El coordinador nacional de Litigación Especializada del INDH, Alexis Aguirre, reconoció que han intervenido para evitar las expulsiones en los últimos dos años al menos en 30 oportunidades, mediante acciones de amparo constitucional, incluyendo casos de personas que tienen antecedentes penales. Esto ocurre luego de que Contraloría ordenara continuar con las investigaciones producto de dos hechos ocurridos a mediados del año pasado, cuando funcionarios del instituto actuaron en Bolivia y Perú para gestionar el ingreso de migrantes venezolanos como refugiados. Para algunos consejeros de la institución este actuar “se puede asimilar a una ONG, parecida al Servicio Jesuita a Migrantes”.

Entre 2019 y 2020 el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha interpuesto aproximadamente 30 acciones constitucionales de amparo en contra de expulsiones de extranjeros. Aproximadamente un tercio de esos recursos corresponden a personas que ingresaron a Chile de forma clandestina. El dato lo dio a conocer Alexis Aguirre, coordinador nacional de Litigación Especializada del INDH en la sesión de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados realizada el pasado 5 de octubre.

La información, además, llega cinco días después de que la Contraloría se pronunciara con respecto a la intervención de funcionarios del INDH en gestiones realizadas fuera de Chile para permitir el ingreso al país, en calidad de refugiados, de inmigrantes venezolanos.

Contraloría actuó a petición del senador José Durana (UDI) y los diputados Andrés Longton (RN), Karin Luck (RN) y Celso Morales (UDI), y analizó dos casos ocurridos entre junio y julio de 2019. El primer caso denunciado corresponde a la intervención de una funcionaria del INDH para ir a buscar a un venezolano a Perú y luego lograr su ingreso al país -que había sido negado en dos oportunidades- como refugiado. En este hecho además quedó evidenciada la utilización de un vehículo institucional. En el segundo caso los funcionarios habrían entrado a Bolivia y acompañado en su petición de refugio a 20 venezolanos. 

Existe preocupación en el gobierno de que haya una política del INDH para evitar las expulsiones de personas con antecedentes penales, así como de intervenir en procesos que pueden ser los de ingresos clandestinos y de refugio fuera del país lo que se considera como una clara extralimitación de sus facultades. La opinión entre algunas autoridades es que detrás de esto existen razones meramente ideológicas, pues se considera que cualquier intento del Estado por regularizar el ingreso de extranjeros va en contra del derecho absoluto de migrar, que ha sido defendido, en particular, por el Frente Amplio.

También se advierte la gravedad de este tipo de acciones, que tienen como consecuencia vulneraciones a la Ley de Migraciones, dificulta la política migratoria y afectan las relaciones entre nacionales y extranjeros. En particular en un contexto en que agosto fue el mes de 2020 en el que se registraron más ingresos clandestinos a Chile y 72,4% de las 1.198 entradas ilegales que hubo en ese período, corresponden a ciudadanos de nacionalidad venezolana.

En total de enero a agosto de 2020, se tiene registro de 5.147 ingresos de personas por pasos no habilitados -en el mismo lapso de 2019 solo hubo 551-. La mayoría de quienes recurren a los accesos irregulares que existen por la frontera norte, sea por Chacalluta en Arica o por Colchane en Tarapacá, son venezolanos (2.969), seguidos de haitianos (690), colombianos (425), cubanos (274), peruanos (196) y dominicanos (164). 

En su intervención en la Comisión de Gobierno Interior, el abogado del INDH, Alexis Aguirre, explicó que el organismo interviene en los procesos de expulsión cuando consideran que se ven  afectados los principios de reunificación familiar, el interés superior del niño, o cuando se trata de víctimas de tráfico ilícito de migrantes. 

“En todos esos recursos de amparo la Corte Suprema ha declarado que esas expulsiones han resultado ilegales y ha acogido estos recursos de amparo porque la norma que habilita para expulsar en caso de ingreso clandestino exige una condena penal por ese delito. Aquellas expulsiones que nosotros hemos atacado a través de acciones constitucionales no han tenido una condena penal privando a la persona imputada de este ingreso clandestino de ejercer su defensa en el ámbito penal. Esa ha sido la razón por la que la Corte Suprema ha declarado la ilegalidad del acto de los señores intendentes y dejado sin efecto las acciones de expulsión”, señaló Aguirre.

No obstante, en esa misma sesión el subsecretario del Interior Juan Francisco Galli, había especificado que “desde hace mucho tiempo” no se persigue penalmente a quienes incurren en este delito, sino que más bien como “regla general” se lleva adelante un proceso administrativo de expulsión. Por ejemplo en abril de 2019  la Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazó el recurso de amparo presentado por el INDH que buscaba dejar sin efecto la deportación de 6 extranjeros, que tenían antecedentes penales, ya sea en su país de origen o en Chile, por tráfico de drogas, porte ilegal de armas, hurto e, incluso, homicidio.

