Carta enviada a El Mercurio y no publicada:
Señor Director.
Con verdadero beneplácito, somos testigos de la constante preocupación de la primera dama, señora Cecilia Morel y de sus colaboradores, por los problemas del cada vez más creciente segmento de la población nacional, representado por los adultos mayores.
En efecto, las múltiples actividades implementadas y desarrolladas al alero del programa Adulto Mejor, han contribuido notablemente a instalar las condiciones que permitan a no mucho andar, alcanzar el objetivo de lograr que nuestros adultos mayores, se sientan respetados, valorados e integrados. El Consejo Ciudadano de Personas Mayores, por su parte, sirve de soporte y centro de pensamiento que genera las políticas que se materializan en el citado programa.
En el marco descrito – que a nuestro juicio incorpora adecuadamente al ámbito interno, los postulados de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, promulgado por Chile mediante Decreto 162, de 7 de octubre de 2017, del Ministerio de Relaciones Exteriores – es que proponemos verter esta mirada eminentemente humanitaria, sobre un grupo de personas mayores hasta ahora olvidadas por el programa y que constituyen sin duda uno de los sectores que con mayor urgencia y estado de necesidad, requieren especial atención y cuidado. Nos referimos a los adultos mayores privados de libertad por estar cumpliendo condenas judiciales en diferentes recintos penales de país. Solicitamos a la primera dama incorporar a estas personas, considerando su especial vulnerabilidad, propendiendo a que se cumpla el espíritu y la finalidad contemplada en la propia Convención, cuanto declara, en su artículo 13, que los estados parte promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos.
Luis Díaz Urcullo
Presidente ONG Cruzada por la Reconciliación Nacional y DD.HH.
