Por Roberto Hernández Maturana

Nos enteramos en las noticias recientes que Marcela Irene Rodríguez Valdivieso, la “”mujer metralleta”, terrorista perteneciente al Frente Lautaro, responsable a finales de los 80 y principios de los 90 de la muerte a mansalva de más de 15 Carabineros  no pertenecientes a organismos de seguridad, recibe pensión de gracia otorgada el año pasado por el gobierno de Michelle Bachelet.

Ella resultó parapléjica el 14 de noviembre de 1990, al recibir un disparo en la columna en el asalto al hospital Sótero del Río, para rescatar al líder del Frente Lautaro Marco Antonioletti, hecho en el que fueron asesinados un Carabinero y cuatro Gendarmes.

Marcela Rodríguez fue condenada por la justicia militar a 20 años de presidio, pena que fue conmutada en 2002 por 10 años de extrañamiento en Italia y el Subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla ha criticado el otorgamiento de este beneficio a la “mujer metralleta”.

Las pensiones de gracia datan del año 1836, cuando fueron creadas para sostener a “viudas, hijos, nietas y hermanas de autoridades públicas civiles y militares fallecidos”. Pronto pasaron a ser administradas por partidos políticos para entregar a sus militantes. Recién en 1970 se establece mediante una reforma a la Constitución que su entrega es una atribución exclusiva del Presidente de la República, y a partir de 1981 se crea un comité asesor para este efecto.

Para la entrega de pensiones de gracia el Estado Chileno cuenta dispone de un presupuesto anual de $ 50.312 millones. Para acceder a ella se debe cumplir una de las tres causales que fija el Artículo 2° de la Ley 18.056, que beneficia a quienes prestaron servicios destacados al país, a personas afectadas por accidentes o catástrofes en circunstancias extraordinarias, y a personas incapacitadas o con graves e insalvables dificultades para ejercer labores remuneradas.

Lejos de objetar la pensión concedida, creo que Michelle Bachelet podría haber marcado el inicio de lo que podría considerarse el largo camino hacia una autentica reconciliación nacional, y le deja tarea al actual gobierno de Sebastián Piñera, cuyo comando electoral se comprometió con el mundo militar en retiro durante su campaña, para buscar caminos de reconciliación  y justicia “justa” para los casi 1.500 ex uniformados procesados y/o encarcelados bajo un sistema procesal penal derogado hace años en nuestro país, pero que continúa aplicándose a los ex militares que son condenados con pruebas febles y testimonios vagos e imprecisos, sin garantías procesales.

Se requieren gestos de grandeza de todos los sectores de la sociedad para alcanzar la paz socia. Ejemplo de ello nos dieron nuestros abuelos, que 4 años después de la sangrienta revolución de 1891, decretaron una amnistía que permitió al país encaminarse hacia la paz interna. Si ello parece demasiado, un buen comienzo sería que a los ex uniformados se les aplique la justicia imperante en Chile para todos los chilenos… excepto para los uniformados en retiro