Abogados de militares procesados

Señor Director:

Durante los últimos años asumí el deber de defender, como abogado, a muchos soldados sometidos a causas penales, por presumirse su participación en actos de violación a los derechos humanos. Soldados en actual retiro y en servicio activo. Oficiales que en los años de 1973-1980 eran subtenientes o tenientes, el grado más bajo del escalafón de nuestras Fuerzas Armadas, llamados oficiales subalternos. Al momento de los hechos por los que se les acusa, tenían en promedio unos 22 o 23 años de edad.

Por todas estas defensas -lamento tener que decirlo en público- jamás cobré un peso de honorarios. Tampoco los gastos que suponen estas gestiones. Fue la convicción de un deber patriótico la que nos movió a actuar de esta manera, y sentimos por ello una satisfacción íntima.

Por lo mismo, he dispuesto de plena libertad para fijar las líneas centrales de la única defensa y explicación verdadera que Chile debe a Chile acerca de por qué sucedió lo que hoy todos lamentan con sinceridad que juzgo muy relativa y más que sospechosa.

Esta línea de defensa fue pública en el caso del brigadier Krassnoff, y se expuso con todos sus antecedentes ante la Corte Suprema.

La responsabilidad por lo sucedido fue institucional; todo el Estado, incluido el Poder Judicial, participó de ese triste proceso. Los tenientes del 73, obligados e instruidos especialmente, fueron instrumentos inconscientes de una acción que, en su origen y desarrollo, obedeció a políticas de Estado aprobadas por todas las principales autoridades políticas desde los años de 1955 en adelante, con fuerte injerencia, participación y adiestramiento de potencias extranjeras.

Cuando esa defensa se sostuvo, públicamente, muchas personas -todas aquellas con quienes hablé: jueces, políticos, militares y autoridades públicas actuales bien conocidas- me dijeron: “tienes toda la razón, es muy valiente tu posición, pero es imposible de asumir y aceptar sin que todo el andamiaje se nos venga abajo”…

El general Cheyre, seguramente con gran dolor, reconoció la responsabilidad institucional del Ejército en estos hechos que sirven de causa a los juicios penales contra militares, aunque sin aquella tajante claridad que tanto bien le habría hecho a la historia y presente del país.

Como a Dios gracias no llevo ninguna vela personal en esta nueva procesión de declaraciones acerca de quién debe o no pagar los honorarios de los abogados de los militares procesados, puedo decir con la misma libertad: si el Estado ha reconocido su responsabilidad al pagar altas indemnizaciones a las víctimas de derechos humanos (pues si no fuera responsable, nada justificaría dicha obligación), y si ha proporcionado a través de muchos medios asistencia profesional a las mismas víctimas para sostener sus demandas, es igualmente justo que, existiendo responsabilidad institucional reconocida del Ejército, deba esta institución del Estado pagar la asistencia jurídica a sus soldados procesados. Porque, obsérvese bien y con equidad sincera, todos esos jóvenes oficiales fueron también víctimas de un sistema y de una política de Estado de antisubversión que se definió como tal, se financió, se desarrolló y se premió desde 1955 sin variación, incluido el tiempo del gobierno del Presidente Allende.

LUIS VALENTÍN FERRADA V.
Abogado