Por Humberto Julio Reyes

Falto nuevamente de inspiración una noticia internacional de este domingo viene en mi ayuda.

Leyendo la prensa dominical me entero que Chile, a través de su improvisada representante ante

el Comité de Descolonización de Naciones Unidas, ha presentado una resolución llamando a

Buenos Aires y a Londres a retomar el diálogo para solucionar la disputa por la soberanía de las

islas (Falkland o Malvinas).

Así, como si nada hubiera sucedido en 1982.

Pero, ¿quienes la suscriben?: Bolivia, Nicaragua, Cuba, Ecuador y Venezuela.

No es mi propósito opinar sobre el fondo de una disputa de larga data entrampada en la

disquisición de deseos o derechos de las partes y donde los habitantes de las islas han expresado

reiterada y categóricamente que no desean cambiar su actual condición sino hacer resaltar el

tradicional sigilo con que se expresa nuestra política exterior presentándonos hechos consumados

y donde basta un par de imaginativos discursos para que aparezcamos llevando el estandarte en

pleito ajeno, a título de remozado americanismo y, pero aún, en dudosa compañía ya que si

hacemos excepción del Ecuador, ¿dónde más podemos coincidir con los restantes “socios” de esta

comparsa?

Naturalmente que no faltarán quienes apoyarán lo obrado recordándonos de Chile tiene una larga

tradición que mantener en dicho comité que lo ha llevado a respaldar permanentemente el

reclamo argentino pero cosa distinta es asumir liderazgo en un tema donde el interés nacional no

puede ser ignorado irresponsablemente cuando, a pesar de los tratados y protocolos vigentes que

se suponen definitivos, en forma periódica surgen nuevas y novedosas interpretaciones que llevan

a cuestionarlos y que parecieran justificar el título de un reciente libro sobre nuestra historia

limítrofe con Argentina cuyo autor es Guillermo Parvex.

La buena noticia es que en esta ocasión una chilena, habitante de las islas “en disputa” y miembro

de su asamblea legislativa, le salió al paso al Comité, informando a nuestra “embajadora” de una

realidad que naturalmente ella desconoce, manifestando que “nuestro derecho fundamental a

determinar nuestro propio futuro debe ser respetado por todos los que valoran la libertad y la

democracia. Y este comité no debe, mediante su apoyo o su silencio, condonar las amenazas o

deseos coloniales de nuestro vecino acosador”.

Resisto la tentación de referirme al fondo y vuelvo sobre el título que motiva esta columna:

¿Es la asociación con los que suscribieron la resolución una señal de la nueva orientación que se

pretende dar a nuestra Política Exterior?

¿Con esos mismos gobiernos se intentará promover el respeto a los derechos humanos, la libertad

y la democracia?

¿Recíprocamente habrá que apoyar a futuro lo que alguno de estos firmantes proponga?

Usted estimado lector tiene la palabra.