Sin animus injuriandi

El reciente fallo unánime de los ministros de la novena sala de la I. Corte de Apelaciones, respecto al mediático caso Frei, me ha devuelto en parte mi fe perdida en el poder judicial.

Pero a nivel nacional y como era previsible, ha provocado encontradas reacciones, algunas quizás precipitadas.

Para los sentenciados que han sido absueltos, sus familias, sus defensores y quienes nunca aceptaron que se hubiere cometido un premeditado magnicidio, satisfacción por un fallo que consideran justo aunque tardío, en particular para quienes fallecieron condenados al no poder probar su inocencia antes el Ministro de fuero que los procesó en el año 2009 y sentenció finalmente en 2019.

Conviene tener presente que como esta causa se siguió en conformidad al antiguo procedimiento, pese a la reforma procesal aprobada en 2005, la costumbre ha llevado a invertir el peso de la prueba, es decir el juez no se siente obligado a probar sus acusaciones, le basta con formularlas.

De lo que señalo podemos dar fe todos quienes nos hemos visto involucrados en los procesos por causas vinculadas a la represión del extremismo.

Mientras escribo estas líneas me llega un inesperado regalo en la forma de una declaración pública de un abogado de la familia Frei quien reconoce que en un 99% de las causas por DD.HH. se ha fallado sólo por presunciones: si no puedo probar un crimen, presumo su autoría.

Existe entonces un universo que estima que sí se ha hecho justicia, aunque fuera de todo plazo razonable y confía en que la Corte Suprema, al igual que los valientes ministros que han establecido con sólidos argumentos que no existió tal homicidio – “crimen imaginario” como lo calificara Ascanio Cavallo en su columna publicada por “Economía y Sociedad” en su N° 99 (Abr-Jun.2019)- refrende lo obrado.

¿Parece exagerado hablar de valientes ministros?

No en mi modesta opinión ya que tal como más de alguien ha señalado, se necesita serlo para resistir primero la formidable presión mediática y política destinada a que se confirmara el fallo condenatorio de primera instancia y, segundo, impartir justicia comprometiendo su futuro cuando aspiren a un ascenso y el parlamento, que sabe cobrar “deudas”, les pase la cuenta.

Para quienes esperaban la confirmación de la condena, no se habría hecho justicia y, como también era previsible, ya han anunciado públicamente su intención de recurrir a la Corte Suprema para que revierta el fallo en cuestión. Están en su derecho.

Entre quienes así lo estiman están la familia del fallecido Expresidente, el Partido Demócrata Cristiano y curiosamente el Gobierno, por nombrar a los más conspicuos.

Dada la tesis de un magnicidio promovido por el Gobierno Militar sostenida a lo largo del proceso por los dos primeros grupos ello parece consecuente pero que el vocero anunciara inmediatamente que “no descartaban” recurrir a la instancia superior me lleva a preguntarme, sin malicia, si acaso la reacción hubiera sido la misma frente a un fallo que confirmara la sentencia de primera instancia.

¿Alguien se arriesga a apostar?

En consecuencia, la respuesta definitiva a nuestra pregunta inicial tendrá que esperar, ojalá un plazo razonable, el pronunciamiento de la Corte Suprema frente a los recursos que se presenten.

Quiera Dios que los ministros que la integren logren abstraerse de la enorme presión mediática y política que ya se está ejerciendo para que revoquen el reciente fallo.

A mi entender no se trata de pedirles que establezcan una verdad irrefutable y que confirmen o desmientan la existencia de una conspiración exitosa para eliminar un adversario político cometiendo el crimen perfecto a través justamente de cercanos a la víctima.

Ese seguirá siendo tema de seudo historiadores, autores de política ficción o de los querellantes cualquiera que sea la sentencia final.

Se ha recordado en estos días un párrafo de la famosa carta de don Eduardo Frei Montalva a su amigo Mariano Rumor de 8 de noviembre de 1973 cuando, respecto al pretendido asesinato de Pablo Neruda lo califica, “entre los miles de falsedades que se propalaron”, de “falso y ridículo”. Esta acusación tampoco ha sido probada en tribunales.

De esto último se trata solamente, en ausencia de pruebas de participación criminal sólo cabría absolver definitivamente.

GDB. Humberto Julio Reyes

28 de ene. de 21