“Respecto a la verificación de antecedentes penales el INDH ha interpuesto acciones a favor de personas que han sido condenadas en sus países de origen, que han cumplido la pena penal, que muestran resocialización en Chile, que tienen hijos en Chile y familia defendiendo básicamente el principio de la resocialización de la persona por cumplimiento y extinción de las penas penales, la convención de derechos del niño y el principio de reunificación familiar”, subrayó el abogado de la institución.

El detalle de la Contraloría

Cuando ocurrieron los hechos investigados por Contraloría, la dirección del INDH estaba en manos de Consuelo Contreras. Además, en ese tiempo más de mil venezolanos quedaron varados en los pasos fronterizos del norte luego de que a partir del 22 de junio de 2019 el Gobierno de Chile informó que los venezolanos que deseen ingresar deben tener una visa consular de turismo, medida que empezó a regir con efecto inmediato. Eso hizo que Contreras se desplazara hasta Arica para atender personalmente la situación.

Sobre los dos casos analizados por el organismo contralor ya existían sentencias de las cortes de apelaciones de Arica (del 28 de junio de 2019) y de Iquique (del 5 de julio de 2019) en rechazo a las solicitudes de amparo hechas por el INDH en contra de la Policía de Investigaciones. Desde el INDH afirman que la difusión de estos pronunciamientos le pudieron haber costado la reelección a Contreras, cercana a la izquierda y quien aún permanece como consejera, debido a la estupefacción de entonces de los consejeros.

Su período en la Dirección del instituto venció el 1 de julio de 2019. Contreras trató de tener los votos para continuar, sin embargo no logró hacerlo. Fuentes cercanas al INDH apuntan que en principio habría tenido asegurados los apoyos de los consejeros más vinculados a la derecha, pero las denuncias del accionar de los funcionarios afectaron su candidatura.

Finalmente el cargo lo ganó el actual director Sergio Micco (DC). No sin cuestionamientos del otro aspirante, Yerko Ljubetic (cercano al Frente Amplio), quien afirmó, mediante un comunicado, que la elección de Micco “se produjo tras un acuerdo entre la derecha y la Democracia Cristiana”.

El pronunciamiento de la Contraloría relata que la funcionaria del INDH Ximena Ostria Gallardo, el 5 de julio de 2019, en compañía de una profesional del Servicio Jesuita de Migrantes, salió del país a las 20:34 horas, a bordo del automóvil particular de Ostria. Regresaron una hora después, pero en el vehículo ya no iban solas sino que las acompañaba el venezolano Josue Niño Delgado, que en su país era militar y ya había intentado ingresar a Chile en dos ocasiones en junio de 2019, como turista. Paso que le fue negado por las autoridades migratorias. A ellos se les sumó un vehículo institucional del INDH con la patente HRHZ-98, en el cual iban otros tres funcionarios del instituto y un notario público de Arica.

De acuerdo con el organismo contralor, consta que el vehículo oficial ingresó por el Complejo Fronterizo Chacalluta desde el lado peruano por la carretera que los comunica con el Complejo Fronterizo Santa Rosa de Perú, en ese tramo habrían permanecido estacionados sin necesidad de realizar trámites de control fronterizo. Agregan que los tripulantes de ambos vehículos acompañaron a Niño Delgado en sus trámites de control migratorio en ambas naciones y en su solicitud de ingreso a Chile, esta vez, como refugiado. La solicitud de asilo de este ciudadano venezolano aún se encuentra en diligencias.

La Contraloría determinó que no se justifica que personal del INDH haya salido del país en tales condiciones, por tanto insta a que la institución incluya a los trabajadores en un proceso disciplinario para determinar las responsabilidades administrativas. Asimismo, establece que estos vehículos solo pueden ser utilizados para cumplir funciones inherentes a los fines institucionales; estando prohibido su uso en cometidos particulares o ajenos al servicio al que pertenecen. En este caso, subrayan, no se acreditó debidamente el motivo o el carácter institucional de ese desplazamiento, y advierten que no consta que el INDH haya dispuesto una autorización de egreso del territorio nacional para el auto.

“Al estacionarse el referido personal con su vehículo institucional en el lado peruano de la carretera… estos se internaron en el territorio del vecino país lugar donde naturalmente el INDH carece de competencias para velar por la promoción y protección de los derechos humanos de las personas que habiten o que se encuentran en el territorio de Chile, por lo que no se advierte el fundamento legal para haber efectuado dicho desplazamiento”, dice el pronunciamiento. En consecuencia, la Contraloría dispuso la realización de una investigación sumaria para determinar las responsabilidades administrativas. 

