PERSECUCIÓN POLÍTICA EN SEDE JUDICIAL CONTRA LOS MIEMBROS DE LAS FF.AA. Y DE ORDEN
PERSECUCIÓN POLÍTICA EN SEDE JUDICIAL CONTRA LOS MIEMBROS DE LAS FF.AA. Y DE ORDEN
Los guerrilleros que estaban dispuestos a matar y a morir por la revolución y que llevaban a efecto una cruenta guerra subversiva a fin de instaurar en Chile un régimen totalitario han pasado a convertirse en “víctimas” y en héroes, y quienes tuvieron la obligación de combatir la violencia criminal del terrorismo marxista están siendo castigados como criminales.
Por Adolfo Paúl Latorre, Abogado
Los militares y carabineros que, con el propósito de salvar a Chile y a los chilenos se vieron obligados a combatir a los miles de extremistas armados, guerrilleros y terroristas que llevaban a cabo una cruenta guerra subversiva y que estaban dispuestos a matar y a morir por la revolución, están siendo objeto de simulacros de juicio en los que los jueces aplican torcidamente la Constitución y las leyes con la finalidad de condenarlos sea como sea y así cumplir con el lema “ni perdón ni olvido”. Estos simulacros de juicio obedecen a una persecución política que se realiza en sede judicial.
El autor nos señala que la causa principal de esta persecución radica en la adopción, por parte del presidente Allende y del gobierno de la Unidad Popular, de la ideología de la revolución cubana de acuerdo con lo establecido en la resolución del XXII Congreso del Partido Socialista —al que pertenecía Salvador Allende— que se llevó a efecto en la ciudad de Chillán en noviembre de 1967, que se inclinó abiertamente por la vía violenta para la toma del poder.
Fundamenta tal aserto en que si no hubiese existido el gobierno de la Unidad Popular la intervención militar de 1973, que desbarató el plan de dicho gobierno de “instaurar un sistema totalitario” —como lo señala el acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973—, no hubiese sido necesaria y, por ende, no se habrían producido las secuelas de dicha intervención, una de las cuales es la referida persecución.
El autor concluye en que esta persecución política en sede judicial contra los miembros de las FF.AA. y de Orden obedece a diversas razones, de orden político y económico.
PERSECUCIÓN POLÍTICA EN SEDE JUDICIAL
CONTRA LOS MIEMBROS DE LAS FF.AA. Y DE ORDEN[1]
Estimados amigos:
¿Qué tiene que ver el Che Guevara[2] con el tema de mi exposición? se estarán preguntando ustedes.
En mi opinión tiene mucho que ver, porque fue la adopción de la ideología de la Revolución Cubana por parte de Salvador Allende y de su gobierno, lo que condujo a Chile al desastre que todos conocemos y que obligó a las FF.AA. y Carabineros a intervenir.
Y esa intervención, que salvó a Chile y a los chilenos, acarreó por otra parte trágicas consecuencias para los militares y carabineros: una de ellas es la persecución política en sede judicial que están sufriendo, a la que yo he calificado como “terrorismo jurídico”.[3]
Otra razón por la que me remito a la Revolución Cubana es porque la historia hay que contarla completa;[4] si bien no comenzando desde Adán y Eva o desde los fenicios, sí con un horizonte de tiempo lo suficientemente extenso como para poder comprender la génesis, el desarrollo y los resultados de los diversos procesos.
Es el proceso que llevó a esta persecución lo que trataré de explicar, apoyándome en una serie de proyecciones en las que indicaré ciertos hitos históricos y transcribiré algunas citas que he seleccionado y que me parecen de enorme interés.
Además del origen de esta persecución, expondré las razones que la motivan y mi apreciación acerca de lo que ocurrirá en el futuro inmediato; la que lamentablemente no es muy auspiciosa, pues considerando la actual vorágine de procesamientos y de condenas sin freno se puede ver claramente que la intención de los persecutores es que el máximo de militares y de carabineros muera en la cárcel y en las condiciones más ignominiosas posibles.
No me referiré a los simulacros de juicio[5] que están llevando a efecto nuestros tribunales de justicia —que más se asemejan a un circo romano— pues ese tema lo trato en profundidad en mi obra titulada Procesos sobre violación de derechos humanos. Inconstitucionalidades, arbitrariedades e ilegalidades; un libro que tiene cerca de ochocientas páginas y cuya versión resumida ustedes tienen en sus manos.
Ahora bien, entrando en materia les diré que, a mi juicio, el telón de fondo que está detrás de esta persecución contra los militares es la ideología comunista; ideología que también está detrás del cambio de la Constitución Política de 1980 que busca la actual coalición gobernante —conformada por los partidos de la Concertación más el Partido Comunista—, cuyo propósito es el de convertir a Chile en una república socialista[6] y completar la obra que Allende dejó inconclusa.
Ahora, los invito a dar un vistazo a las proyecciones con hitos históricos que les había anunciado, las que debido a limitaciones de tiempo no alcanzaré a comentar, pero que ustedes podrán leer en el texto de esta conferencia que dejaré a vuestra disposición.
Manifiesto comunista (escrito por Karl Marx y Friedrich Engels, publicado en Londres en el año 1848)
“Los comunistas no tienen por qué guardar encubiertas sus ideas e intenciones. Abiertamente declaran que sus objetivos solo pueden alcanzarse derrocando por la violencia todo el orden social existente”.
Revolución socialista rusa (octubre de 1917)
Vladimir Lenin, de pensamiento político marxista —líder del sector bolchevique del Partido Obrero Socialdemócrata—, fue el principal dirigente de la Revolución de octubre de 1917. Es considerado una de las figuras más destacadas e influyentes del movimiento comunista internacional.
Revolución cubana (enero de 1959)
Condujo al poder a Fidel Castro, líder del Ejército Guerrillero, en el cual el Che Guevara tuvo una destacada participación.
Ernesto Guevara (el “Che”, 1928-1967)
El Che Guevara —quien estuvo a cargo de los “juicios revolucionarios” y de las ejecuciones en los paredones de fusilamiento— fue un gran glorificador del odio y de la violencia, y el principal exportador de la Revolución Cubana y de la guerrilla en el continente, para lo cual contó con el decidido apoyo que La Habana le brindó a los diversos movimientos revolucionarios.
