Editorial diario La Tercera 8 de Agosto de 2017
Hace algunos días se dio a conocer la declaración que la exministra de Justicia Javiera Blanco prestó como testigo en el marco de la investigación que el Ministerio Público abrió por la muerte de Lissette Villa, una niña de 13 años fallecida en abril de este año en trágicas circunstancias mientras se encontraba en un hogar del Servicio Nacional de Menores (Sename), dependiente del Estado. Sus dichos permiten entender mejor por qué el Sename ha fracasado estrepitosamente en su misión.
Es llamativo que la exministra señalara que se “enteró por la prensa” de que en la muerte de Lisette podrían haber incidido actuaciones de los propios funcionarios del Sename -tal como estableció un informe de la PDI-, lo que sugiere que inicialmente no había mayor celo por parte del Ministerio para aclarar las circunstancias en que se produjo este deceso. Blanco también indicó que desaprobó las declaraciones que dio la ex directora del Sename para explicar esta muerte -habló de que la menor sufrió una “descompensación”-, asegurando que pasó a llevar instrucciones precisas que la cartera impartió en materia comunicacional. Aun así, no se tomaron medidas disciplinarias.
Las declaraciones de Blanco también dan luces acerca de que el Sename no tenía claridad del número de menores fallecidos, pues tal como reconoció, se contabilizaban como “egresos”, lo que reafirma la desprolijidad e indiferencia con que se abordaba el tema de los menores, un problema que continúa sin mayor urgencia en la política gubernamental.