Por Daisy Castillo Triviños, El Muro Jueves 17 de marzo de 2016

El bullado caso CAVAL, a más de un año de hacerse público, no sólo afectó la imagen de la Presidenta Michelle Bachelet, arrastrando su credibilidad por parte de la ciudadanía a niveles extraordinariamente bajos de aceptación de su Gobierno y, de paso también, del Gabinete. Sin embargo, en la historia que, hasta ahora se conoce, hay un nuevo antecedente que, bien, podría significar un nuevo golpe a esta cuestionada administración: la formalización de la nuera de la Mandataria, Natalia Compagnon -esposa de Sebastián Dávalos-, no fue más que una estrategia montada por el propio Gobierno.

Altas fuentes que, incluso, son parte de la administración de Michelle Bachelet confirmaron a EL MURO un dato relevante y, al mismo tiempo, grave: recordemos que la formalización de Natalia Compagnon sólo se hizo efectiva a fines de enero de 2016, tras varios meses de investigación por parte del entonces Fiscal de O’ Higgins, Luis Toledo, pero antes de que se materializara, habría existido una secreta reunión sostenida entre el Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, el titular del Interior, Jorge Burgos y del director y subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos (SII),

Fernando Barraza y Bernardo Lara, respectivamente. ¿Cuál habría sido el objetivo del encuentro que, hasta ahora, se mantenía en completa reserva?

La idea que conversaron los dos ministros que gozan de influencia política dentro del Ejecutivo -pese a las desavenencias con Bachelet-, junto a las autoridades del SII, fue analizar el escenario de Natalia Compagnon, pero no sólo para evaluar sus efectos en términos políticos, sino establecer una estrategia que permitiera dar una señal de transparencia a la ciudadanía, pero no tanta tampoco, porque estamos hablando de la nuera de la Jefa de Estado y, no siempre, se aplica la igualdad ante la ley, como debiera ser, más allá de decirlo en los discursos o en las intervenciones públicas.

¿Qué fue lo que se ideó? Que fuera formalizada, pero por la comisión de delitos tributarios que, advierte una de las fuentes consultadas, “implica una sanción baja, como es la firma mensual y el arraigo nacional. Se le dio a Compagnon una suerte de golpecito tibio, muy suave en el hombro y cuyo efecto práctico no es significativo. Fue una querella y una formalización negociada con La Moneda para dar una imagen de supuesta imparcialidad, pero ella (Compagnon), junto a Mauricio Valero (su socio) debieran estar en prisión preventiva”.

El problema no es sólo la injerencia de Ministros y de funcionarios de alto rango del Servicio de Impuestos Internos (todos en sus cargos, por la confianza depositada en ellos por parte de la Presidenta Michelle Bachelet) en un tema que lleva adelante el Ministerio Público, órgano que se define como autónomo, sino que los verdaderos ideólogos de esta cocina, cuyo plato de fondo era añadir un ingrediente que evitara que la Mandataria siguiera en picada cayendo en las encuestas,   habrían sido el Subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy y el diputado del Partido Socialista (PS), Osvaldo Andrade, el mismo que asumirá en las próximas semanas como presidente de la Cámara Baja. Ambos, hay que mencionar, son amigos del Subdirector Jurídico del Servicio de Impuestos Internos, Bernardo Lara, a quienes los uniría una activa militancia de izquierda en su juventud.

Los delitos que no se imputaron a Compagnon

Fuentes expertas en Derecho Tributario y que conocen de cerca los pormenores del llamado caso CAVAL, explican a este diario electrónico que Natalia Compagnon cometió los delitos establecidos en el Artículo 97, N° 4 inciso primero, segundo y tercero del Código Tributario. Sin embargo, sólo se aplicó el delito que fija el articulado en su inciso primero y que se refiere a la incorporación de declaraciones de impuestos maliciosamente falsas, por el ingreso de boletas fraudulentas a la contabilidad de la empresa CAVAL por servicios no prestados a la firma Lo Beltrán. En la práctica, la esposa de Sebastián Dávalos aprovechó los créditos fiscales, rebajando los gastos y, además, obtuvo devoluciones de impuestos.

El Artículo 97, N° 4 inciso primero, se refiere expresamente a “las declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda o la omisión maliciosa en los libros de contabilidad de los asientos relativos a las mercaderías adquiridas, enajenadas o permutadas o a las demás operaciones gravadas, la adulteración de balances o inventarios o la presentación de éstos dolosamente falseados, el uso de boletas, notas de débito, notas de crédito, o facturas ya utilizadas en operaciones anteriores, o el empleo de otros procedimientos dolosos encaminados a ocultar o desfigurar el verdadero monto de las operaciones realizadas o a burlar el impuesto”.