“Crear dos, tres… muchos Viet-Nam, es la consigna”.
“Nosotros tenemos que decir aquí lo que es una verdad conocida, que la hemos expresado siempre ante el mundo: fusilamientos, sí, hemos fusilado; fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte”.
“Para enviar hombres al pelotón de fusilamiento, la prueba judicial es innecesaria. Estos procedimientos son un detalle burgués arcaico. ¡Esta es una revolución! Y un revolucionario debe convertirse en una fría máquina de matar motivado por odio puro.”
“El odio implacable hacia el enemigo, como factor de lucha, nos impulsa por encima y más allá de las naturales limitaciones del hombre y nos convierte en una eficaz, violenta y fría máquina de matar. Nuestros soldados tienen que ser así”.
Primera Conferencia Tricontinental de Solidaridad de los Pueblos de Asia, África y América Latina
Efectuada en La Habana, en enero de 1966, cuya finalidad era apoyar a los movimientos revolucionarios del Tercer Mundo.
En la declaración general de esta conferencia se expresaba: “La Conferencia proclama el derecho inalienable de los pueblos a la total independencia política y a recurrir a todas las formas de lucha que sean necesarias, incluyendo la lucha armada, para conquistar este derecho”.
En esta reunión se acordó crear, a proposición de Salvador Allende, la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), de la cual Allende fue director, no obstante estar ejerciendo la presidencia del Senado chileno.
Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS)
La Primera Conferencia de la OLAS se llevó a efecto en La Habana, en agosto de 1967. Su objetivo central era elaborar las líneas fundamentales para el desarrollo de la revolución continental, impulsar la solidaridad revolucionaria y lograr unidad para construir el socialismo.
En su declaración general se decía: “El triunfo y consolidación de la Revolución Cubana puso de manifiesto que la insurrección armada es el verdadero camino para la toma del poder por el pueblo trabajador, y a la vez, que los ejércitos profesionales pueden ser destruidos… El primer objetivo de la revolución popular en el continente es la toma del poder mediante la destrucción del aparato burocrático-militar del Estado y su reemplazo por el pueblo armado para cambiar el régimen social y económico existente: dicho objetivo solo es alcanzable a través de la lucha armada”.
Resolución del XXII Congreso del Partido Socialista de Chile, Chillán, noviembre de 1967
Esta resolución, del partido al que pertenecía Salvador Allende, acoge las ideas contenidas en la precitada declaración de la OLAS, y se inclina abiertamente por la vía violenta para la toma del poder.
“El Partido Socialista, como organización marxista-leninista, plantea la toma del poder como objetivo estratégico a cumplir en esta generación, para instaurar un Estado Revolucionario que libere a Chile de la dependencia y del retraso económico y cultural e inicie la construcción del socialismo. La violencia revolucionaria es inevitable y legítima. Resulta necesariamente del carácter represivo y armado del Estado de clase. Constituye la única vía que conduce a la toma del poder político y económico, y a su ulterior defensa y fortalecimiento. Sólo destruyendo el aparato burocrático y militar del Estado burgués, puede consolidarse la revolución socialista. Las formas pacíficas o legales de lucha no conducen por sí mismas al poder”.[7]
Primer discurso del presidente Allende (en el Estadio Nacional)
En su primer discurso como presidente, el 5 de noviembre de 1970 en el Estadio Nacional, donde había una gran imagen del Che Guevara, Salvador Allende instó a los jóvenes a seguir su ejemplo.
Declaraciones de Gregorio José Liendo
Gregorio José Liendo, el jefe mirista conocido como “comandante Pepe”, que se había tallado un imperio —un territorio libre— mediante la ocupación por la fuerza de varias decenas de miles de hectáreas madereras en la zona de Liquiñe, declaró: “Tiene que morir un millón de chilenos para que el pueblo se compenetre de la revolución y ésta se haga realidad. Con menos muertos no va a resultar”.
Declaraciones del presidente del Senado, Eduardo Frei Montalva, a dirigentes de la SOFOFA
Eduardo Frei Montalva, presidente del Senado, el 6 de julio de 1973, cuando los dirigentes de la Sociedad de Fomento Fabril le fueron a pedir que tomara medidas, les respondió: “Nada puedo hacer yo, ni el Congreso ni ningún civil. Desgraciadamente, este problema sólo se arregla con fusiles”.
Conversación entre Francisco Bulnes y Eduardo Frei
El senador Francisco Bulnes, refiriéndose a una conversación sostenida con quien a la sazón era Presidente del Senado, señaló: “Frei y yo consideramos el 20 de agosto de 1973, en una larga conversación, que Chile no tenía otra solución que la militar. El análisis que hicimos en esa ocasión nos llevó a la conclusión de que aún en el caso de que Allende renunciara, el substituto no podría gobernar a la nación dado el estado casi caótico imperante”.
Historiador Mario Góngora
Con respecto a la situación que se vivía en aquella época, el destacado historiador Mario Góngora expresó: “La perspectiva general de esos años, sobre todo la del último, 1972-1973, es la de una guerra civil todavía no armada, pero catastrófica, análoga a los últimos meses de la República Española, antes de julio de 1936”.
Conversación entre Hugo Miranda y Enrique Silva Cimma
En relación con la inminencia de la guerra civil, citaremos a Enrique Silva Cimma: “Como el polen que comenzaba a flotar en el aire anunciando la llegada inevitable de las alergias primaverales, el sonido crepitante del aire tenso y enrarecido era el preludio de un desenlace. El 7 de septiembre me visitó el presidente del Partido Radical, Hugo Miranda:
—¿Qué te parece lo que viene? —fue su saludo algo sorprendente.
—¿A qué te refieres?
—Me refiero a la guerra civil. Si la tenemos a la puerta”.
Mensaje del Cardenal Silva Henríquez
En un mensaje difundido a comienzos de septiembre de 1973, titulado “Congoja y esperanza”, dirigido a todos los chilenos ante la situación de violencia que se vivía, el cardenal Raúl Silva Henríquez decía: “El apocalíptico fantasma de la guerra entre hermanos aparece, inquietante, a nuestro atribulado espíritu”.
Acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973
En el acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973, se decía, textualmente: “Quinto: Que es un hecho que el actual Gobierno de la República, desde sus inicios, se ha ido empeñando en conquistar el poder total, con el evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político por parte del Estado y lograr de ese modo la instauración de un sistema totalitario absolutamente opuesto al sistema democrático representativo que la Constitución establece. (…) La H. Cámara de Diputados, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 39 de la Constitución Política del Estado, acuerda: PRIMERO: Representar al señor Presidente de la República y a los señores Ministros de Estado miembros de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República que entrañan los hechos y circunstancias referidos en los considerandos quinto a duodécimo precedentes. SEGUNDO: Representarles, asimismo, que, en razón de sus funciones, del juramento de fidelidad a la Constitución y a las leyes que han prestado y, en el caso de dichos señores Ministros, de la naturaleza de las instituciones de que son altos miembros, y cuyo nombre se ha invocado para incorporarlos al Ministerio, les corresponde poner inmediato término a todas las situaciones de hecho referidas que infringen la Constitución y las leyes, a fin de encauzar la acción gubernativa por las vías de derecho y asegurar el orden constitucional de nuestra patria y las bases esenciales de convivencia democrática entre los chilenos”.
Opiniones sobre el Acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973
Dicho acuerdo fue, según el senador y destacado miembro del Partido Socialista Erich Schnake, “simplemente una autorización al golpe de Estado” y según Enrique Silva Cimma “un llamado al golpe”. Edgardo Boeninger, por otra parte, expresó: “El 22 de agosto la Cámara de Diputados otorga a las FF.AA. el certificado que requerían para dar el golpe en nombre de la Constitución y de la ley. El 11 de septiembre de 1973 se produce —aunque duela decirlo, con el respaldo de una amplia mayoría ciudadana— la intervención institucional de las Fuerzas Armadas, iniciándose un interregno de 17 años de gobierno militar”.
Declaraciones del ex diputado comunista Luis Guastavino
Este destacado dirigente comunista, diputado durante tres períodos, en el año 2005 mientras era intendente de Valparaíso —designado por el presidente Lagos—, confiesa que el objetivo de la UP era establecer un gobierno totalitario: “En la Unidad Popular se postulaba honestamente el socialismo donde no iba a haber sino una educación, una televisión, un diario, una filosofía, partido único, todo lo que ocurría en el socialismo real” y admite la inevitabilidad de la intervención militar: “La política que nosotros llevamos en los tiempos finales… iba inevitablemente a un choque que tenía que producir efectos tremendos… Era inevitable la interrupción del proceso. Esa realidad no podía continuar“.
Memorias del ex presidente Gabriel González Videla
El ex presidente de la República Gabriel González Videla concluye con la siguiente frase el capítulo de sus memorias titulado “Quiebra del régimen institucional chileno”: “Sólo las Fuerzas Armadas podían, con el filo de sus espadas, cortar este nudo gordiano fabricado por el propio Allende”.
Declaraciones de Eduardo Frei Montalva (con posterioridad al pronunciamiento militar)
Refiriéndose al gobierno de la Unidad Popular:
“Cuando un Gobierno procede así, el derecho a la rebelión se convierte en deber”.
Y refiriéndose al pronunciamiento militar:
“Los militares han salvado a Chile y a todos nosotros. Las fuerzas militares han salvado realmente al país de su total aniquilamiento”.
“Los militares nos salvaron la vida y de una degollina”.
Pensamiento del cardenal Raúl Silva Henríquez
Estas últimas palabras de Frei están en consonancia con la respuesta que el cardenal Raúl Silva Henríquez le dio a William Thayer Arteaga cuando éste le preguntó: Dígame, Eminencia, ¿no cree usted que si no es por los militares, a muchos de nosotros nos habrían asesinado? “No solo a ustedes, sino que a mi también. A todos nosotros”.
En relación con la Ley de Amnistía (D.L. 2191 de 1978), el cardenal Silva apoyó la dictación de dicho decreto, pues lo veía “como un gesto de reconciliación que iba a beneficiar a uno y otro lado”, como una forma de contribuir al término del clima de enfrentamiento y “pensando que de esa forma podría lograrse el entendimiento entre los chilenos”.
El Cardenal no solo era partidario del perdón “para que la población de Chile, tan dividida, pudiera encaminarse hacia una convivencia democrática y pacífica”, sino que estaba convencido de que “la mejor forma de asegurar la futura democracia es abandonar toda clase de venganza contra los militares” y que “es torpe, aunque humano, exigir justicia y venganza tras el término del régimen militar, porque eso nos conduciría a una espiral de violencia. Los militares chilenos no querían entrar en el gobierno, pero los chilenos en su mayoría les exigimos y les impulsamos a esta tarea. Contribuyó también la torpeza de socialistas y comunistas, que intentaban instaurar la dictadura del proletariado“.
Declaraciones de Patricio Aylwin (con posterioridad al pronunciamiento militar)
Respondiendo la pregunta de un periodista sobre los abusos denunciados por algunos medios internacionales, declaró: “Es muy fácil convertirnos en juez de otros que están peleando, mientras uno está sentado en el escritorio. Yo no me siento con autoridad moral para juzgar si han sido excesivos o no, porque lo cierto es que los militares han tenido muchas bajas y han sentido la acción.
Nosotros tenemos el convencimiento de que la llamada ‘Vía Chilena de Construcción del Socialismo’, que empujó y enarboló como bandera la Unidad Popular y exhibió mucho en el extranjero, estaba rotundamente fracasada y eso lo sabían los militantes de la Unidad Popular y lo sabía Allende, y por eso ellos se aprestaban, a través de la organización de milicias armadas muy fuertemente equipadas y que constituían un verdadero ejército paralelo, para dar un autogolpe y asumir por la violencia la totalidad del poder. En esas circunstancias pensamos que la acción de las Fuerzas Armadas simplemente se anticipó a ese riesgo para salvar al país de caer en una guerra civil o en una tiranía comunista”.
