La  Presidenta de la República anunció el pasado martes en cadena nacional, que dará inicio a los trámites necesarios para que Chile tenga una nueva Constitución, ya que la vigente de 1980, era según dijo, ilegítima en su origen al ser hecha en un régimen dictatorial y que pese a las reformas que se le han hecho (no olvidemos las últimas realizadas bajo el gobierno de Ricardo Lagos, que declaró que con ellas se legitimaba totalmente nuestra carta magna), la gran mayoría ciudadana deseaba una nueva Constitución.

Por otra parte, un reciente estudio hecho por la Universidad del Desarrollo, a base de una encuesta hecha a  1.000 personas, reveló que el, 73% de ellas no conoce la Constitución. Cabe preguntarse entonces ¿qué quiere cambiar esa “gran mayoría” que no conoce los defectos, virtudes y detalles de la actual Constitución?

Para solucionar esta falencia, la mandataria indica que se llevará a efecto un proceso de ”educación cívica” llevada a cabo en cinco o seis meses, en que con toda seguridad, nos veremos bombardeados por los análisis de la élites políticas e intelectuales que nos “guiarán hacia lo que más conviene al país” y la “educación cívica” no será muy tomada en cuenta, predominando las ideas políticas de los “lideres” que nos gobiernan y/o nos representan (después de todo nosotros mismos los elegimos, muchas veces por simpatía y promesas, más que por ideas), lo más probable entonces, es que no será el pueblo proponiendo las bases de aquello que nos regirá en el futuro, sino que se impondrá lo que nos iluminen aquellos pequeños grupos de intelectuales, quedando para la historia que fueron los chilenos y chilenas (como se dice ahora), quienes decidieron el destino de nuestra patria.

Para el final, un comentario y tres preguntas:

• Es notable que nuestra primera autoridad haya manifestado que la Constitución vigente es insanablemente ilegítima, aún cuando ésta haya regido nuestros destinos por más de 25 años y bajo cuyas normas han sido elegidas sus autoridades todos estos años, incluidas la actual mandataria y el congreso, autoridades hoy debilitadas por sus propios errores y transgresiones al sistema y sus leyes.
• ¿Es necesario cambiar nuestra Constitución, que nos ha guiado un cuarto de siglo, con equilibrio y libertades que han permitido el desarrollo de nuestro país en forma destacada en América Latina?
• ¿No sería mejor corregir aquellos defectos, en que una Constitución tan liberal ha permitido abusos y colusiones de reducidos grupos de poder, en perjuicio de la ciudadanía y dotar al Estado de organismos estatales con real poder de fiscalización sobre entidades públicas y privadas en defensa de los derechos del común de los chilenos?
• ¿O queremos cambiarlo todo, para que nada cambie?