El lunes 23 del presente mes El Mercurio publicó una carta del Ministro de Justicia que despertó de inmediato mi interés ya que era una respuesta a una editorial del “vocero” donde, en lenguaje “mercurial” se deslizaban críticas bajo el título “Letargo del sistema legal”.
Como no acostumbro hablar por boca de ganso no entraré a referirme a lo que el Ministro llama “importantes consideraciones acerca de la ralentización (¿no existirá un término más castizo?) en que se encuentran las instituciones administrativas y judiciales del país.”
Mi intención es señalar lo omitido por dicha autoridad ya que, aunque casi perdida dentro de una larga carta se menciona a los tribunales de ejecución de penas cuya presentación ahora sí se retomaría, absolutamente nada se dice respecto a la coexistencia de dos sistemas judiciales, como si ello fuera lo más natural del mundo.
El paciente lector ya habrá advertido que vuelvo “por mis fueros”, al insistir en lo que planteara en este medio una semana atrás.
¡Hasta cuándo!
¿Será que, al igual como otras condenables formas de comportarnos, ya es parte de una nueva “normalidad” el que en Chile se apliquen dos sistemas legales distintos para impartir justicia?
Mientras tranquilamente escribo estas líneas, viviendo en un sector no amenazado por el “estallido social” y sus réplicas, puedo imaginar la angustia de quienes habitan en las diversas “zona cero” a lo largo del país al llegar otro viernes, la frustración de Carabineros por tratar de mantener el orden sin recursos, la indignación de quienes son impotentes para detener la destrucción del patrimonioprivado y público, en fin, egoístamente agradezco a Dios y trato de tener fe en que, como nos señala el Ministro, “el Gobierno está haciendo su trabajo con dedicación y compromiso”.
Y como sería curioso que imitara a quien critico, no emularé al Ministro escribiendo largo para decir poco.
Basta de seguir haciendo como si fuera normal una repudiable omisión que ha permitido condenar sin pruebas a tantos de nuestros camaradas y mantenerlos en prisión desconociendo arbitrariamente sus derechos.
Si nuestro Parlamento no fuera lo que es, aquí existiría un caso de notable abandono de deberes para justificar una acusación constitucional.
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