Conversación entre Rafael Retamal y Patricio Aylwin
Finalmente citaré las palabras expresadas por el ministro de la Corte Suprema Rafael Retamal a Patricio Aylwin, cuando éste le hizo saber su preocupación por las acciones de las Fuerzas Armadas y Carabineros que afectaban la libertad y los derechos de las personas: “Mire, Patricio: los extremistas nos iban a matar a todos. Ante esta realidad, dejemos que los militares hagan la parte sucia, después llegará la hora del derecho”.[8]
Sin embargo, pasado el peligro y cuando los políticos y los jueces ya estaban seguros de que no los iban a matar a todos, nada había que agradecerle a los militares; se comenzó a criticar la severidad de la represión y de la labor antisubversiva, a perseguir a los militares que habían estado peleando con riesgo de sus vidas, a enjuiciarlos y a meterlos a la cárcel, acusándolos de violaciones a los derechos humanos.[9]
Lamentablemente, quienes angustiados y desesperados imploraban la intervención de los militares hoy reniegan del Gobierno Militar y se alían con los grandes causantes de la tragedia.
El hecho es que una vez restaurada la democracia, de acuerdo con el cronograma establecido en la Constitución Política de 1980, los mismos sectores que promovían o amparaban la violencia armada asumieron el poder político, pletóricos de odio y de deseos de venganza contra los militares que les habían impedido consumar su proyecto totalitario.
Así fue como las autoridades del Poder Ejecutivo, con la complicidad o connivencia de los poderes Legislativo y Judicial, en lugar de promover la reconciliación nacional y la pacificación de los espíritus —como lo había recomendado el cardenal Silva Henríquez— se dedicaron a hurgar en las heridas y desencadenaron una implacable persecución contra los militares; persecución a la que posteriormente se sumó con mucho entusiasmo el presidente Sebastián Piñera.[10]
Para llevar a cabo la construcción del socialismo en que está empeñada la actual coalición gobernante, dichos sectores consideran perentorio castigar el poder, la influencia, el prestigio y la capacidad de reacción de los institutos armados, para así asegurarse de que ellos “nunca más” vuelvan a intervenir en caso de que nuevamente se produzca, como en el año 1973, una situación que ponga en riesgo intereses vitales de la patria.
Por eso promueven, como lo establecen los documentos del Foro de Sao Paulo,[11] la “desvalorización de los símbolos patrios”, la “persecución mediática y judicial de quienes combatieron en la guerra contra la subversión durante la década de los 60/70” y la “destrucción moral y física de las Fuerzas Armadas y de Seguridad”.
Lo que se pretende es la neutralización de las FF.AA. mediante un proceso de destrucción, descomposición o desnaturalización, cambiándoles su rol de fuerzas al servicio de la nación por el de fuerzas al servicio del gobierno socialista de turno.[12]
Es dentro de este proceso de destrucción de las FF.AA. donde se inserta la inicua persecución contra sus miembros.
Este objetivo de destruir a las Fuerzas Armadas,[13] junto con el objetivo de sustituir el modelo de sociedad libre y de Estado subsidiario por un modelo socialista, estatista, igualitarista y colectivista, constituyen las dos grandes razones del empeño por cambiar de raíz la Constitución de 1980 que actualmente nos rige.[14]
En fin de cuentas y a modo de conclusión, podríamos decir que la persecución política en sede judicial contra los miembros de las FF.AA. y de Orden obedece a los siguientes motivos u objetivos:
- Odio y venganza de los sectores de izquierda, que reconocen en los institutos armados a quienes les impidieron consumar su proyecto totalitario.
- Contribuir al objetivo de destruir o de desnaturalizar a las FF.AA.; convirtiéndolas en fuerzas al servicio del gobierno (transformarlas en brazo armado del socialismo).
- Eliminar el escollo que representan las FF.AA. para convertir a Chile en una república socialista.
- Destruirle a los militares su capacidad moral para volver a intervenir y asumir el poder político.
- Afán de los políticos de ocultar su incapacidad, fracaso e impotencia, que llevó a Chile al borde del abismo y que puso en peligro intereses vitales de la patria; riesgo del que fue rescatado, precisamente, por los actuales perseguidos.
- Afán de esos mismos políticos de ocultar los éxitos del Gobierno Militar, que logró reconstruir un país en ruinas y al borde de la guerra civil, y lo llevó al umbral del desarrollo.
- Enviar un mensaje fuerte y claro a los militares en servicio activo, y a las futuras generaciones, sobre lo que les podría ocurrir si volviesen a intervenir.
- Aprovechamiento político de quienes piensan que persiguiendo a los militares lograrán captar más votos.
- Motivaciones de carácter económico (el negocio de las millonarias indemnizaciones por supuestos “delitos de lesa humanidad”).
Lamentablemente, no se ve cercana una solución al problema de la persecución que afecta a los veteranos del 73,[15] porque incluso quienes pidieron a gritos la intervención militar y apoyaron al Gobierno de las Fuerzas Armadas y de Orden les han dado vuelta la espalda. Y no solo eso, sino que se han sumado al coro de quienes injusta e ilegalmente persiguen a quienes salvaron a Chile y le dieron orden, paz y progreso a los chilenos.[16]
Tal y como están las cosas en la actualidad, la única esperanza de solución reside en un milagro[17] o en que a los jueces les sobrevenga un ataque de cordura y que, recapacitando, vuelvan sobre sus pasos y apliquen rectamente la Constitución y las leyes; o bien que tal ataque se produzca en la mente de los legisladores, que los lleve a aprobar una nueva ley de amnistía general como la que propongo en la obra original y que es, a mi juicio, la única vía para poner término a la iniquidad judicial.
Considerando que los militares y carabineros en servicio activo no pueden emitir sus opiniones —so pena de ser fulminantemente destituidos—, pienso que para evitar la destrucción de las FF.AA. y de Orden, y para lograr una solución al problema de los militares presos políticos, es fundamental la unión de las diversas asociaciones y organizaciones de personal en retiro de las FF.AA. y de Orden.
