Caso Boinas Negras al TC: Vásquez, Aróstica y Romero suspenden causa a favor de ex DINA que pide inaplicabilidad del Estatuto de Roma (extracto)

Leslie Ayala

Los ministros de la Primera Sala del TC Juan Ignacio Vásquez, Iván Aróstica y Juan José Romero.

El coronel (R) Jaime Lepe, ex secretario general del Ejército, quien se encuentra procesado por violaciones a los Derechos Humanos, recurrió al organismo para impugnar las normas que a su juicio han permitido una “persecución política sistemática del Poder Judicial a los imputados ex – militares”. La paralización del caso, que estaba ya para juicio, se da en un momento en que existe abierta una indagatoria penal por supuestos retrasos intencionales de este tipo de casos en el TC.

La decisión de suspender la tramitación del juez de fuero Mario Carroza, quien ya aprontaba la etapa de juicio del caso, fue dividida. Según la resolución, sólo tres de los cinco ministros estuvo por visar la tramitación de la acción constitucional en que se busca impugnar las normas de presunción en materia penal y se pide la inaplicabilidad de tratados internacionales de delitos de lesa humanidad. Por declarar admisible y paralizar el proceso penal estuvieron los ministros José Ignacio Vásquez, Iván Aróstica y Juan José Romero. Por rechazar, los jueces María Pía Silva y Rodrigo Pica.

En el requerimiento, Lepe apunta a una supuesta persecución de jueces a su persona y al resto de militares que obraron durante la dictadura. “La observación indica -en la persecución política sistemática del Poder Judicial a los imputados ex-militares-, que estas sentencias se sostienen esencialmente en hechos afirmados judicialmente a título de presunciones judiciales, pero otorgándoles efectos inconstitucionales al medio de prueba erigido por el legislador en garantía del procesado y que -en este caso- ya se aprecia en el procesamiento y la acusación”, sostiene en su escrito.

Al coronel (R) Lepe, integrante de la Brigada Mulchén, el juez Mario Carroza lo acusa por el asesinato de siete boinas negras que se negaron a participar del golpe militar de 1973. A juicio del exmilitar, dicho procesamiento sólo está en base a presunciones y, además, cuestiona la aplicación de tratados internacionales para juzgarlo, ya que retruca que cuando se cometieron los hechos, Chile no había suscrito esos convenios como el Estatuto de Roma.

“Ya hemos reiterado que no existía ese tipo penal en la ley chilena, que era la única aplicable conforme con lo que disponía la Constitución de 1925 y que, ahora, dispone la Constitución de 1980 y, además, destacando que tampoco estaba tipificado en la legislación internacional con los elementos de contexto que hoy se aplican en Chile. O sea, se ha ideado un mecanismo contra legem que burla la Constitución y sus principios acudiendo a una supuesta obligación meramente convencional del Estado de aplicar una norma consuetudinaria de derecho internacional relativa a la imprescriptibilidad”, dice Lepe en el requerimiento en que asegura que el Poder Judicial “está violando” sus derechos.

 Tribunal Constitucional declaró admisible requerimiento formulado por el brigadier Jaime Lepe contra ministro Mario Carroza

 La primera sala del Tribunal Constitucional (TC) confirmó -luego de una información periodística exclusiva- que declaró admisible el requerimiento presentado por el brigadier ® Jaime Lepe Orellana, en contra del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza.

El reclamante busca impugnar su procesamiento en el llamado caso “boinas negras”. El militar cuestionó ciertas “presunciones’’ decretadas por el tribunal y además la aplicación en su caso del convenio internacional del Estatuto de Roma.

Lepe rechaza que el juez Carroza le aplique las normas de “lesa humanidad’’ que consagra ese Estatuto, cuando ese delito se aplica en Chile desde 2009, cuando entró en vigencia como ley, pero que el juez se lo quiere aplicar por un hecho ocurrido en 1973.

Algunos de los miembros del TC Tribunal reclamaron con furia contra el diario La Tercera, medio que informó de una materia no difundida. En su relato, el matutino dijo que el Tribunal Constitucional decretó la suspensión del proceso penal que tramita el juez Mario Carroza, lo que no ocurrió.

Sucede que eso ocurre en los casos que llegan al TC y éste los acoge para estudiarlos y pronunciarse. Incluso la izquierda sostiene que los militares procesados van al TC para atrasar las causas.

Pero esta vez eso no ocurrió porque el defensor del militar retirado, Jorge Montero, no lo pidió. Sin embargo, la divergencia en ese punto arrastró la furia de dos de sus ministros integrantes. En algo más trascendente el recurso de admisibilidad tuvo un fallo dividido.

Por acogerlo estuvieron los ministros Juan Ignacio Vásquez, Iván Aróstica y Juan José Romero. Votaron en contra los ministros Rodrigo Pica y Pía Silva.

El brigadier Lepe, de destacada carrera militar, se desempeñó como jefe de la seguridad del Presidente Pinochet. Posteriormente, fue nombrado secretario general del Ejército y, por ese cargo, tuvo una relación muy cercana con el ex gobernante.

El Ejército lo propuso para el generalato, Aylwin lo aceptó y fue general por unos días, pues luego la Concertación dejó sin efecto ese ascenso. El caso “boinas negras’’ se remonta al gobierno de Allende.

En esa administración, la inteligencia militar logró establecer que el MIR tenía vinculación con algunos boinas negras que se desempeñaban en Colina, en la creada Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales del Ejército de Chile, donde se forma un personal escogido y altamente capacitado.

El Ejército realizó una investigación interna, se comprobó que efectivamente siete de sus integrantes pertenecían al MIR o estaban muy vinculados con ellos. Los siete fueron marginados de la Institución. La penetración comunista en el Ejército fue similar a la que el senador PS Carlos Altamirano y Guillermo Garretón, intentaron hacer en la Armada, donde también fueron descubiertos.

Los siete decidieron quedarse en el sector y arrendaron un inmueble cercano a la Escuela donde vivían. Poco después que asumió Allende los siete ocuparon cargos de importancia en el aparato de seguridad de la Unidad Popular.

Varios de ellos se desempeñaron como escoltas de Allende y miembros de su guardia de seguridad (GAP). Incluso la mañana del 11 dispararon contra tropas militares.

Publicado por Chileinforma