Editorial diario La tercera, 19 de Septiembre de 2017
Sería un paso valioso que todas las causas por DDHH sean conocidas bajo el nuevo sistema penal, dando más garantías para un debido proceso.
Un reciente estudio realizado por el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social -que fue recogido por este medio-, reveló conclusiones poco auspiciosas en cuanto a la percepción que los chilenos tienen acerca de la democracia. Así, un 68% se declaró nada o muy poco satisfecho con ésta, e incluso un 30% manifestó indiferencia frente a una democracia o un régimen autoritario.
La explicación por esta desafección probablemente no tiene que ver con un rechazo hacia la democracia misma -un 56% de hecho la sigue considerando preferible a cualquier otra forma de gobierno-, sino a la incapacidad del sistema político para procesar y dar respuesta a las principales inquietudes de la población. La deficiente calidad de la educación pública, los persistentes problemas de acceso a la salud y los altos índices de delincuencia una y otra vez figuran entre las demandas más requeridas por la ciudadanía, pero el sistema político sigue sin ser capaz de entregar soluciones satisfactorias, privilegiando muchas veces agendas que satisfacen más a los grupos de interés o que responden a motivaciones ideológicas.

Un nuevo ejemplo de esta desconexión con la ciudadanía parece ocurrir a propósito de la agenda de derechos humanos que recientemente ha anunciado el gobierno, uno de cuyos aspectos medulares consiste en levantar el secreto comprometido en su momento por el Estado a los informes contenidos en la Comisión Valech, permitiendo que los tribunales puedan tener acceso a dichos antecedentes. Así, de prosperar esta iniciativa en el Congreso, es previsible que la cantidad de causas judiciales por derechos humanos se multipliquen en cientos o quizás miles, cuya resolución tomará años.
El imperativo ético de hacer verdad, justicia y reparación económica a las víctimas de violaciones a los derechos humanos ha ido encontrando distintas respuestas en los sucesivos gobiernos -las que en atención a la magnitud de los hechos quizás nunca sean del todo satisfactorias-, en el ánimo de avanzar hacia la reconciliación. Pero cuando se insiste en una agenda que busca devolver al país de lleno en el pasado y reabrir con ello viejas heridas, sin hacerse cargo de sus implicancias, no ayuda al interés general y mucho menos a las propias víctimas de torturas y prisión política, la mayoría de las cuales ha preferido no judicializar sus casos y mantenerlos en reserva.

La democracia tiene el imperativo de demostrar que es posible conjugar verdad, justicia y reparación, sin sumir al país en una polarización estéril. Por ello un paso sustancial en esa dirección sería que todos los casos sobre violaciones a derechos humanos que actualmente tramita la justicia como los que se abran a futuro por hechos anteriores a 1990, sean conocidos por el nuevo sistema procesal penal -fiscales, tribunales de ganaría y juicio oral-, y no bajo el “antiguo sistema”, el cual no satisface los estándares que la propia sociedad ha fijado para un debido proceso. Con ello se evitaría continuar con una discriminación injustificable -como es la existencia de dos sistemas judiciales-, y permitiría que las causas fueran tramitadas de manera transparente y más expedita, con plazos acotados de investigación y para dictar sentencia.
Un paso en esta dirección sería una señal concreta en favor de la reconciliación, constituyendo una demostración de que la política es capaz de conectarse con las reales necesidades del país.