Una entidad potente, que agrupe a varios cientos de miles de personas, seguramente va a ser escuchada y tomada en consideración; no así la de cientos de agrupaciones pequeñas actuando en forma individual, independiente y descoordinadamente.
De allí nace la imperiosa necesidad de unirnos y de lograr que otras fuerzas se unan a nuestra causa. De allí nace, también, la enorme importancia de esta reunión y de las que, espero, vendrán en el futuro.
Muchas gracias.
Adolfo Paúl Latorre
Valparaíso, 28 de octubre de 2015.
[1] Discurso pronunciado por el capitán de navío, abogado y magister en ciencia política Adolfo Paúl Latorre durante la “Primera reunión nacional de las FF.AA., Carabineros y Policía de Investigaciones de Chile en retiro”, efectuada en Valparaíso, 28 y 29 de octubre de 2015.
[2] Imagen proyectada en la pantalla del salón de conferencias.
[3] Al respecto, a continuación se transcribe la respuesta que el autor de esta conferencia le dio a un periodista que le formuló la siguiente pregunta: “Usted utiliza el concepto terrorismo jurídico para referirse al trato recibido por militares y carabineros procesados y condenados por supuestos delitos de violación de derechos humanos, ¿podría ejemplificar con casos concretos este tipo de acciones a las que usted califica como terroristas?”.
Nuestros tribunales de justicia, con sus actuaciones judiciales inconstitucionales, arbitrarias e ilegales —como lo denuncio en mi libro Procesos sobre violación de derechos humanos. Inconstitucionalidades, arbitrariedades e ilegalidades, editorial El Roble, Santiago de Chile, tercera edición, marzo de 2015, 761 páginas— han establecido un verdadero “Régimen del Terror”, cuyas víctimas en acto o en potencia son todas las personas que durante el año 1973 pertenecían a las Fuerzas Armadas o de Orden; terror que se extiende a sus familiares.
Están aterrados quienes nunca han sido sometidos a proceso, porque saben que en cualquier momento pueden aparecer en su residencia dos funcionarios de la Policía de Investigaciones y llevarlos detenidos —incluso trasladados a otra ciudad en un carro celular, de noche y solo con lo puesto— por orden de un juez que quiere interrogarlos porque uno o dos supuestos “testigos” dijeron que él había “estado ahí” (por el solo hecho de haber pertenecido a la dotación de una repartición militar en la que supuestamente ocurrieron ciertos hechos de carácter delictivo). Están aterrados porque saben que en tal caso lo más probable es que sean sometidos a proceso y dejados en prisión preventiva “por constituir un peligro para la sociedad”. Y saben que posteriormente serán víctimas de un simulacro de juicio en el que serán atropelladas leyes y garantías constitucionales, en el que se vulnerarán principios jurídicos ancestrales del derecho penal, y en el que se pasará a llevar toda verdad, toda justicia, toda decencia y todo buen sentido. Están aterrados porque saben que los jueces cometerán descarada e impunemente el delito de prevaricación, al fallar contra leyes expresas y vigentes, tales como la Ley de Amnistía (cuya aplicación no está prohibida ni por ley interna ni por tratado internacional alguno; ni siquiera en aquellos que se refieren a los “delitos de lesa humanidad”, como por ignorancia o mala fe lo argumentan los jueces en sus sentencias, incluso los ministros de la Corte Suprema) o las normas sobre prescripción de la acción penal; las que sí les han sido aplicadas y se les aplican a los guerrilleros y terroristas que asesinaron a cientos de militares, carabineros y otras víctimas inocentes; lo que constituye un gravísimo atentado contra la igualdad ante la ley y el Estado de Derecho. Y están aterrados porque saben que lo más probable es que sean condenados, aunque no existan pruebas suficientes para ello o sobre la base de ficciones jurídicas, sin que se acrediten ni los supuestos delitos que les son imputados ni la participación culpable que en ellos les habría cabido. Y están aterrados porque, considerando su edad, tal condena será a una pena de muerte en la cárcel. Y están aterrados porque saben que cuando se hallen privados de libertad no les serán otorgados los beneficios penitenciarios que legalmente les corresponden, ni tampoco indultos u otros beneficios alternativos, aunque estén ancianos y moribundos o sufriendo graves y dolorosas enfermedades terminales.
Están aterrados también quienes actualmente están cumpliendo condenas o que ya las han cumplido, porque saben que en cualquier momento pueden ser citados ante un juez por otro hecho ocurrido hace más de cuarenta años.
También están aterrados quienes al término de un largo y agotador proceso —además de costoso económicamente y por el cual comprometieron todo su patrimonio en su defensa, perdieron su industria o fueron despedidos de sus trabajos— recayó en ellos una sentencia absolutoria o un sobreseimiento definitivo, o les fue aplicada la ley de amnistía, porque en cualquier momento ese proceso puede ser reabierto no obstante existir autoridad de cosa juzgada; la que tampoco es respetada por nuestros tribunales.
Y, aunque todavía no están aterrados, podrían llegar a estarlo los “cómplices de la dictadura”…
En fin, por la actuación de nuestros tribunales —que juzgan según lo que les dicta su ideología y no por lo que establece la ley—, están aterrados también los militares y carabineros en servicio activo, quienes temen efectuar un procedimiento o cumplir una orden que tenga el más leve aroma a “atentado contra los derechos humanos”; aunque solo se trate de la simple detención de una persona o la de interrogar a un detenido. Por esta razón los carabineros no se atreven a actuar y a aplicar la fuerza legítima del Estado contra la delincuencia y el terrorismo, que es precisamente su función, dejando a la población en la más completa indefensión. Como los delincuentes saben que los carabineros no harán uso de la fuerza, éstos no logran efecto disuasivo alguno y, por el contrario, se alienta la ejecución de más actos criminales.
No creo estar exagerando si digo que difícilmente un soldado o un mando subordinado va a cumplir una orden de disparar contra un terrorista que está colocando un artefacto explosivo, o de atacar a un reducto de guerrilleros —aunque desde allí les estén disparando, como en el caso Neltume—, sin una orden escrita en un documento firmado ante notario por el superior que da la orden y en el que se deje expresa constancia de que él será el único responsable de las consecuencias que acarree el cumplimiento de tal orden y deslindando toda responsabilidad del subordinado.
