los beneficios carcelarios, que es una discusión que hay que dar como país”.

Ante esta avalancha de declaraciones, El ministro de Justicia, Jaime Campos, “aclaró” sus dichos sobre conceder beneficios a condenados por violaciones a los DD.HH. y aseguró que se refería al trato de todos los presos en general. Al respecto fue enfático en señalar que el no se refirió específicamente a los condenados en Punta de Peuco, sino que sus dichos fueron de manera general. “Considero que ha habido una falta de coraje para abordar el tema de los delincuentes que han sido condenados y que se encuentran en una situación muy grave y terminal y con riesgo de muerte“, señaló. “Hay falta de comprensión de lectura porque por lo que leo hoy, algunos creen que a través de mis declaraciones lo que yo pretendo es darle una solución a los que están condenados en Punta de Peuco, y lo que estoy dando es en una afirmación general, estoy hablando de cualquier delincuente, estoy pensando en un violador, en un parricida, que está sufriendo una enfermedad terminal”.

“Yo, por lo menos, tengo compasión con el moribundo y si por eso me quieren llevar a una corte internacional, que me lleven, pero es lo que yo pienso, y lo que he dicho es mi opinión personal, no es la opinión del Gobierno ni mucho menos. Es mi opinión personal y me hago responsable de mis dichos”, sostuvo el secretario de Estado.

“No conozco ninguna norma internacional, ningún tratado internacional que le prohíba a un país, a una sociedad, por razones humanitarias, permitir que los condenados por cualquier delito, y que irremediablemente van a fallecer como consecuencia de una enfermedad terminal y grave, no puedan pasar los últimos días de sus vidas, por ejemplo, en arresto domiciliario”, añadió.

En tanto, Raúl Meza, abogado de la Multigremial de los militares en retiro, sostuvo en CNN Chile que “los derechos humanos corresponden y deben ser respetados a todos los chilenos sin ningún tipo de excepción, y particularmente respecto de aquellas personas que están condenadas en condiciones de estados de salud física y mentalmente precarias”.

La crónica en comento revela como las pasiones alimentadas desde hace décadas por la izquierda y los gobiernos de izquierda, pero también y muy especialmente por el gobierno de Sebastián Piñera,  siguen a flor de piel. Hay muchos,…, muchísimos intereses creados entre quienes no quieren dar vuelta la página y mirar hacia el futuro en un Chile reconciliado. 

El manido tema de los DD.HH. transformado en bandera de lucha, pero además manipulado desde una versión unilateral de la historia dejaría de redituar para muchos que lo alzan como bandera política según cuando les convenga, o continúan desangrando económicamente al Estado en varios millones de dólares pagados en indemnizaciones verdaderas o inventadas.

Sin embargo…, lentamente la ciudadanía comienza a darse cuenta, y la indiferencia, cuando no desprecio por la suerte de los militares presos, hoy comienza lenta pero inexorablemente a revertirse.

La balanza de la historia siempre equilibra los hechos del pasado. Ojalá para los ancianos y enfermos en Punta de Peuco no sea demasiado tarde.