El punto concreto, advierten las fuentes, “es que no hubo objetividad de parte del Servicio de Impuestos Internos, porque Natalia Compagnon no está querellada por todos los delitos que correspondían”. Al respecto, cabe mencionar que a la nuera de la Presidenta Bachelet no se le acusó de la comisión del delito estipulado en el Artículo 97, N° 4 inciso segundo y que se refiere a “los contribuyentes afectos al Impuesto a las Ventas y Servicios u otros impuestos sujetos a retención recargo, que realicen maliciosamente cualquier maniobra tendiente a aumentar el verdadero monto de los créditos o imputaciones que tengan derecho a hacer valer, en relación con las cantidades que deban pagar”.

Cabe señalar que el Artículo 97 N° 4 inciso segundo del Código Tributario, establece una pena privativa de libertad y una pena pecuniaria. La primera fija presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, es decir, una pena desde los 3 años y un día a 10 años, y la pena pecuniaria es una multa del 100% al 300% de lo defraudado.

Otro delito que, de acuerdo a las fuentes consultadas, se debió imputar a Natalia Compagnon es el descrito en el Artículo 97, N° 4 inciso tercero y que, textualmente, señala: “El que, simulando una operación tributaria o mediante cualquier otra maniobra fraudulenta, obtuviere devoluciones de impuesto que no le correspondan”. En este caso, hay dos penas: una privativa de libertad, presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado medio, es decir, una pena desde los 3 años y un día a 15 años, y una pena pecuniaria que consiste en una multa del 100% al 400% de lo defraudado.

El premio al fiscal Toledo

Hay que recordar que, en una primera etapa, el fiscal Luis Toledo dejó al margen de toda formalización a Natalia Compagnon, mientras que sí lo hizo respecto de Mauricio Valero, Hernán Chadwick, Juan Díaz, Jorge Silva; Marisol Navarrete; Cynthia Ross; Pablo Ovalle; Daniel Huerta;Andrés Orchard y la Sociedad Exportadora y de Gestión CAVAL Limitada. Fue, después de esa decisión, que comenzaron las gestiones dentro del Gobierno, en el SII y de parte del diputado,Osvaldo Andrade para dar una señal que frenara los cuestionamientos de la ciudadanía y que se preguntaba, ¿por qué formalizan al socio de la nuera de Bachelet, pero la cónyuge de Sebastián Dávalos queda, como dice el refrán, prácticamente libre de polvo y paja?

Fuentes del Ministerio Público aseguran a EL MURO que por parte de esta institución nunca estuvo el ánimo de formalizar a Natalia Compagnon. Esto, porque estaban conscientes que se abriría un flanco que apuntaría directo a la Jefa de Estado, por lo que, advierten, rogaban que el Servicio de Impuestos Internos no se querellara. Sin embargo, el escenario cada vez se obscureció más para la Presidenta y su equipo de Gobierno, por lo que se hizo necesario no mantener a Natalia Compagnon, comentan, en la burbuja protegida en que la mantenían.

En medio de las críticas, la forma de acallarlas fue mediante la formalización de la cónyuge de Sebastián Dávalos por el menor de sus delitos y que podía quedar en nada durante la investigación. A cambio de este “favor” para el Gobierno, el Fiscal Nacional,  Jorge Abbott se habría comprometido, asegura otra fuente, a “premiar” por ese acto heroico al fiscal, Luis Toledo, el mismo que, recordemos, dejó la investigación del Caso CAVAL para asumir ahora como jefe de la Unidad contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Peligrosas, siendo reemplazado en el cargo por el fiscal,Sergio Moya. 

Ésta es parte de la trama que encierra este caso en que la danza de millones y negocios irregulares eran sus principales características. Ahora, es de esperar, que quienes idearon y organizaron la estrategia para defender a la Presidenta Bachelet y conseguir que a su nuera se le imputara un delito menor, responden por su actuación, especialmente, cuando de manera frecuente se les escucha hablar de probidad y de la necesidad de que la clase política dé señales de transparencia.

No hay que olvidar, en toda esta historia que el Servicio de Impuestos Internos también, durante largo tiempo, dilató la presentación de una querella contra Natalia Compagnon y así lo evidenció este diario electrónico en un artículo publicado el 15 de diciembre de 2015-, en el que se advirtió que generaba desconfianza dentro del SII, la incorporación de Claudio Benavides como asesor externo del Subdirector Jurídico, Bernardo Lara. Benavides fue Jefe del Departamento de Delitos Tributarios del SII y, después, se trasladó al Consejo de Defensa del Estado como Jefe del Departamento de Control de Tráfico Ilícito de Estupefacientes –entre 2008 y 2010-, entidad en la que sigue prestando funciones, pero ahora en calidad de abogado asesor, a lo que añade su asesoría externa  en el Servicio de Impuestos Internos.

En la misma nota, las fuentes consultadas se preguntaron: “¿Claudio Benavides qué rol podría cumplir?, ¿bajar las expectativas del Caso Caval?” Y se respondieron: “Él fue Jefe del Departamento de Delitos Tributarios y conoce los procedimientos, podría tratar de tapar este caso, porque no hay que olvidar que está involucrado el hijo y la nuera de la Mandataria, de manera que las sospechas se acrecientan?”.