Crisis institucional

Me atrevo a afirmar que Chile se halla en vías de una nueva crisis institucional, debido al progresivo debilitamiento del Estado de Derecho. Una manifestación de ello es el hecho de que una de las principales instituciones llamadas a garantizarlo, como lo es el Poder Judicial, contraviene los principios de legalidad y de supremacía constitucional.

Estos principios son gravísimamente atropellados en los procesos denominados “de derechos humanos”, cuando los jueces califican hechos delictivos ocurridos hace cuatro décadas como delitos de lesa humanidad; pues la ley 20.357, que los estableció, entró en vigor el 18 de julio del año 2009 y no puede ser aplicada retroactivamente.

El principio de legalidad es un principio esencial del derecho penal, que no solo está garantizado por nuestra Constitución Política —“ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración”— sino que, según lo dispone el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no puede suspenderse en situación alguna, ni siquiera en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado.

Por  Adolfo Paúl Latorre, Abogado