Por Gabriel Fuentes C., abogado

La generación de oficiales que egresó de la Escuela Militar a mediados de los años 60s e inicio de los 70s, son quienes están pagando “los platos rotos”, por hechos y circunstancias que nunca se imaginaron vivir.

Eligieron entre muchas otras, la profesión militar, a sabiendas de ganar poco y tener una vida de entrega a la patria hasta “rendir la vida si fuese necesario”.

Ingresaron a la Escuela Militar, siendo unos niños, de 14, 15 o 16 años, siendo
adoctrinados en un internado con disciplina “prusiana”, en dónde las órdenes no eran
para discutirlas, sino para cumplirlas, todo en un ambiente donde sus superiores
procedían con una ética y profesionalidad a toda prueba. Estos jóvenes en el año 1973,
tenían entre 20 y 23 años, y actualmente sobrepasan los 70.

Como la mayoría sabe, después de cinco años de estudios y entrenamiento en la Escuela Militar, esto es cuarto, quinto y sexto humanidades (segundo, tercero y cuarto medio de hoy) más dos años militares, egresaban como oficiales de Ejército con el grado de subteniente, siendo en la mayoría de los casos, su primera destinación las escuelas de armas para realizar cursos de formación, de modo que, después de casi un año docente, ser transferidos a los regimientos de tropa.

Su vocación, capacitación e instrucción orientada a prepararse para la guerra, para
mantener la paz frente a un enemigo externo, no obstante, se encontraron frente a un
conflicto de guerra interior, en donde debieron combatir el terrorismo en todas sus expresiones, debiendo mantener la seguridad de la población y resguardar los servicios de utilidad pública del país.

Es así que, producido el pronunciamiento militar del 73, dado que el gobierno de la Unidad Popular (UP) quedó sobrepasado por los acontecimientos, debieron sobre la marcha readecuar sus conocimientos e instrucción militar para enfrentarse a un enemigo armado no convencional, que atacaba en el lugar y hora menos esperado, causando graves daños de todo tipo al país.

Su referencia, en general mandos idóneos, que predicaban y actuaban con el ejemplo
personal, demostrando expertise en las ciencias militares, siendo inimaginable su
comportamiento inmoral o delictual, por lo que no cabía en un militar subalterno vacilar o discutir una orden de un mando superior.

Suma a lo señalado que, en los inicios del gobierno militar, los ex presidentes de la república Gabriel González Videla, Jorge Alessandri Rodríguez y Eduardo Frei Montalva, apoyaron decididamente la intervención militar dado el caos político, económico y social que vivía el país, toda vez que pensaban que era la única salida que se disponía para no caer en las garras del marxismo totalitario, e impedir transformar a Chile en una segunda Cuba, después de una cruenta guerra civil. Así también, días y meses antes de producirse la caída del Presidente Allende, y por ende del gobierno de la UP, la Cámara de Diputados, la Corte Suprema, la Contraloría General de la República, el Colegio de Abogados, entre otras instituciones, representaron públicamente que se había caído en la más absoluta inconstitucionalidad.

Muchos países, como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, España, Suiza, Israel, Argentina, etc., a pocos días de la intervención militar, reconocieron a la Junta de Gobierno como tal; del mismo modo, la Comisión de Derechos Humanos de la OEA reconoció a la Junta Militar como “Mando Supremo de la Nación”, aprobando con su venia los primeros decretos emitidos por ella. Frente a estos antecedentes, refrendados por la Comisión Interamericana de DD.HH. de la OEA, era impensable para un militar y menos un subalterno, oponerse a las normas y medidas resueltas por la Junta de Gobierno que asumió el mando de la nación, eran las autoridades que regían en esos momentos los destinos de la patria, en donde sus FF.AA. y Policías actuaron como un todo orgánico.

Respecto a la participación de oficiales subalternos y suboficiales en el combate contra el terrorismo, el propio ex ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Guzmán (Q.E.P.D.), quien se decía que poseía una versada experiencia en investigar delitos de DD.HH., en una entrevista publicada en la revista “Le Monde Diplomatique”, que los oficiales subalternos, suboficiales y conscriptos les era aplicable la circunstancia eximente de responsabilidad criminal del que obra “violentado por una fuerza irresistible o impulsado por un miedo insuperable”, contemplado en el artículo 10 Nº9 del Código Penal. Otro tanto dicen los artículos 334 y 335 del Código de Justicia Militar respecto a los delitos de insubordinación, específicamente “De la obediencia”, en donde se establece que todo militar está obligado a obedecer, incluso si el subalterno le representara a su superior la inconveniencia de dicha orden, ya que, si insistiere éste en su orden, deberá cumplirse en los términos dados.

En consecuencia, los militares subalternos que participaron en el cumplimiento de su deber en los años 73 e inmediatamente posteriores, no tienen responsabilidad penal ni moral, fueron víctimas de las circunstancias, convencidos de contribuir en lograr la paz y bienestar para su patria. Lamentablemente los verdaderos responsables –los políticos de la época- se han lavado las manos y mantienen a cientos de militares presos y procesados, la mayoría de ellos cumpliendo altas condenas, transformándose las cárceles en verdaderos campos de exterminio, toda vez que un alto porcentaje sobrepasa los 80 años de edad y poseen enfermedades terminales, como cáncer, otros afectados por alzheimer y parkinson, no obstante no se les ha permitido finalizar sus últimos días de vida en sus domicilios, acompañados de sus familias, como sucede en toda sociedad civilizada. Al cumplirse 50 años de estos hechos, creo que llegó el momento de terminar con las persecuciones y odiosidades, y en un gran acuerdo nacional nos perdonemos unos a otros y restablezcamos la convivencia nacional tan necesaria para el desarrollo del país.