“Multigremial de Militares y Policías (R) emplaza al Gobierno a incorporar a todos los Adultos Mayores en Proyecto de Ley que conmuta condenas por Covid-19”

La decisión del Ejecutivo de dejar fuera a adultos mayores militares y policías (R) de la iniciativa legal sólo da cuenta de la empecinada tarea de justificar moralmente un acto que no tiene sustento en la razón, sino más bien utilitarista a sus fines, promoviendo y validando de paso el trato desigual y arbitrario como actos legítimos.

“Si los argumentos que sustentan el proyecto de ley del gobierno que busca conceder indulto general conmutativo a causa de la  enfermedad Covid-19 son la adopción de medidas destinadas al cuidado preventivo de grupos de alto riesgo, y a reducir los flujos de ingresos y egresos de internos, para prevenir las posibilidades de un foco de contagio masivo, protegiendo de esta forma a toda la ciudadanía, cuál sería entonces el razonamiento moral del Ejecutivo para que esté dejando fuera de esta medida a los adultos mayores de las Fuerzas Armadas, Carabineros y PDI que están recluidos en la cárcel de Punta Peuco, Colina 1 y San Joaquín, sino aquella que busca de forma explícita un trato desigual, que coarta el acceso a garantías penitenciarias y, lo que es peor, valida que a algunos se les trate de una forma cruenta sin importar las consecuencias. No hay más lecturas al respecto”.

Así lo denunció la Multigremial Nacional del Personal en Retiro de las Fuerzas Armadas, Carabineros y PDI de Chile, a través de su presidente, Pedro Veas Diabuno, quien emplazó al Ejecutivo a incorporar en el proyecto de ley de indulto conmutativo que está promoviendo a los adultos mayores militares y policías (R) tal cual define la iniciativa legal, que especifica que son las personas mayores de 65 años a quienes se les conmuta por reclusión domiciliaria total el saldo de condena, y, los mayores de 75 años a quienes se prescinde de cualquier exigencia de cumplimiento mínimo de condena, y de la exigencia de saldos máximos de condena que resta por cumplir.

Justificación Moral

“Levantar un argumento falaz para justificar el dejar fuera a los adultos mayores militares y policías que cumplen condena en Punta Peuco, Colina 1 y San Joaquín, como el esgrimido por la vocera de Gobierno Karla Rubilar, al señalar que las cárceles en cuestión cuentan con instalaciones y capacidades especiales, y que se trata de personas que han sido condenados por delitos de lesa humanidad, sólo refleja la empecinada tarea de justificar moralmente una decisión que no tiene sustento en la razón, sino más bien se trata de un acto utilitarista a sus fines, promoviendo y validando el trato desigual y arbitrario como actos legítimos”, explicó Pedro Veas.

Dijo el presidente de la Multigremial que espera que el Ejecutivo enmiende el proyecto de ley y amplíe el beneficio a los adultos mayores militares y policías (R), y no se los utilice como moneda de cambio para lograr otros objetivos en el Parlamento. “Si esa es la motivación subyacente todos los esfuerzos que está realizando para contener el COVID 19, y los impactos sociales y económicos que esta pandemia traerá a Chile serán moralmente repudiables porque exponer a adultos mayores con patologías crónicas, enfermedades terminales, demencia senil y Alzheimer a la muerte, a cambio de prebendas legislativas sólo le da pequeñez e invalida todos sus actos. En Chile no deben existir personas de 1° o 2° categoría. Exigimos se incorporen a los adultos mayores militares y policías (R) en el proyecto de ley de indulto general conmutativo”, sentenció.