Por Roberto Hernández Maturana

Recientemente 16 ex Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y Directores Generales de Carabineros (Todos en grados subalternos en 1973), se manifestaron públicamente  llamando a las autoridades de hoy y de mañana a reflexionar sobre el grave aislamiento que se está produciendo artificiosamente entre la ciudadanía y el mundo militar, así como también llamaron “a buscar los consensos que aseguren un actuar político y judicial con visión de futuro, con una justicia sin discriminación, con las garantías procesales a que tienen derecho todos los chilenos…”.

Sin embargo, las torpes declaraciones del ministro de Defensa José Antonio Gómez en el sentido que: “si en dictadura 13 o 16 comandantes en jefe hubiesen hecho una declaración de esta naturaleza, les aseguro que estarían presos o desaparecidos”, sólo vienen a reafirmar que la izquierda y la justicia, si creen en su fuero intimo que se actuó entonces bajo el concepto de Obediencia Debida, por órdenes recibidas en situación de excepción constitucional, pero el concepto de venganza por sobre el de justicia, continúa primando tanto en nuestras autoridades como en nuestra judicatura.

Lo confirman declaraciones de personeros judiciales como el ex juez Alejandro Solís, quien declaro en un programa televisivo que se usaban “ficciones jurídicas” para la condena de ex uniformados, o más recientemente, la declaración del ministro Jaime Arancibia Pinto, quien condenó al anciano general retirado  Héctor Orozco Sepúlveda a cumplir prisión en Punta Peuco, al diario El Mercurio de Santiago del 3 de Septiembre, donde al planteársele  que en muchas causas se acusa solo por una presunción, manifiesta… “Más que eso, es porque en muchos casos ellos (los militares) no reconocen participación alguna. Al no reconocer participación alguna, toda la construcción condenatoria se basa en presunciones judiciales. Y por ese motivo, como ellos no reconocen participación alguna, nunca se ha discutido, por lo menos en mis causas, el tema de la obediencia debida.” 

De esta forma, hoy, a 44 años de ocurridos los trágicos acontecimientos que nos llevaron a un quiebre institucional provocado por la crisis política generada por el desgobierno y la intolerancia de lado y lado que llevaba al país a un enfrentamiento de proporciones inimaginables, son los ex integrantes de las FF.AA. los únicos – quiénes ante la indiferencia y aislamiento del resto de la sociedad provocada por 28 años de contar una versión sesgada y unilateral de la historia –  han debido cargar sobre sus hombros todo el peso de una persecución político – judicial que día a día condena a más uniformados, en su gran mayoría subalternos en la época que se vivieron los hechos, habiendo fallecido los responsables políticos y también, porque no decirlo, militares de entonces.

Si a lo anterior se agrega que hoy se encuentran en libertad, todos aquellos que empuñando las armas fueron condenados o cometieron delitos terroristas (algunos ejerciendo hoy importantes cargos de gobierno o parlamentarios), y habiéndose  soslayado toda responsabilidad, de quienes entonces ejercían la autoridad política en el gobierno y en la oposición, unos incitando a la violencia y otros golpeando desesperadamente las puertas de los cuarteles, la sensación de injusticia y asimetría crece día a día entre los uniformados en retiro.

Es tiempo de que los chilenos podamos mirar hacia el futuro, sin olvidar nuestro pasado, pero con capacidad de perdonarnos, reencontrarnos y rescatar el alma de la nación.

La revolución de 1891 causó más de 10.000 muertes sólo en las batallas de Concón y Placilla. Las autoridades de entonces fueron capaces de mirar hacia el futuro, y a pesar de las heridas, en 1895 se dictó una ley general de amnistía…. Lecciones de nuestros abuelos.

Vale la pena consignar aquí las ultimas reflexiones del ministro Jaime Arancibia expresadas en la entrevista ya mencionada: “¿No es más valioso en vez de estar investigando quizás ad eternum todas esas causas, buscar un punto de equilibrio, una conciliación, un arreglo, un acuerdo entre los intereses de las víctimas y los intereses de los victimarios?” y agrega ““tendrían que intervenir todos los poderes del Estado y las personas interesadas Siempre que estén de acuerdo en darle un punto final a todo esto, lo cual es difícil porque son puntos de vista muy encontrados. Pero yo creo que en algún momento dado tenemos que enfocarnos nosotros en ese problema y tratar de buscar una solución. O sea, algo que satisfaga a las dos partes.”

Es tiempo de pensar en el futuro. Chile no superará el odio  si no se ejerce una justicia igual para todos los chilenos, si no se cuenta la historia completa, con sus luces y sus sombras. Es tiempo del mea culpa de todos los chilenos, y no sólo de quienes cumplieron órdenes recibidas en un periodo caótico de nuestra historia mundial, que repercutió gravemente en Chile y en el que las FF.AA. y Carabineros fueron el instrumento usado y manoseado para superar sus conflictos.

En esto, la última palabra la tienen nuestros parlamentarios; sus antecesores  los parlamentarios de 1973,  no supieron o no quisieron solucionar los graves problemas socio – políticos de entonces, al revés, atizaron el fuego  que llevó al incendio en el que hoy los únicos que pagan sus consecuencias son los viejos militares de hoy, jóvenes subalternos de entonces.