Derechos Humanos
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Nuevamente, ¿el cierre de Punta Peuco?
En la reciente cuenta al país, el Presidente Boric anunció que el CCP de Punta Peuco pasaría a ser una cárcel común, lo que en la práctica -según él- significa quitarle el supuesto “privilegio” que por años ha acompañado a ese penal, entregando a Gendarmería de Chile lo relativo a la administración de la nueva […]
2 de junio de 2025
Imagen: ex-ante.cl
En la reciente cuenta al país, el Presidente Boric anunció que el CCP de Punta Peuco pasaría a ser una cárcel común, lo que en la práctica -según él- significa quitarle el supuesto “privilegio” que por años ha acompañado a ese penal, entregando a Gendarmería de Chile lo relativo a la administración de la nueva segregación que sería objeto dicho recinto carcelario. Esta polémica decisión merece un análisis especial.
Para empezar, y desde la óptica del destinatario de la iniciativa presidencial, en primer lugar, cabe resaltar el perfil criminológico del reo de Punta Peuco, que no es igual al resto de los reos comunes. Por cierto, si bien se les condena por delitos comunes tipificados en el Código Penal, además, se los califica de “lesa humanidad”, básicamente, por haber sido cometidos contra civiles -en ejercicio de sus funciones castrenses- durante el Gobierno Militar. En segundo término, dada la época de los hechos por los cuales se les condena a estos internos, hablamos de personas que en promedio tienen 80 años de edad, en su mayoría con serias enfermedades crónicas, algunas, terminales, existiendo casos extremos -que por mala salud- ameritan salidas alternativas a la pena efectiva, como la reclusión domiciliaria total. Como tercer punto relacionado con el fin de la pena, se trata de individuos respecto de los cuales existe plena certeza que el transcurso del tiempo y las patologías de base que acarrean, los ha convertido en ciudadanos absolutamente inofensivos, no existiendo necesidades de prevención especial, lo cual incide en el acceso a la reinserción social.
Pero, además, el anuncio debe ser visado desde el punto de vista de la política carcelaria y, por cierto, desde la perspectiva criminógena del preso, porque Punta Peuco es un penal -por así decirlo- de mínima seguridad. Resulta impensado en ese lugar la posibilidad de fugas, riñas entre internos, ataques a funcionarios o ingreso de armas, drogas o celulares, por ejemplo. En este sentido, la administración del penal -en el caso de estos reos- se limita a satisfacer -ciertamente, de manera muy deficiente- las “necesidades de salud” de los ancianos, así como proveerles su alimentación básica, más que atender a “riesgos de seguridad” del recinto penitenciario. Conectado a lo anterior, está el hecho que esta cárcel carece de la infraestructura material y humana capaz de satisfacer los requerimientos de una población penal provecta y enferma. De hecho, no existe un médico de planta, ni una ambulancia a cargo del traslado de los enfermos ni tampoco personal de salud de apoyo a los reos que no son autovalentes o lisa y llanamente, minusválidos. Pese a todo ello, los reclusos de Punta Peuco aguantan con temple esta situación.
Así las cosas, de llevarse a cabo la decisión del Presidente Boric, sin duda alguna acabará judicializándose, principalmente, por la afectación de los derechos fundamentales de los internos de Punta Peuco. No puede administrarse ese penal como si se tratara de un recinto carcelario común, porque sus habitantes poseen una vulnerabilidad inherente a su edad y condición de salud, la cual impide ser simplemente soslayada por un decreto supremo. No entender estas diferencias, atenta contra el principio de igualdad. En palabras simples, no es llegar y mezclar internos.
Por otro lado, apelar al concepto de “privilegio carcelario” para promover la instalación de esta medida, no pasa de ser una aspiración ideológica, un mensaje político-panfletario para la extrema izquierda y que alberga un deseo de venganza soterrado. Su implementación sólo conllevará más división y odio, manteniendo abierta la herida social y obstaculizando la senda hacia el fin de la “eterna” justicia transicional chilena.
Pero lo más importante, es que este anuncio daña y mucho, repercutiendo en las personas de los ancianos privados de libertad que ya deben soportar no solo el castigo penal impuesto, sino sufrir además un maltrato del Estado por las condiciones carcelarias incompatibles con su edad y estado de salud, y ahora, por si fuera poco, volver a tolerar el hostigamiento del Ejecutivo.
