La Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro –Asofar- en una declaración emitida en Valparaíso el 8 de julio pasado, se manifestó de acuerdo con el anuncio de la Presidente de la República, Michelle Bachelet, respecto del cierre del Penal de Punta Peuco, precisando eso sí que los argumentos que justifican el cierre son diametralmente distintos, pues el recinto nunca debió ser creado, por cuanto, sus prisioneros están mal juzgados por la Justicia chilena, y lo que corresponde es que sean liberados y enviados a sus respectivas casas.
Así lo indicó el presidente de la Asociación que reúne a los oficiales de la marina en retiro, Patricio Carrasco Pérez, quien explicó que “a los militares y policías no se les debió juzgar ni por el antiguo sistema penal ni por ningún otro porque en el evento de considerar sus acciones como delitos, tanto éstos como las acciones penales están ya prescritas”. 
Dijo que todo lo relacionado a los procesos que afectan a militares por causas de derechos humanos están teñidos de venganza y odio, pues resulta inexplicable que sean los únicos procesados que han sido condenados por hechos ocurridos hace más de 40 años, empleándose ficciones jurídicas vergonzosas para el mundo del Derecho, como lo es la figura del secuestro permanente, o la aplicación de normas con efecto retroactivo, o la mera presunción.
A lo anterior, se suma -prosiguió- que muchos de los actuales prisioneros eran en ese entonces subalternos que cumplían órdenes, lo que significa que ante la Debida Obediencia Militar no se cuestiona ninguna orden, sino se cumple. Existe un sinnúmero de casos en que por el solo hecho de trasladar a alguien de un punto a otro, el juez lo condenó a 10 años de cárcel porque debió saber o debió haber visto o debió haber preguntado. “Eso no es justicia”, afirmó.