Extradición denegada

Editorial El Mercurio sábado, 26 de enero de 2019

La justicia francesa ha decidido denegar la extradición de Ricardo Palma Salamanca, condenado por el crimen del senador Jaime Guzmán y por otros hechos violentos cometidos tras el retorno a la democracia. En 1996, Palma Salamanca, junto a otros condenados, se fugó de la cárcel donde estaba recluido y vivió durante años en México hasta que en 2017, luego de la detención de otro exintegrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez involucrado en delitos de secuestro, huyó a Francia, donde fue detenido. La corte francesa hizo completamente suyos los argumentos de la defensa de Palma y señaló que el tribunal que dictó la condena solo habría tenido en cuenta «confesiones obtenidas bajo tortura y contraviniendo el artículo 15 de la Convención de Nueva York de 1984», de modo que «las condiciones del arresto, detención y condena de Ricardo Palma Salamanca son prueba de que el régimen chileno de los gobiernos civiles se inscribe dentro de una perfecta continuidad con el régimen dictatorial». Además, sostuvo que la Oficina francesa de Protección a los Refugiados y Apátridas ya le había concedido la calidad de refugiado, por lo que «las condiciones legales para la extradición no se reúnen».

Pero la sentencia no solo emite un juicio político sobre la transición, sino que además manifiesta su desaliento respecto de la justicia penal chilena en el presente. Los jueces Chapelle, Cazenave-Lacroutz y Albert fundaron su decisión también considerando «los riesgos que todavía hoy enfrentaría Palma Salamanca si regresara a Chile». Es decir, la justicia chilena no sería capaz de procesar adecuadamente las alegaciones que la corte francesa sí estuvo en condiciones de escuchar y ponderar. Ante esto, adquieren ribetes casi irónicos las afirmaciones del vocero de la Corte Suprema, quien señaló que en este proceso «la justicia chilena queda en buen pie, en el sentido de que se hizo todo lo necesario para solicitar la extradición».

El desenlace de este episodio manifiesta una vez más cuán diferente es el tratamiento que recibe la violencia dependiendo del signo político de quienes la ejercen. Pese a la evolución que ha presenciado el siglo XXI en la desvaloración de las ideologías totalitarias, sigue siendo un hecho que el terrorismo de izquierda cuenta con poderosas redes de protección, tal como quedó de manifiesto en la campaña internacional que se desplegó en apoyo de Palma Salamanca y a la que también contribuyeron parlamentarios chilenos.

Esta constatación, sin embargo, no debería impedir una reflexión sobre las responsabilidades por este desenlace. En lo inmediato, cabe preguntarse si tiene razón la corte al señalar que la solicitud de extradición únicamente se basó en la confesión de Palma Salamanca o si, en previsión de este argumento, el Estado de Chile también aportó otros antecedentes del proceso que demostraran su culpabilidad. A la luz del contexto, haberlo hecho era una medida mínima de diligencia. Por otra parte, si las alegaciones de la defensa en cuanto a que el exfrentista habría sido víctima de torturas tuvieran algún grado de plausibilidad, es obligación del Estado revisar y esclarecer esta situación.

En cualquier caso, la conclusión de este episodio linda en el absurdo, con un condenado que aparece compadecido como supuesta víctima de un proceso injusto y a la vez vitoreado como héroe entre quienes comparten su ideología, precisamente por las acciones que motivaron esa condena cuya validez hoy se quiere cuestionar.

El episodio muestra cuán diferente es el tratamiento que recibe la violencia dependiendo del signo político de quienes la ejercen.

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