UNA SESGADA APLICACIÓN DE LA IGUALDAD ANTE LA LEY

Por Humberto Julio Reyes

En Chile, nuestra querida Patria, estamos habituados a escuchar y usar repetidamente, tres conceptos:

Igualdad antes la ley, caiga quien caiga y hasta las últimas consecuencias.

En la práctica ellos son de aplicación bastante relativa, como es en el caso de la reciente medida anunciada en la última cuenta pública del presidente Boric de transformar el penal de Punta Peuco en un penal común, sin importar que las razones y condiciones que llevaron a su creación no hayan cambiado.

Días después, el ministro de justicia contestó en un matinal de televisión diversas preguntas relativas a cómo se procederá para cumplir la voluntad del presidente, dentro del tiempo que le resta en el cargo.

En dichas respuestas apareció el corolario al principio de la igualdad ante la ley: en Chile no hay privilegios.

Eso está muy bien, dirá cualquiera a quien el anuncio no le despierte mayor inquietud o no tenga posición asumida al respecto.

Pero, lo que queda en el olvido, es que quienes cumplen penas en ese recinto están justamente ahí por haber sido procesados y condenados mediante un sistema procesal que ya no rige para el resto de sus compatriotas.

¡Vaya privilegio!

Se cumplen ya 30 años desde que el ejecutivo enviara al Congreso el proyecto de reforma procesal penal que terminaría con el que regía hace un siglo, hoy 130 años, y que no otorgaba garantía alguna al procesado.

Pero, en la letra chica estaba la trampa que se ha mantenido exclusivamente para las causas de derechos humanos, permitiendo burlar la prescripción.

Así, en aras de la igualdad no cabría otra cosa que anunciar que los tribunales deberán proceder a aplicar la reforma procesal penal sin exclusiones.

También para respetar dicha igualdad, gendarmería debería otorgar o proponer, según corresponda, los beneficios intrapenitenciarios de los cuales no disfrutan quienes han sido condenados por delitos comunes en causas de derechos humanos.

¿Sería mucho pedir?

No me parece, aunque sí es mucho esperar de parte de quien, como bien lo insinúa en una notable columna, don Sergio Muñoz Riveros, parece haber buscado una forma adicional de castigar a quienes, con avanzada edad y deteriorada salud, cumplen íntegramente largas condenas impuestas en sentencias de jueces prevaricadores.

Esta carta fue respaldada por don Leonidas Montes bajo el título “Humanidad y consistencia”, que recuerda lo más fundamental en derechos humanos y que está ausente en la decisión presidencial.

No me detengo a analizar las posibles motivaciones que otros columnistas asocian a la contienda electoral, para allegar votos a los candidatos oficialistas y, de paso, “sacar al pizarrón” a los de oposición. Aquí todo vale.

Imposible no recordar, nuevamente, lo expresado por otro lector: el presidente refleja la satisfacción del niño que sabe que ha cometido una maldad.

7 de junio de 2025