Esta situación está minando gravemente la disciplina en las Fuerzas Armadas y en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, un elemento esencial de ellas.
La penosa y lamentable actuación de nuestros tribunales se puede ejemplificar con cientos de casos concretos, que han ocurrido y que siguen ocurriendo actualmente todos los días. Para conocerlos basta entrar al portal del Poder Judicial. Lo que ocurre es que esto no se sabe, porque “no es noticia”. Y tampoco se sabe lo que yo vengo denunciando hace ya varios años, porque poderosas fuerzas del establishment tratan de evitar que se conozca, en razón de su inconveniencia para el establishment.
La verdad es que hay muchísimas sentencias aberrantes; algunas son un prodigio de iniquidad que pesarán para siempre en las conciencias de los jueces que las dictaron y que tienen el aspecto de una monstruosidad. Por ejemplo, aquellas en las que se afirma que una persona está actualmente secuestrada desde el año 1973 —incluso por “secuestradores” que están en la cárcel cumpliendo penas privativas de libertad—; o que condenan a un militar que ni siquiera estaba en el lugar en que ocurrieron los hechos; o a otro por “responsabilidad del mando”, solo por haber sido la autoridad superior de los imputados y que no tuvo participación alguna en el delito —ni en calidad de autor ni de cómplice ni de encubridor—; u otras tales como el caso de un subteniente del Ejército que, en un asombroso proceso en el que no hay autores materiales de los hechos, fue condenado a doce años de presidio en calidad de cómplice del homicidio de tres trabajadores de la industria Sumar, por el solo hecho de haber cumplido la orden de vocear con un megáfono los nombres de las personas detenidas que estaban reunidas en un grupo y que debían salir al frente; o el de un carabinero que en defensa propia dio muerte a un terrorista que le había disparado y que portaba un bolso con doce cartuchos de dinamita, motivo por el cual fue condenado a cinco años y un día de presidio luego de haberse reabierto, treinta años después, la causa correspondiente al caso en la que había sido sobreseído definitivamente por lo que existía cosa juzgada; o el caso de un joven oficial de la Armada que recientemente, después de haber transcurrido más de cuarenta años de los sucesos, fue condenado a cinco años y un día de presidio como autor del delito de “secuestro calificado”, por el solo hecho acreditado en el proceso de haber trasladado a un detenido —cumpliendo órdenes superiores— desde el lugar en que éste trabajaba hasta el Ministerio de Defensa, hecho que no es constitutivo de delito, ni siquiera común, menos aun de “lesa humanidad” como lo califica la sentencia; o el caso de un juez que ordenó encarcelar a la mujer de un cabo de Carabineros a fin de presionarla para que declarara que su marido tenía responsabilidad en la desaparición de personas, sin que en el proceso hubiese atisbo alguno de responsabilidad de esa señora, la que tenía un hijo con síndrome de Down que no hablaba y que dependía enteramente de ella, incluso para recibir alimentos.
[4] Y no truncada como lo hace el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, en el que se omiten todos los hechos ocurridos antes del 11 de septiembre de 1973 y los asesinatos de militares, carabineros y civiles inocentes, atentados con explosivos y otros gravísimos crímenes ocurridos con posterioridad a esa fecha, cometidos por los miles de terroristas y guerrilleros urbanos y rurales a quienes los militares y carabineros debieron combatir.
[5] Muchos de nuestros camaradas de armas han sido o están siendo sometidos a procesos judiciales absolutamente viciados, que son en realidad simulacros de juicio, puesto que en ellos no se aplican rectamente las leyes; por el contrario, se las atropella impunemente y se vulneran derechos y garantías constitucionales y principios jurídicos ancestrales del derecho penal.
Los jueces llegan al extremo de condenar a los militares que están exentos de culpa, sin que existan pruebas suficientes para ello o sobre la base de ficciones jurídicas; sin acreditar ni los supuestos delitos ni la participación culpable que en ellos habrían tenido los imputados; requisitos que son esenciales para poder condenar a una persona y que son respetados en todo país civilizado; lo contrario es propio de dictaduras totalitarias o de países bárbaros.
Se dice que con los juicios seguidos contra los militares se busca justicia, en circunstancias de que ellos solo obedecen a un deseo de venganza y a otros oscuros propósitos; pues si buscasen justicia también juzgarían y condenarían a los autores intelectuales y materiales de la situación que obligó a las FF.AA. a intervenir; entre ellos, a los guerrilleros y terroristas que segaron la vida de cientos de personas inocentes.
[6] Al estilo de Cuba o de la ex República Democrática Alemana, países por los cuales nuestra Presidente manifiesta especial admiración.
[7] En similares términos se habían pronunciado otros movimientos de corte marxista-leninista, tales como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
[8] Todas las citas que he señalado están perfectamente documentadas: es la verdadera historia y está al alcance de quien quiera conocerla.
[9] Todo ello mientras los autores materiales e intelectuales del desastre han eludido sus responsabilidades y han liberado a todos los guerrilleros y terroristas; ya sea mediante la aplicación de la Ley de Amnistía, de las normas sobre prescripción de la acción penal o de indultos generales o particulares; lo mismo que a los militares les es negado.
Los políticos olvidan que cuando las FF.AA. asumieron el gobierno el panorama era desolador y que el país estaba invadido por un verdadero ejército de extremistas y de grupos armados que llevaban a cabo una cruenta guerra revolucionaria irregular, cuyos miembros estaban dispuestos a matar y a morir por la revolución y que mantuvieron sus acciones violentistas y terroristas durante mucho tiempo.
También olvidan que los militares fueron convocados por los políticos de todos los grupos democráticos para combatir al ejército revolucionario que había en 1973. Ellos sabían que tal trabajo no podía ser jurídicamente impecable, dados el poder y la clandestinidad del enemigo. Por eso el ex presidente Eduardo Frei y Patricio Aylwin justificaron la dureza de los militares durante los primeros meses tras el 11 de septiembre de 1973; cuando la mayoría de las muertes y desaparecimientos tuvo lugar.