Estos hechos se agravan también porque existe una denuncia de que el conductor del vehículo del INDH habría hecho caso omiso a una señal de alto hecha por Carabineros, al respecto se multó al INDH con el pago de 1,5 unidades tributarias. La institución apeló la decisión y se dejó sin efecto la denuncia de Carabineros y la multa. Esta es una de las razones por las que dentro del organismo se estaría acusando la existencia de un montaje, ya que a su juicio no coinciden las horas entre las que el vehículo estuvo circulando con el tiempo en que se impuso la multa.

El segundo caso al que alude la investigación de la Contraloría ocurrió en el Paso Fronterizo de Colchane, en la Región de Tarapacá. Los hechos se remontan al 21 de junio de 2019 cuando a un grupo de 200 venezolanos, entre los que había niños y mujeres embarazadas, se les negó la entrada al país pues para eso debían contar con una visa consular. Sin embargo, 20 de esas personas regresaron al complejo fronterizo acompañados por funcionarios del INDH, solicitando entrar a Chile como refugiados. Petición que fue negada. Estas personas permanecían en la ciudad boliviana de Pisiga en condiciones de precariedad.

“Si bien las acciones desplegadas por el personal del INDH tuvieron por objeto la protección y la promoción de los derechos humanos estas se desarrollaron en una localidad extranjera, en donde ese organismo y por ende sus funcionarios, carecen de competencia”, plantea Contraloría. En ese sentido confirman la instrucción de un proceso disciplinario que estaría ya llevando a cabo el instituto. 

La discusión de los consejeros

Las sentencias de las cortes de apelaciones de Arica y de Iquique causaron la estupefacción de los consejeros. Por un lado hay quienes apuntan que la directora Contreras no estaba al tanto de lo ocurrido pues los funcionarios de las oficinas regionales actuaron con “autonomía” al no entender que el INDH es una institución del Estado, y por el otro hay quienes sostienen que Contreras autorizó las diligencias en el caso en que fueron a buscar al militar venezolano a Perú, pues no es posible que un auto del INDH haya salido del país sin que lo conociera la Dirección Nacional. Afirman que dentro del organismo hay jerarquías y que las oficinas regionales “no se mandan solas”.

Con respecto a los sumarios señalados por Contraloría, al darse a conocer los hechos en julio de 2019, la ex directora habría ordenado una investigación al interior de la institución. No obstante, más de un año después aún no hay resultados de ese procedimiento y los funcionarios señalados siguen siendo parte de la organización.

El tema fue abordado por el Consejo del INDH, en la sesión extraordinaria N° 492, del 22 de julio de 2019. Allí la ex directora del INDH sostiene que la investigación se abrió porque en la sentencia de la Corte de Apelaciones de Iquique se dice que el organismo hizo un uso de sus facultades “tendiente a encuadrar las circunstancias, como si fueran constitutivas a una petición de asilo”.

En esa misma sesión Contreras reconoce que en el INDH “no hay fiscalía, no hay quien haga sumarios, no hay un equipo que vea la legalidad de los convenios y actos administrativos”. 

En otra intervención dice que los funcionarios del INDH “jamás han actuado al margen de la ley… Puede haber imprudencia o faltas administrativas, pero no hay actuaciones al margen de la ley”.

En la instancia, el consejero Branislav Marelic se pregunta “¿por qué se está investigando una situación que en primer lugar fue autorizada por la Dirección? Porque los funcionarios no salen del país sin autorización de Dirección, o sea que considera que existe la ejecución de una orden que se dio a priori, por lo tanto le genera una duda de la responsabilidad”. Incluso considera que se está “cortando el hilo por lo más delgado”.

Durante el debate también se dejaba entrever lo que se considera como la “autonomía” de las oficinas regionales. Los consejeros Sebastián Donoso y Cristian Pertuzé se refieren al accionar de los funcionarios como uno similar al que tendrían los profesionales de una ONG.

“Lo sucedido en Arica está evidenciando una práctica interna de los funcionarios de la institución, que más parece la forma en que se conducen activistas de una ONG, que la de una institución que forma parte de la administración del Estado”, afirmó Donoso.

A lo que Pertuzé complementa: “El actuar se puede asimilar a una ONG, parecida al Servicio Jesuita a Migrantes o instituciones similares. Más allá de las sensibilidades políticas, muchas personas no entienden que es un órgano del Estado”.

Finalmente Donoso plantea una interrogante -que aún se mantiene- y es por qué los funcionarios del INDH se tomaron todas estas atribuciones para ir a buscar a una sola persona. “Es claro que hubo coordinación entre el vehículo privado y el institucional, de modo que lo que se hizo no fue solo un gesto humanitario de una persona actuando a título personal, sino que se pone de acuerdo con funcionarios del instituto, con un notario y se juntan los dos vehículos, el privado y el institucional, lo que es grave”.

Continúa diciendo que su preocupación principal es que “se están poniendo a disposición de una sola persona, el militar venezolano, una serie de recursos, incluyendo un vehículo institucional”. Más de un año después esta pregunta no tiene respuesta, porque el sumario aún no entrega resultados.

Publicado por El Líbero