Por Hermógenes Pérez de Arce Ibieta

El país ha ido perdiendo la vergüenza, bien lo sabemos. Y dentro del país, la que más la ha perdido es la dictadura judicial de la izquierda. Los testimonios son múltiples. Uno reciente es la sentencia de tres ministras de la Corte de Apelaciones de Santiago, Dobra Lusic, Dora Mondaca, Jenny Brook –que sus nombres queden registrados en los anales de la injusticia– que aumentó a cuatro años de presidio efectivo la pena a los comandantes (r) (FACH) Ramón Cáceres y Edgard Ceballos, ya condenados a una pena menor por el ministro Carroza –que a su turno marcha a la cabeza del entierro del estado de derecho en Chile— (véanse mis blogs sobre el “caso quemados”). Ambos aviadores, hoy ancianos y el segundo postrado tras cinco infartos cerebrales, condenados por supuestas torturas con resultado de muerte infligidas al general (FACH), Alberto Bachelet, en marzo de 1974.

Supuestas porque, como ya es habitual, no hay pruebas reales del delito, pero sí las hay contundentes de que la causa de muerte fue otra.Pues este caso ya había sido investigado y fallado por la justicia, cuando había mejor justicia en Chile, en el Tercer Juzgado del Crimen de Santiago, en 1974, y había terminado en sobreseimiento definitivo. Entonces ¡ahora había cosa juzgada! Pero los jueces chilenos de hoy dicen “¿qué es eso?” y pasan por sobre esa causal de extinción de responsabilidad. Por añadidura, el expediente del proceso de 1974 “desapareció convenientemente”, por supuesto. Qué vergüenza.

Y aunque no hubiera existido cosa juzgada, el caso estaba legalmente prescrito y amnistiado. Otras tantas leyes vigentes que son habitualmente desconocidas por la dictadura judicial de la izquierda.

Y en ese proceso “perdido” de 1974 se sobreseyó porque quedó probado, y todo el mundo supo (dado que fue público y notorio) que el general Bachelet murió en marzo de tal año como consecuencia de un infarto sufrido por él tras un partido de básquetbol jugado en la cárcel de Santiago. Allí le dio primeros auxilios el doctor Yáñez (FACH), preso junto a él y por las mismas razones, quien llamó a una ambulancia, pero ya era demasiado tarde. El general cargaba con varios infartos anteriores.

Bachelet y Yáñez, junto a otros, habían conspirado entre 1971 y 1973 para, en concomitancia con el MIR, copar la base aérea El Bosque, eliminar a los oficiales que se les opusieran y entregar armamento al MIR, en el curso del autogolpe previsto en el Plan Z. Los detalles de la conspiración están en el libro del periodista DC Ricardo Boizard, “Proceso a una Traición”, publicado en 1974. La conjura fue considerada tan grave por el Gobierno Militar que varios de sus protagonistas fueron en primera instancia condenados a muerte por el Juzgado de Aviación, pena que se les conmutó. A uno, que se fue exiliado, le sirvió de antecedente para ser designado Subsecretario de Aviación, bajo el primer gobierno de Michelle Bachelet.

Testigo presencial e indubitable de que el fallecimiento del general Bachelet no derivó de torturas, sino de practicar un deporte contraindicado para su condición cardíaca, fue el ex senador socialista Eric Schnake. Lo publicó en entrevista a “Qué Pasa” del 26.11.06, donde dio su versión como compañero de celda de Bachelet.

¿Cómo ha podido, entonces, condenarse por tortura sin pruebas? Porque las “pruebas” las ha proporcionado el Instituto Médico Legal, presidido por el doctor Patricio Bustos, “militante del partido MIR” –según propia confesión— que viene de los anteriores gobiernos de Concertación  y fue confirmado en el cargo, como funcionario de confianza del Presidente, bajo el V de ellos, el de Sebastián Piñera. Bustos fue un leal colaborador de éste en la tarea de perseguir a los militares y dilatar la identificación de restos de personas muertas y que, por tanto, siguen figurando como “desaparecidas”, constituyendo un importante capital político.

¿Cómo pudieron los actuales peritos del Instituto probar ahora, sin haberlo hecho durante más de 40 años, que los restos de una persona muerta en 1974 presentaban señales de tortura? Es que la “corrección política” todo lo puede. Pero el año pasado, cuando se trató de indicar la causa de muerte de un menor encontrado en Laguna Verde, que había desaparecido durante dos semanas, el Instituto Médico Legal confesó que no podía precisarla. ¡Pero sí lo puede en las cenizas de un fallecido hace más de cuarenta años! Es que sin vergüenza puede lograrse cualquier cosa.

También sin vergüenza, hace un par de semanas la dictadura judicial reconoció el derecho de 659 izquierdistas o sus familias a cobrar tres millones de pesos cada uno por haber estado “detenidos” durante el Gobierno Militar. No hay delito, los hechos están prescritos y, probablemente, en su mayoría amnistiados. Pero el Estado les va a pagar tres millones de pesos a cada uno (dos mil millones en total) por la “detención”. Díganme si la justicia de izquierda no merecería ostentar el mismo lema que “La Polar”: “llegar y llevar”. ¡Y qué buenos honorarios deben percibir los abogados de izquierda que discurren estas demandas colectivas contra el generoso fisco chileno!

A propósito de lo cual no quiero omitir recordar que Michelle Bachelet, bajo su anterior gobierno, cobró los diez millones de pesos que una ley regaló a cada familia de quienquiera hubiere sido muerto por “la dictadura”. Y eso que todavía no había habido sentencia declaratoria de que la muerte de su padre se había debido a la tortura. La noticia del cobro salió en los diarios y nadie, salvo yo, naturalmente, dijo nada…

Para eso sirve el poder. Para poder cobrar sin vergüenza.