Por Roberto Hernández Maturana

Se acaba el año 2018 y ciertamente podemos decir que no ha sido un buen año para los ex uniformados presos y perseguidos políticos.

Desilusionados una vez más de la falta de cumplimiento por parte del gobierno  de su propio programa, y de los compromisos contraídos durante la campaña presidencial, el mundo militar en retiro ve con preocupación y tristeza como la persecución político – judicial de sus pares continúa corregida y aumentada.

Sólo este año ocho de ellos murieron en prisión esperando un indulto presidencial que nunca llegó, solicitado por razones humanitarias derivado de la condición de edad o salud de los solicitantes.

La persecución a los ex militares y policías continúa, y continúa desgraciadamente ante la creciente indiferencia de una sociedad permeada por una campaña implacable a nivel nacional e internacional y que nació prácticamente desde los inicios del gobierno militar, para contar la historia a su plena conveniencia, logrando el olvido de la mayoría y la indiferencia ante la injusticia en la forma y en el fondo, en cómo se procesa a los acusados por delitos contra los derechos humanos durante el régimen militar, logrando así algo más dramático que el odio, cual es la indiferencia. El odio sí, lo mantienen vivo ciertos sectores de izquierda… y como no, si ya les ha redituado varios millones de dólares en indemnizaciones pagadas por el Estado por cada causa fallada a su favor.

Así el año se va, con una decisión del tribunal Constitucional ante la aprobación el pasado 20 de noviembre por la Cámara de Diputados, de la ley que aumenta las exigencias para que condenados por crímenes contra los derechos humanos referido a las libertades condicionales a quienes están en prisión, que dispone las exigencias para que los condenados por hechos relacionados con DD.HH. obtuvieran el beneficio cumpliendo dos tercios de la pena (los reos comunes el cincuenta por ciento) y, y haber colaborado con la investigación, aunque el TC determinó que no exigirá la expresión arrepentimiento público a reos acusados por estos delitos.

De esta forma, no importando una conducta intachable previa o durante el cumplimiento de la pena o que algún preso presente edad muy avanzada, o se encuentre aquejado por enfermedades graves, terminales o invalidantes, deberá conforme lo dispone la ley, morir con casi toda certeza en la cárcel. Por lo anterior, el abogado Adolfo Paúl Latorre ha dicho que “es válido preguntarnos si la justicia se identifica con castigo y si ese castigo ha de ser el encierro o un dolor equivalente al padecido por la víctima; lo que es más parecido a venganza que a justicia.”

Otra mala noticia, no ya sólo para los ex uniformados presos y perseguidos políticos es el debate que se ha abierto por un artículo impulsado por la diputada del Partido Comunista Carmen Hertz, aprobado por la comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, y que busca incluir la prohibición del negacionismo dentro del proyecto de ley que tipifica el delito de incitación a la violencia, que ingresó al Congreso en la época de Michelle Bachelet. Este propone sancionar con penas de cárcel que podrían llegar hasta los 10 años -aunque otras podrían ser cumplidas fuera de las rejas-, multas de siete dígitos y sanciones más duras para funcionarios públicos contempla, hasta ahora, el proyecto de ley que busca tipificar la incitación a la violencia, al odio, y el negacionismo. Pero aún falta que llegue a la sala de la Cámara de Diputados. Puntualmente Carmen Hertz propone sancionar a quien justifique, apruebe o niegue las violaciones a los derechos humanos cometidas en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, acreditadas por la Comisión de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig), por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación y la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura (Valech).

El texto, tal como se encuentra en este preciso instante, contiene además otra norma que esta vez sí preocupa al gobierno: una modificación que haría extensiva la responsabilidad de estos delitos a la persona jurídica, lo que, dado el caso, eso podría derivar en el cierre de medios de comunicación, o bien en el de una iglesia si un pastor determinado califica como autor de estos ilícitos.

Lo concreto es que este proyecto plantea poner una mordaza puntualmente a quienes reivindiquen al Gobierno Militar, con ese eterno relativismo de la izquierda que justifica las violaciones a los derechos humanos en las dictaduras de izquierda y reclama histéricamente la acción de gobiernos que no son de izquierda o los critican.

En Chile el Gobierno Militar terminó con un 44% de aprobación. Prácticamente la mitad de los chilenos consideró, en un comienzo, que fue un buen gobierno y quería prolongarlo en el tiempo, y aunque hoy esa cifra podría ser menor, quienes reivindican al Gobierno Militar tienen el legítimo derecho de expresar públicamente sus opiniones, sin que ello le signifique pena de cárcel.

Llama la atención que estudiosos de la materia, como la académica de la U. Católica y doctora en Filosofía, María Alejandra Carrasco, indique que la medida tiene tintes autoritarios. “De alguna manera, son precisamente los regímenes que cometen violaciones a los Derechos Humanos los que instituyen este tipo de leyes que prohíben decir cosas. Uno puede pensar en los artículos que contenía originalmente la Constitución de 1980, que prohibía el comunismo”, explica.

Finalmente, los ciudadanos de a pie quedamos con las siguientes dudas:

¿Realmente el chileno común creerá que cuando la diputada Camila Flores o José Antonio Kast dicen que consideran que el gobierno de Pinochet fue bueno lo están haciendo con ánimo de injuriar?, ¿o se dan cuenta que ellos están defendiendo su propia visión ideológica?

¿Realmente se busca legislar para proteger la dignidad de los grupos victimizados que proclaman estar siendo sistemáticamente vulnerados con el discurso de otros, o se busaca limitar la libertad de expresión del adversario político devenido en enemigo, para que no puedan decir lo que en verdad piensa?

Para que vamos a hablar de La Araucanía y el desgobierno en la zona

En todos estos temas, es el Gobierno quien tendrá la última palabra, pero tristemente muchos chilenos tenemos cada vez menos esperanzas en lo que este haga… se ha caracterizado por el incumplimiento de sus compromisos y el no respeto a su propio programa.