La acción de los militares fue necesaria para restablecer la tranquilidad y el orden público y para recuperar al país de la pésima condición económica en que se encontraba.
Los excesos o delitos cometidos por algunos militares, y de los cuales se ha valido el marxismo para desmerecer la gestión del Gobierno Militar, resultaban inevitables en el contexto de odio y de trastorno de todo orden que no tenía precedentes en la historia de Chile. Es imposible que una guerra civil a punto de estallar se pueda contrarrestar sin acciones violentas que permitan anular la fuerza del adversario.
Por otra parte, para nadie es un misterio que los militares son personas entrenadas para la guerra y que lo que se les enseña es a aniquilar al enemigo, con la violencia propia de las operaciones militares. Y entendieron que los civiles los habían llamado para eso.
Es difícil, por lo demás, utilizar otros métodos para reprimir a quienes estaban llevando a cabo una guerra subversiva irregular, la que se caracteriza por la utilización de diversos métodos violentos, tales como sabotajes, atentados con explosivos, acciones de propaganda armada, asesinatos selectivos o indiscriminados y otras acciones de carácter terrorista.
Hay hechos que ciertamente nadie puede dejar de condenar, pero que no son más que la consecuencia inevitable de la violencia, de los odios, los abusos y los enfrentamientos armados que desató un movimiento que quiso apoderarse del poder para instaurar en Chile un régimen marxista totalitario, al estilo cubano.
El contexto social histórico fue circunstancia decisiva de los hechos delictivos, que tenían motivaciones políticas; no fue ajeno a ellos, como puede serlo en un delito común perpetrado en condiciones de plena vigencia del orden jurídico y de paz social. No se considera la activa guerrilla urbana y rural impulsada por movimientos y partidos políticos de orientación marxista que preconizaban abiertamente la lucha armada en todo el continente para alcanzar el poder por la vía violenta; avalada por la Organización Latinoamericana de Solidaridad y en la cual Salvador Allende tuvo una destacada participación.
No es justo evaluar con los criterios de hoy delitos que son condenables, pero que se gestaron en un ambiente de odios extremos, que dividieron al país en dos bandos irreconciliables y lo llevaron al borde de la guerra civil.
Los jueces se resisten a aplicar la ley considerando el contexto en que ocurrieron los hechos y los juzgan como si hubieren acaecido en la actualidad; olvidando el entorno de odio político, de violencia, de polarización y de división entre los chilenos, que sirvió de marco a los delitos que se están juzgando. Asimismo, se resisten a considerar que los delitos cometidos por algunos militares se inscribieron dentro de la represión de los atentados terroristas que debieron combatir; delitos políticos que en una situación de normalidad no habrían ocurrido.
Sea como fuere, los militares que tuvieron participación en hechos repudiables tienen derecho a que se les aplique la misma ley que les ha sido aplicada a los guerrilleros y terroristas, pues en eso consiste el Estado de Derecho.
Constituye un gravísimo atentado al principio de igualdad ante la ley, y un atropello al Estado de Derecho, el que un militar sea sometido a proceso por un hecho ocurrido hace más de cuarenta años, con abierta vulneración de las clarísimas normas sobre prescripción de la acción penal; las que sí les son aplicadas a otros ciudadanos, como es el caso del presidente del Partido Comunista y actual diputado Guillermo Teillier, a quien a comienzos del año 2014 le fue aplicada la prescripción en la querella presentada por viudas de los escoltas asesinados durante el atentado contra el presidente Pinochet.
En todo caso, el hecho cierto es que las FF.AA. y Carabineros lograron evitar una guerra civil y rescatar a la nación de las garras del comunismo con una escasa pérdida de vidas humanas, considerando el contexto histórico que se vivía y lo ocurrido en otros países que, como España, vivieron experiencias similares.
Por otra parte, no debemos dejar de considerar que la responsabilidad principal del grueso de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en la etapa posterior al 11 de septiembre del 73 corresponde a quienes desataron la situación de guerra civil, más que a aquellos militares que cometieron esos actos como parte de la difícil tarea de conjurar la guerra civil. No estoy diciendo que los militares que hayan trasgredido tales derechos no tengan responsabilidad en los hechos; lo que estoy señalando es que los máximos dirigentes de la Unidad Popular tienen una responsabilidad todavía mucho mayor en los dolores que sufrieron sus seguidores, como resultado de la situación de guerra civil al cual los arrastraron.
[10] Quien había sido elegido con el respaldo de una coalición de partidos que en su momento apoyaron al Gobierno Militar (apoyo que estaba manifestado explícitamente en las declaraciones de principios de los partidos Renovación Nacional y Unión Demócrata Independiente).
[11] Dicho Foro de Sao Paulo —que viene a ser como un continuador de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS)— fue creado en 1990 por Fidel Castro y Luis Inácio Lula da Silva, con el propósito de discutir cómo revisar la estrategia comunista revolucionaria en medio de la crisis de los denominados “socialismos reales” en todo el mundo. La nueva estrategia formulada por ese Foro para construir el socialismo, sin renunciar a la vía armada, privilegia los métodos insidiosos según el pensamiento del comunista italiano Antonio Gramsci, tratando de controlar ámbitos tales como la cultura, las artes, la educación, la ecología, el indigenismo, los medios de comunicación social, los sindicatos, los estrados judiciales, los foros internacionales, etc.
[12] Se trata de reducirlas a la condición de instrumentos ciegos en manos de quien tenga el poder; de convertir a los militares en funcionarios moralmente neutros, cuyo único oficio consista en el manejo eficiente del arma que se ponga en sus manos; transformarlos en verdaderos autómatas, sin capacidad de opinión propia y sin conciencia de cual es el verdadero sentido de la función militar, que es la de servir a la patria.
Unas FF.AA. convertidas en guardias pretorianas del gobierno o en el brazo ejecutor de un sector político o social no puede servir a la nación y ha dado siempre malos resultados. Unas FF.AA. así corren el riesgo de convertirse en instrumento de tiranía y de corrupción, como ocurre en un país hermano donde obligan a los militares a gritar “patria, socialismo o muerte”. Unas FF.AA. así dejan de ser lo que son, dejan de ser lo que tienen que ser. Cfr. PAÚL Latorre, Adolfo. Política y Fuerzas Armadas. El Roble, Santiago, segunda edición, abril de 2015.