Finalmente, la eventual implementación de esta medida deberá tener en consideración tanto nuestra Constitución Política, que garantiza diversos derechos fundamentales (arts. 1, 5 inc. 2°, 6, 7, 19, n°s. 1, 2, 7, 26) como los múltiples tratados internacionales de DDHH suscritos por Chile, y que protegen precisamente a los reos ancianos (p. ej. la Convención Interamericana sobre la Protección de los DDHH de las Personas Mayores). Del mismo modo, deberá tenerse en cuenta un fallo reciente de la Excma. Corte Suprema (Rol 249.389-2023, de 25/09/2024), que en un correcto razonamiento por analogía in bonam partem, homologó el Pabellón Asistir de Colina 1 (que al igual que Punta Peuco alberga reos ancianos condenados por causas de DDHH) a los Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores del medio libre (ELEAM).
Carla Fernández Montero
Abogada
Derecho Penitenciario
PUNTA PEUCO INFORMA
Presidente Boric y su bloque de Poder hunden la Dignidad Humana y nosotros, somos el blanco!
Este 1 de junio de 2025, en su Cuenta Pública, el presidente Gabriel Boric anunció que nuestro penal, Punta Peuco, pasará a ser una cárcel común.
No es el cierre. Es algo peor.
Significa que nosotros, ancianos de 80, 90 años, muchos postrados, con enfermedades terminales o movilidad reducida, seremos obligados a convivir con delincuentes comunes, violadores y asesinos.
Eso es lo que este gobierno llama “JUSTICIA”.
Sabemos que esto no es un hecho aislado, es parte de una política sistemática de castigo, desprecio y venganza, impulsada por el Presidente, sus asesores, sus ministros y un Poder Judicial ideologizado.
Se ha construido una máquina de persecución por más de 30 años, la que viola nuestros derechos humanos todos los días.
Se nos niegan beneficios carcelarios que otros sí reciben.
Se ignoran tratados internacionales que garantizan un trato humanitario a personas como nosotros.
Se nos condena SIN PRUEBAS REALES, solo por asociación o por haber cumplido una orden hace décadas.
Muchos fuimos juzgados por magistrados como Mario Carroza, hoy vinculado al Caso Audios, símbolo de una justicia manchada por la corrupción y la impunidad.
La verdad es una:
La mayor violación de derechos humanos en democracia está ocurriendo ahora. Y sus responsables están en el poder.
Esto no es justicia, esto es ideología, abuso y deshumanización.
Aún así, seguimos de pie.
Con dolor, con silencio, con la conciencia tranquila, soportando estoicamente, con la dignidad que nos caracteriza, confiando en que algún día llegará el hombre que lleve la Patria y el Honor anclados en su corazón.
Desde Punta Peuco, muchas gracias a quienes solidarizan con todos los Presos Políticos Militares de nuestro querido Chile.
PPM
Santiago, 1 de junio de 2025
#cuentapublica2025
#PRESOS #Militares
“El último clarín que sonó frente a nuestro penal el 11 de septiembre de 2024 sigue resonando en nuestros corazones. Es ese eco el que nos da energía para seguir de pie.”
*Punta Peuco*
El decreto de creación del penal Punta Peuco, firmado el 14 de Junio de 1995 por el ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, en uno de sus párrafo dice:
“La necesidad que exista un establecimiento penitenciario que reúna especiales condiciones de seguridad, que asegure la integridad física y síquica de las personas que permanecerán en él, a quienes debe prestarse dicho tratamiento en atención a la particularidad de sus condiciones personales.”
Los presos en el lugar ya promedian sobre los 78 años, en su mayoría en la cuarta edad, a diferencia de treinta años atrás, sin embargo, en su cuenta anual, Gabriel Boric anunció un decreto para declarar Punta Peuco una cárcel normal sin segregación, lo que tiene características de venganza.
Al mismo tiempo en su discurso apela a la unión de todos los chilenos para vivir en paz.
Los estadistas que realmente quieren la unión del país, proponen amnistías que lleven al perdón y reconocimiento de los errores cometidos en el pasado.
Marcos Concha Valencia
Tras anuncio de Boric: Abogado de internos de Punta Peuco anuncia acciones legales y acusa venganza política del Gobierno
Por Juan Andrés Galaz Pinto
01.06.2025 / 15:01
CNN
El abogado Raúl Meza, representante de algunos internos del penal de Punta Peuco, anunció que recurrirá a la justicia para frenar el cierre del recinto anunciado por el presidente Gabriel Boric.
El abogado Raúl Meza, representante de algunos internos del penal de Punta Peuco, rechazó categóricamente el anuncio realizado por el presidente Gabriel Boric durante su última Cuenta Pública, en la que informó el cierre del recinto penitenciario y su transformación en una cárcel común.
