Editorial El Mercurio, jueves, 17 de diciembre de 2015

Fraudes al patrimonio fiscal, mediante la emisión de facturas ideológicamente falsas, que involucran a un grupo de militares y proveedores del Ejército, han derivado en una investigación parlamentaria, sumarios administrativos, auditorías, procesos judiciales y querellas del Consejo de Defensa del Estado.

A lo menos seis proveedores se encuentran bajo investigación. Cinco uniformados -un oficial pasado a retiro y cuatro suboficiales del Ejército- están procesados y detenidos, algunos desde el año pasado. Los fraudes provienen de servicios no prestados de mantenimiento, solventados con la ley reservada para el financiamiento de las Fuerzas Armadas. La investigación sumaria cubre varios años y podría extenderse otros tantos para atrásy se estima que los montos son significativos, aunque su cuantía aún no ha sido precisada.

Los procesos e investigaciones en curso apuntan a determinar las infracciones legales y administrativas, y el perjuicio fiscal; a procurar las medidas reparatorias y de recuperación de las pérdidas causadas y, especialmente, a perseguir las responsabilidades civiles, penales y administrativas, cualquiera sea el número de los autores o cómplices, y el rango castrense -hasta ahora menor- de los involucrados.

Las irregularidades fueron denunciadas a la justicia por el Ejército apenas detectadas. La institución ha contratado una auditoría externa y se ha comprometido a colaborar y aportar todos los antecedentes para las investigaciones y procesos en curso.

Hechos como los denunciados no deberían repetirse y para ello es preciso adoptar las medidas de control y preventivas efectivas y decretar sanciones ejemplares a los transgresores, lo sean por acción u omisión.

Al Ejército le corresponde también la completa revisión y modernización de las normativas sobre la fiscalización de los proveedores, de los controles sobre las contrataciones y pagos de servicios, materiales e instalaciones, y sobre la vigilancia del funcionamiento eficiente de su contraloría y auditorías. Estas obligaciones y la verificación de su aplicación son tareas permanentes e incluyen la adecuada calificación de los proveedores registrados que asiste al Ministerio de Defensa.

La profusión de pagos de facturas fraudulentas en un período extenso es demostrativa de una débil fiscalización que ha favorecido realizar los desfalcos y dificultar su detección preventiva y consumada.

Provengan los fondos gestionados de leyes reservadas o del presupuesto corriente, es deber del Ejército y de las Fuerzas Armadas velar con celo por su correcto uso y por la probidad de sus proveedores y administradores, sean civiles o uniformados: se trata de financiamientos públicos destinados a la seguridad nacional y está comprometida su responsabilidad y la integridad y reputación profesional e institucional.