[13] Uno de los temas de mayor interés para las izquierdas es el de las FF.AA. Por ello es previsible que con la nueva Constitución intentarán cambiar la definición de su papel en la vida de la República —en el sentido que ya hemos esbozado—, así como la estructura del mando —para hacer más fácil su control político—, los vínculos entre las FF.AA. y sus miembros —a fin de buscar una división interna y la disolución de los estrictos lazos de jerarquía y subordinación— y otras medidas que permitan lograr una completa neutralización de ellas; tales como una disminución de personal y de recursos, una minimización de sus funciones, la intervención en sus políticas de admisión, el despojo de su mística y de sus valores tradicionales —a través del cambio de uniformes, ritos, símbolos y ceremonias, la prohibición de actos de carácter religioso, etc.— y la forma en que ellas podrán escribir su propia historia y la de Chile.
En relación con el objetivo de destruir a las FF.AA., cabría comentar que con esta persecución política en sede judicial tal objetivo ya se ha logrado en gran parte, puesto que con ella se ha minado seriamente la disciplina, uno de los elementos esenciales de éstas. En la actualidad, lo más probable es que un soldado o un mando subordinado se resista a cumplir una orden que tenga el más leve aroma a “atentado contra los derechos humanos”. Si los miembros de las FF.AA. y de las Fuerzas de Orden y Seguridad no están dispuestos a usar la fuerza —lo que es consustancial a la función de tales Fuerzas—, tales instituciones pasarían a convertirse en una especie de orden monástica.
[14] No se trata de una simple reforma de ella; lo que se pretende es cambiar las bases de la actual institucionalidad para construir el paraíso socialista. Se trata de destruir los fundamentos sobre los cuales se sustenta el exitoso sistema económico e institucional que nos rige, con el pretexto de que la Constitución de 1980 es “poco democrática”, porque ella fue redactada y promulgada bajo una dictadura.
Este último argumento es discutible, pero si así lo fuese, lo cierto es que ella ha sido legitimada por diversas modificaciones que le han sido introducidas y aprobadas ya sea plebiscitariamente o por los legisladores que fueron elegidos al amparo de las normas de esa misma Constitución que están impugnando, lo que resulta ser un completo absurdo.
A mayor abundamiento, cabe consignar que durante la ceremonia de promulgación del decreto supremo que estableció el texto de la Constitución de 1980 refundido, coordinado y sistematizado, con todas las reformas que le habían sido introducidas —incluyendo las del año 2005— el presidente Ricardo Lagos declaró: “Este es un día muy grande para Chile, tenemos razones para celebrar. Tenemos hoy, por fin, una Constitución democrática, acorde con el espíritu del Chile, del alma permanente de Chile”.
En relación con este proceso de cambio de la Constitución, promovido por la actual coalición gobernante, cabría hacer algunos comentarios:
Lo que normalmente ocurre en una agrupación de personas es que sean los sectores más radicalizados, más decididos, violentos y agresivos, quienes lleven la batuta; como ocurre, por ejemplo, en el ámbito universitario, en el que una muy reducida cantidad de alumnos se “toma” los recintos de la universidad y paralizan toda actividad docente o académica durante largos meses, sin que la gran mayoría, perjudicada por tal receso —al ver coartada su libertad e impedida de ejercer su derecho a estudiar, por el que por lo demás están pagando— haga algo para reanudar la normalidad.
En el caso de la actual coalición gobernante, tal papel —de sector más radicalizado— está representado por el Partido Comunista, el que con paciencia y perseverancia, sin prisa pero sin pausa, va tras su objetivo permanente, claramente expresado en el Manifiesto Comunista y que se ha mantenido inalterable no obstante el tiempo transcurrido desde su publicación. No debemos olvidar que el proyecto de dicho partido y de la izquierda en general es de largo plazo y que, por lo tanto, trasciende el horizonte temporal de un gobierno determinado. Recordemos lo expresado por el alto dirigente comunista Luis Corvalán, al ser consultado acerca del destino de las armas internadas por la caleta nortina de Carrizal Bajo y que aún no habían sido encontradas declaró: “hay que guardar las armas por si las moscas“.
[15] Al respecto, el ex Comandante en Jefe de la Armada, Miguel Ángel Vergara, comentando en una carta al Director una columna escrita por el ex Comandante en Jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre, manifestó: “Mi amigo Juan Emilio Cheyre hace un loable llamado a la clase política para que asuma la cuota de responsabilidad en los hechos que llevaron a Chile al quiebre institucional y se decidan a dar una solución —en el marco de la ley— a quienes aún no encuentran sitio en el Chile actual’. Sinceramente, lo creo muy difícil, porque en unos prevalece el odio, otros buscan beneficios económicos, los de más acá temen perder votos y los de más allá viven su cómoda indiferencia. Como si eso no bastara, los únicos sindicados como responsables esperan su condena y no molestan a nadie. Así, ¿para qué revolver aguas?”.
[16] Esta inicua e inmisericorde persecución contra los militares está actualmente siendo profundizada a través de un proyecto de reforma constitucional que prohíbe el perdón entre hermanos, al establecer que los delitos de lesa humanidad —según los jueces, todos los delitos cometidos por militares lo son; incluso si un militar le pegó “una chuleta en el trasero” a un detenido, como lo manifestó un alto personero del gobierno de la Concertación— serán imprescriptibles e inamnistiables, cualquiera sea la fecha en que se hayan cometido; serán, además, inindultables y quienes hayan sido condenados por ellos no podrán ser objeto de beneficios alternativos, penitenciarios o de cualquier naturaleza, que importen reducción o sustitución de las condenas privativas de libertad.
[17] O en una circunstancia o situación política excepcional que atente gravemente contra el orden institucional de la República o la supervivencia del Estado, la que puede ocurrir en cualquier momento, pues a mi juicio la estabilidad política de Chile, que tanto se pregona, es más aparente que real.