Meza calificó la medida como “legal y constitucionalmente improcedente”, argumentando que Punta Peuco alberga a reclusos de edad avanzada, muchos de ellos con enfermedades crónicas o terminales.
Además, aseguró que la estructura actual del recinto garantiza condiciones mínimas de seguridad e integridad física para sus internos. A su juicio, la convivencia con reos comunes sería incompatible.
“El anuncio vulnera garantías constitucionales como el derecho a la vida y a la integridad física y psicológica de los internos”, señaló el abogado, quien además advirtió que se interpondrá un recurso de protección contra el presidente Boric.
También adelantó que recurrirán al Tribunal Constitucional para impugnar el eventual decreto que ordene el cierre del penal.
Meza afirmó que la decisión del Ejecutivo responde a “una venganza política” por parte de un gobierno que, según dijo, actúa condicionado por sus compromisos con el Partido Comunista.
Asociación de Suboficiales de Gendarmería expresa preocupación tras anuncio de Presidente Boric sobre Punta Peuco
“Nos resulta preocupante el desconocimiento de la problemática que tiene la unidad penal”, señaló el dirigente nacional, Carlos Fernández.
Juan Castillo01/06/2025 – 19:38 h CLT
Juan Espinoza
Asociación de Suboficiales de Gendarmería expresa preocupación tras anuncio de Presidente Boric sobre Punta Peuco
Uno de los anuncios más importantes durante la Cuenta Pública 2025 del Presidente Gabriel Boric ante el pleno del Congreso Nacional fue el de la modificación del régimen habitual para el penal Punta Peuco.
En detalle, y según lo expresado por el Mandatario, se cambiará el decreto que creó el recinto penal, y será transformado en una cárcel común, recibiendo a todo tipo de delincuentes.
Sin embargo, el anuncio no generó tanto consenso, ya que no hay muchos sectores que estén conformes con lo expresado por el jefe de Estado.
Carlos Fernández, dirigente nacional de la Asociación de Suboficiales de Gendarmería, expresó su preocupación por este anuncio para Punta Peuco.
“Nos resulta preocupante el desconocimiento de la problemática que tiene la unidad penal de Punta Peuco”, señaló.
“Está instalado un vertedero el cual, por la emanación de gases y la dinámica propia del vertedero, mantiene un clima insostenible y hay inseguridad con nuestro personal”, agregó.
Asimismo, Fernández sostuvo que “es preocupante saber que no tenemos vehículos de enlace para nuestra gente que está elaborando hombres y mujeres en esa unidad. Así también la falta de un insumo tan básico como es el agua”.
Recordemos que el penal Punta Peuco pudo haber sido cerrado el último día de la administración de Michelle Bachelet en el año 2018. Sin embargo, el plan se encontró con la resistencia de su ministro de Justicia de aquel entonces, Jaime Campos, quien se negó a firmar el decreto de cierre del recinto penitenciario.
“Exacerbaría problemas existentes”:
Vecinos de Punta Peuco rechazan anuncio de transformar penal en una cárcel común
En una misiva, pidieron a las autoridades evaluar el impacto que tendrá la medida en la calidad de vida de Til Til.
01 de Junio de 2025 | 19:15 |
Redactado por Marcelo Silva, Emol138
Emol
Rechazo ha provocado en los vecinos de Til Til el anuncio realizado este domingo por el Presidente Gabriel Boric en la Cuenta Pública de transformar el penal Punta Peuco en una cárcel común.
“He instruido al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, modificar el decreto que creó dicho establecimiento, abandonando su condición especial y transformándolo en un penal común que permita segregar a las personas según los requerimientos de Gendarmería, porque no es una medida de justicia, no es solamente de justicia, es también una necesaria gestión de nuestro sistema penitenciario”, dijo el Mandatario esta jornada frente al pleno del Congreso Nacional.
Este anuncio no fue recibido de buena manera por vecinos del complejo penitenciario, quienes en una carta solicitaron al Gobierno reconsiderar la medida: “La Junta de Vecinos N°3 de Punta de Peuco expresa su desacuerdo con las declaraciones del Presidente sobre la conversión de la cárcel de Punta Peuco en una cárcel común”.
“Consideramos que esta medida podría exacerbar los problemas existentes, tales como disturbios constantes por peloteros, uso de fuegos artificiales que provocan incendios y desechos sanitarios arrojados al estero seco, provocados por la anterior instalación del centro metropolitano norte (ex SENAME)”, agregaron los vecinos, quienes denuncian problemas básico como la escasez de agua en el sector y la ausencia de alcantarillados.
