Extractado del Boletín Informativo del Movimiento Nacional Sindicalista MNS Nº 95 – 11 de septiembre 2017

El gobierno, que hasta ahora ha tenido éxito en el logro de sus objetivos
políticos, con excepción (¿sólo temporal?) de la permanencia en el poder, usará sus
últimos seis meses para tratar de amarrar algunos cabos sueltos, consagrando
legalmente algunas de sus iniciativas de largo plazo, aunque algunos dicen que “con el
cambio de gabinete, este gobierno pasó de pato cojo a pato parapléjico”.  
El objetivo de frenar el desarrollo económico se ha logrado, gracias a las
reformas tributaria y sindical y al irresponsable aumento de la deuda pública. Se consolidará con la próxima ley de  presupuesto, que comprometerá aún más la
disponibilidad de fondos de cualquier futuro gobierno. El ex ministro Valdés
aparentemente no quiso ser cómplice en esta jugada.
La destrucción de la familia sigue avanzando. Inmediatamente después de conseguida la  aprobación de la legalización del aborto como derecho (condicionado sólo en el papel), ya se prepara el “matrimonio” homosexual, por supuesto también con beneplácito de algunos piñeristas de la “derecha liberal”.
Un tema no tan publicitado, pero de la mayor gravedad, es la ofensiva por varias vías contra la libertad,específicamente contra la libertad de expresión, sin la cual, las demás no existen. El  Ministerio del Interior, por decreto,quiere que el Estado obligue a mantener información de todas las comunicaciones durante dos años, sin reglamentación del uso de ella, lo que deja el derecho a privacidad suprimido respecto a correos, chats, etc.
El proyecto de ley contra la “incitación a la violencia” no se conoce en detalle, pero disposiciones de este tipo se usan en otras latitudes para impedir la investigación histórica y calificar como delito todo intento de establecer hechos que contradigan la historia oficial o el pensamiento “políticamente correcto”.
Una modificación tácita de la Ley General de Bancos (LGB), en lo que se refiere a la protección de secreto  bancario de depósitos y captaciones, es lo que considera un proyecto de ley misceláneo en temas tributarios que hace poco ingresó el Ministerio de Hacienda a la Cámara de Diputados. Se modifica el artículo 62 de la normativa tributaria,  de modo que no se requerirá autorización judicial para que las instituciones financieras entreguen al SII información sujeta a reserva o secreto bancario. Tampoco será necesario notificar al titular de la cuenta y no se contempla una
instancia de oposición por parte del contribuyente. La discusión podrá ser complicada, pero el riesgo es evidente.
Las tres iniciativas aparentemente no tienen relación entre sí, pero todas ellas apuntan en una misma dirección: restricción de los ámbitos de libertad ciudadana. Si a ello agregamos las disposiciones contra la autonomía universitaria y de proyectos educativos contenidas en las diversas leyes de la reforma educacional, se configura un cuadro de configuración de un aparato represivo de características propias de un régimen totalitario.