46 años del acuerdo de la Cámara que declaró la ilegitimidad del Gobierno de Allende

El miércoles 22 de agosto de 1973, la Cámara de Diputados, en sus Sesiones 32 y 33, adoptó un extenso acuerdo, en cuya  parte resolutiva dispuso transmitir, el mismo al Presidente de la República y a los señores Ministros de Hacienda, Defensa Nacional, Obras Públicas y Transporte y Tierras y Colonización, desempeñados a la sazón por los comandantes en jefe de éstos últimos organismos, los cuales formaban parte del Ministerio  que el propio Presidente de la República  denominó  de Seguridad Nacional.

La Cámara de Diputados, por mayoría de votos, según reza tal acuerdo, tomó dicha resolución de conformidad, a su juicio, con lo dispuesto en el artículo 39 de la Constitución Política del año 1925.

Tal acuerdo de la Cámara de Diputados constituye una pieza fundamental en los hechos de aquel entonces y que se encuentra en directa relación con el Bando N° 5  del 11 de septiembre  de 1973, que amplía el contenido del Decreto Ley N° 1  de dicha fecha, que depone al gobierno  de la Unidad Popular  y justifica   intervención militar o  golpe de  Estado como les gusta a algunos.

La lectura atenta del acta de la Sesión 32  de la Cámara de Diputados  de aquel 22 de agosto de 1973, realizada en breve tiempo entre las 12:00 y las 14:30 horas, como igualmente  del acuerdo que en definitiva se adoptó, permite arribar a algunas importantes conclusiones que expondremos  someramente.

El artículo 39 de la Constitución de 1925 permitía, al igual que el texto de la denominada Constitución de 1980, fiscalizar los actos de gobierno y con ello hacer presente a sus autoridades intervención de sus Ministros para solucionar los temas que se exponen  en el mismo acuerdo. La Cámara de Diputados emplazó derechamente a los ministros militares de la época y que tenían el cargo de comandantes en jefe de sus respectivas instituciones, para los efectos que procedieran a restablecer, según expresa el acuerdo de la Cámara, el orden jurídico, que en su opinión habría sido reiteradamente infringido por el gobierno y sus autoridades.

Del acuerdo de la Cámara de Diputados se concluye que el requerimiento efectuado por ella a tales ministros  era una inducción directa para que llegaran a materializar una suerte de “Golpe Blando” y evitaran una guerra civil con millares de muertos.

En el debate de la Cámara de Diputados y del cual da cuenta el acta de la Sesión 32, los parlamentarios que intervinieron sustentando el acuerdo o controvirtiéndolo, hicieron un examen a fondo del contenido de dicho acuerdo y  de su parte resolutiva. El acuerdo fue inicialmente  explicado por el Diputado Orrego Vicuña y defendido por los congresales del Partido Demócrata Cristiano César Raúl Fuentes y Ricardo Hormazábal; y por los Diputados Hermógenes Pérez de Arce y Mario Arnello del Partido Nacional. Estos parlamentarios se extendieron en consideraciones de fondo relacionadas  con la situación del país haciendo fuerza en lo que ellos denominaron  el quiebre de la juridicidad chilena.. A su vez, si analizamos las intervenciones de quienes se opusieron a  dicho acuerdo los Diputados Luis Maira, Camilo Salvo y Jorge Insunza, todos de izquierda y partidarios del gobiernoveremos que ellos  optaron por el análisis general y no pormenorizado de la proposición de acuerdo. El acuerdo fue elaborado por el señor  Enrique Ortúzar Escobar, quien se lo hizo llegar al Senador  Francisco Bulnes. En el Partido Nacional  trabajaron en dicho acuerdo con bastante dedicación y celo profesional. El Presidente  del Partido Demócrata Cristiano, don Patricio Aylwin, le habría solicitado al Diputado Orrego  que preparara  un acuerdo y para ello  le indicó que se colocara en contacto con el Senador  Hamilton,  quien a su vez  le expresó  que lo más conveniente  era basarse  en el texto elaborado por el Partido Nacional. .  Este hecho por cierto  gravitó  en aquella  sesión, en términos tales tradujo en un adecuado intercambio de opiniones entre los parlamentarios  de gobierno y 

oposición sobre cada materia que el acuerdo que se estaba proponiendo consignaba.  Lo que proponía el acuerdo  era declarar la ilegitimidad e ilegalidad del gobierno de Allende y con ello resguardar el orden constitucional.