Vecinos piden al Gobierno considerar el impacto que esta decisión podría en la calidad de vida de la comunidad y su seguridad: “Creemos firmemente que una solución viable debería incluir un enfoque integral que aborde los problemas estructurales subyacentes, con énfasis en la seguridad pública, la prevención del crimen y el desarrollo sostenible para nuestra zona, siempre en consulta con las comunidades afectadas”.
Por último advierten que, de no cambiar la decisión, tomarán medidas: “Llegaremos hasta las últimas consecuencias para conservar la tranquilidad que nos quieren quitar por decisiones de última hora para congraciarse con su sector político”.
Fuente: Emol.com – https://www.emol.com/noticias/Nacional/2025/06/01/1168020/vecinos-punta-peuco-rechazan-transformacion.html
Punta Peuco
La reciente declaración del Presidente Gabriel Boric respecto a la eventual transformación del Penal Punta de Peuco en un penal común, ha generado un profundo y legítimo debate jurídico, político y ético. La propuesta no puede evaluarse a la ligera, pues toca principios fundamentales del Derecho Penal, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la ejecución penal y el principio de igualdad ante la ley, pero también los derechos de los internos, sin importar su origen o condición.
Desde el punto de vista normativo, es indispensable tener presente que Chile se rige, en materia de ejecución de penas privativas de libertad, por la Ley Nº 18.216, que regula el cumplimiento alternativo de penas, y por el Decreto Ley Nº 321, que establece normas sobre libertad condicional. Asimismo, la administración de los recintos penitenciarios está sujeta al Reglamento de Establecimientos Penitenciarios (Decreto Supremo N° 518 del Ministerio de Justicia), y a las normas de la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile. La Constitución Política de la República establece en su artículo 19 N° 1 el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de todas las personas, lo cual incluye a los reclusos, tal como lo ha interpretado el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, incluso señalando que las penas deben ejecutarse con pleno respeto a la dignidad humana.
Ahora bien, respecto a los internos militares condenados por causas vinculadas a delitos contra los derechos humanos durante el régimen militar, debe subrayarse que muchos de ellos son adultos mayores, enfermos, con escasa movilidad o en fases terminales. El Protocolo de Minnesota sobre la Protección de los Derechos de las Personas Privadas de Libertad (adoptado por la ONU) establece la obligación del Estado de velar por condiciones dignas y seguras en el cumplimiento de las penas, especialmente para grupos vulnerables. Ello se refuerza con las Reglas Mandela (Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos), que señalan el principio de proporcionalidad, la atención médica adecuada y la prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes. La segregación penal en base a la seguridad personal, la edad o el estado de salud es legítima y amparada por estos estándares internacionales. No constituye un privilegio, sino una garantía mínima de protección.
Transformar Punta de Peuco en penal común, cerrándolo o hacinando a sus internos junto a delincuentes de alta peligrosidad por delitos comunes, podría implicar una vulneración a los estándares antes mencionados, contraviniendo incluso principios del ius puniendi humanizado que el propio gobierno dice defender. Además, podrían abrirse recursos judiciales como acciones de protección e incluso eventuales denuncias ante órganos internacionales, por contravenir el principio de trato digno.
Desde una perspectiva política y constitucional, las medidas de carácter administrativo como la destinación o redestinación de penales son efectivamente revocables por futuros gobiernos. No son normas legales ni constitucionales, sino decisiones del Ejecutivo basadas en políticas públicas del Ministerio de Justicia. Sin embargo, si esa medida se traduce en condiciones inhumanas o degradantes para los internos, sí puede ser objeto de control judicial, lo que justificaría acciones ante cortes nacionales e internacionales. Respecto a una eventual acusación constitucional, esta procede conforme al artículo 52 N° 2 de la Constitución contra el Presidente de la República por infracciones a la Carta Fundamental o a las leyes. Sin embargo, aplicar esta figura solo por un acto administrativo podría carecer de fundamento jurídico si no se demuestra una vulneración concreta de derechos o un incumplimiento expreso de la ley o la Constitución.
Finalmente, es evidente que esta decisión tiene un fuerte componente ideológico, lo cual refuerza la percepción de que no se busca justicia sino venganza. Tras más de 50 años, el uso político de la prisión como castigo simbólico parece contravenir el principio de resocialización que inspira todo sistema penal moderno. La justicia no puede ser venganza institucionalizada, y ningún interno —ni siquiera un exmilitar condenado por hechos de hace medio siglo— debe ser objeto de una política pública orientada al escarnio. En lugar de avanzar hacia una sociedad reconciliada, esta medida profundiza las fracturas históricas y ahonda el resentimiento. Por ello, no solo es jurídicamente debatible, sino éticamente reprochable.
ALFONSO