50 años de la Reforma Agraria

Autor: La Tercera

La modernización posterior de Chile requirió restablecer principios y confianzas profundamente dañados por esta reforma y sus secuelas.

Con motivo de los 50 años de la Ley de Reforma Agraria, el gobierno y algunos comentaristas buscan elevar dicho proceso a la categoría de transformación fundadora de la agricultura y el Chile modernos. Esto importa una nueva y peligrosa negación de las claves que explican el funcionamiento de las economías.
Efectivamente, la Concertación siempre insistió en que fueron sus correcciones, introducidas a lo que habría sido un modelo económico muy imperfecto, fundado por el régimen militar, lo que dio al país años de buen “crecimiento con equidad”. La realidad es diferente. En lo sustantivo -propiedad privada, carga tributaria, competencia en los mercados, regulaciones laborales, incentivos al ahorro previsional, subsidiariedad del Estado, disciplina fiscal, etc- el modelo económico construido en los años ochenta fue bien preservado, y en ocasiones perfeccionado, básicamente hasta el advenimiento de la Nueva Mayoría.

La misma confusión en el análisis se observa hoy en las explicaciones que dan los sectores afines a este gobierno, cuando buscan desvincular los actuales problemas del país del ideario de izquierda. La actual desmotivación de los inversionistas está siendo atribuida por el oficialismo a la mala calidad de la ejecución de las políticas del gobierno, o al haber abordado muchos temas al mismo tiempo, en vez de a la orientación última de esas políticas, que es desmontar el sistema existente de incentivos al esfuerzo de trabajadores y empresarios, para reemplazarlo por gestión y control estatal.

La Reforma Agraria vulneró el derecho de propiedad al expropiar el suelo agrícola sin compensar su valor de mercado; deterioró al grado más extremo -y muchas veces violento- la relación entre empresarios y trabajadores, y sustituyó masivamente el emprendimiento empresarial por la gestión estatal y burocrática. Su impacto no estuvo limitado a la agricultura -cuya producción por cierto colapsó- sino que se extendió al resto de los sectores productivos, donde la misma prédica llevó al desconocimiento del rol de la propiedad privada, al quiebre funcional de las relaciones entre empleadores y trabajadores y a la estatización de múltiples empresas.

La institucionalidad destruida a partir de la Reforma Agraria hubo de ser reconstruida para poner nuevamente en marcha la economía y el país. Es simplemente falaz plantear que la Reforma Agraria, que representa la exacta antítesis de lo requerido por una economía libre capaz de generar crecimiento, pueda explicar el posterior desempeño económico y social exitoso de Chile. Para dar espacio a ese progreso hubo que revertir, una a una, las medidas y orientaciones tras la Reforma Agraria y su corrosiva proyección posterior al resto de la economía. El nuevo Chile y la nueva agricultura chilena surgieron, precisamente, de la corrección de la Reforma Agraria y sus secuelas de estatismo y destrucción de incentivos para la actividad privada, que culminaron en el gobierno de la Unidad Popular.

La celebración de la ley de Reforma Agraria, el comienzo de un proceso de deterioro institucional que sumió al país en su hora más grave, desorienta, y resta gravedad a esas mismas tendencias destructivas que vuelven a aflorar tras cincuenta años.