 A ciencia cierta, no sabemos qué es lo que pensaba cada uno de  los parlamentarios, pero podemos intuir que siendo todos ellos políticos de dilatada participación en la política chilena, militantes de partidos políticos, y habitantes  del territorio nacional, tuvieron que darse cuenta que el acuerdo que se estaba proponiendo y que en definitiva fue adoptado,  daba carta blanca, en el fondo para llegar a derrocar por vías de hecho al gobierno de Salvador Allende.

Es por ello que existe una coincidencia entre el acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto del año 1973 y el Bando N° 5 dictado el 11 de septiembre  de 1973, por la Junta de Gobierno de las Fuerzas Armadas  y Carabineros de Chile. En este Bando que en verdad es un  complemento del Decreto Ley N° 1 de la misma fecha, que constituye  el acta de constitución de la Junta de Gobierno, se observa que se trataron en forma de considerandos y con una redacción propia de las sentencias judiciales, 14 puntos o materias que son en sustancia los mismos tópicos que abordó el acuerdo de la Cámara de Diputados.

Desde luego, después de 46 años,  con la perspectiva del tiempo, es más fácil analizar los hechos  del año 1973, por cuanto para poder juzgar las conductas de quienes tuvieron participación relevante en los órganos del Estado, es menester ubicarse en la situación política, económica, social y jurídica que se vivía en aquel entonces. Fue un período de profundas convulsiones sociales, ya que estaba en marcha un proceso revolucionario armado que tenía  como finalidad abrir el camino, en el largo plazo, a una sociedad socialista al estilo cubano (y hoy venezolano), lo que implicaba realizar  cambios estructurales de fondo. Este marco alteró profundamente el funcionamiento  del país que fue prácticamente destruido, llevando a la pobreza a millones de chilenos, sin perjuicio que debemos dejar constancia que países amigos realizaron presiones externas para derribar al gobierno  de Allende y evitar que se produjera una guerra civil o caer bajo la órbita de los países marxistas, según ha quedado establecido en los informes elaborados por las comisiones del Senado de los Estados Unidos de Norteamérica que dan cuenta de una evidente intervención de los organismos de  seguridad de tal país.

A la altura  del mes de agosto del año 1973, se produjo  a nuestro juicio sin  la menor duda un evidente quiebre  definitivo de toda  la institucionalidad chilena y por cierto se generó un colapso moral cierto y evidente. El acuerdo de la Cámara de Diputados fue uno de los colofones  de dicha situación, pero más importante fue que las FF.AA. con la información de sus Servicios de Inteligencia, tenían cabal conocimiento de las organizaciones paramilitares que se estaban organizando, lo que fue confirmado con el descubrimiento de diversas escuelas de guerrilla fuertemente armadas a lo largo del país, como por ejemplo la descubierta en Nehuentúe en agosto de 1973.

El combate contra la guerrilla, terrorismo y subversión que tuvo lugar posteriormente, lamentablemente dejó una secuela de muertes en ambos bandos y odios que siguen hasta hoy en una sociedad que no sabe dar vuelta la página producto de la utilización política de esta desgracia y al negociado que se ha producido con las indemnizaciones que se pagan a los familiares de los verdaderos responsables de la tragedia a que se llevó al país. Lo anterior, junto con el irrespeto y la violación a los derechos humanos de los prisioneros políticos militares que hoy son ancianos, varios de ellos enfermos terminales y otras enfermedades producto de sus avanzadas edades.  A los que no se les permite defenderse en un supuesto “Estado de Derecho” ya que están sometidos a un procedimiento penal que fue eliminado en Chile por lo injusto, dejándolos como ciudadanos de  segunda clase ya que al resto de la población se les juzga con el nuevo sistema penal garantista, lo que es totalmente ilegal de acuerdo al principio constitucional de igualdad ante la Ley. A lo anterior  debe sumarse que la judicatura prevarica en muchos casos incluso con ficciones jurídicas como fue reconocido por televisión por un exjuez.

La resolución de la Cámara entregó un fundamento más para que las fuerzas  armadas  y  carabineros,  ya en  ese agosto de 1973, decidieran intervenir, ya que no había otra salida  a juicio de todos ellos. La situación político – económica de nuestro país hoy demuestra que no estaban equivocados, ya que el crecimiento y desarrollo logrado gracias a las bases y modelo instalados por el Gobierno Militar, permiten que Chile hoy sea un ejemplo a nivel internacional y que oleadas de inmigrantes que arrancan de los “países paraísos de izquierda” quieran instalarse en una nueva patria, que les permita desarrollarse de acuerdo a sus potencialidades en forma libre, segura y con ello lograr la felicidad que todos los seres humanos anhelan. Ojalá no se olviden de los que lograron esto y especialmente de aquellos que se encuentran en los campos de exterminio de Punta Peuco, Colina 1 y otros más a lo largo de Chile.