Falsos Exonerados Políticos

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La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a la falsa exonerada política Silvia Palominos Peña a cumplir pena de año y medio de presidio remitido, además de devolver al fisco el dinero que recibió por concepto de pensiones y pago de las costas del proceso judicial.

Lo anterior, en el ámbito de una investigación judicial que sustancia la Ministra en Visita Mireya López, por irregularidades en el Programa de Exonerados Políticos durante el Gobierno Militar. En esta investigación, la magistrado  ha procesado ya a ocho falsos exonerados políticos y hasta Junio último había dictado tres sentencias condenatorias en una indagatoria que alcanza a 6.452 personas, tras año y medio de investigación del caso, en que La Contraloría General de la República estimó en “al menos 3.000” los casos de pensiones indebidamente pagadas a personas que presentaron antecedentes para ser calificadas como exonerados políticos durante el régimen militar quienes estarían recibiendo el beneficio sin tener los requisitos para ello.

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En el caso de Silvia Palominos  la ministra en visita pudo establecer que la inculpada utilizó “relatos acomodaticios, certificados y declaraciones ideológicamente falsas” para recibir una pensión.

En el caso de otra condenada Haydeé Llanos, se pudo comprobar que acreditó su filiación política con un supuesto certificado extendido por el diputado radical Carlos Jarpa.  Asimismo había hecho creer que trabajó desde junio de 1971 en IANSA –época en que tenía 13 años- y que tras el 11 de septiembre de 1973 dejó su trabajo.

Para el senador Víctor Pérez Varela (UDI), “en primer lugar esto no hace sino confirmar que en efecto hubo irregularidades en la entrega de estos beneficios y nosotros no tenemos ninguna duda de que esto obedece a una estrategia electoral, porque me tocó ver -por ejemplo- en Tucapel, gimnasios llenos de gente que iban a estas charlas para obtener subsidios como exonerados y que claramente no cumplían con los requisitos”.

Finalmente, el senador Pérez estimó que “las sanciones deben extenderse a quienes certificaron a estas personas, porque a lo menos tuvieron un actuar negligente o poco riguroso”.

Fuentes Diario El Mercurio de Santiago 9 DIC 2015,  La Nación, La Discusión de Chillán

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