La razón humanitaria
La razón humanitaria
LA CORTE Constitucional colombiana ha dado luz verde a la realización de un plebiscito respecto al proceso de paz entre el gobierno de ese país y las Farc, iniciado hace ya cuatro años.
Uno de los temas que mayor controversia ha provocado en el proceso ha sido el de la justicia transicional, esto es, cumplir con la obligación de investigar, juzgar y sancionar los delitos que se cometieron durante los períodos de conflicto interno, debiendo equilibrar el objetivo de lograr la paz y la reconciliación de manera estable y duradera con los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Para ello, Colombia debió incluso modificar su Constitución permitiendo la selección y priorización de los casos a juzgar, dando espacio a beneficios penitenciarios y medidas alternativas de ejecución penal para los máximos responsables de los crímenes, hayan sido agentes del Estado o de los grupos armados.
Lo que está haciendo Colombia nos permite reflexionar sobre nuestro país. Por qué en Chile no hemos logrado, después de 40 años, superar las divisiones del pasado. Nuestra transición fue producto de un acuerdo tácito entre las fuerzas políticas del momento y, por lo mismo, mucho menos institucionalizado que lo que está siendo el proceso colombiano. Pero además, los tribunales de justicia han investigado, juzgado y condenado los crímenes de la época sin un marco de acuerdos de paz definido y sin pasar por la necesaria ponderación de un sistema de justicia transicional.
Y políticamente todos los sectores políticos han condenado toda forma de violación a los derechos humanos, en cualquier tiempo, lugar o circunstancia y han asumido, al igual que las FF.AA., el compromiso de nunca más.
Hoy se nos presenta una oportunidad para ponderar los derechos de las víctimas con dar un paso hacia esa necesaria reconciliación. El padre Fernando Montes, secundado por emblemáticos abogados de derechos humanos, como Héctor Salazar y José Zalaquett, han puesto sobre la mesa la posibilidad de permitir, para todas las personas condenadas, la interrupción de penas privativas de libertad y reemplazarlas por reclusión total en sus casas, para aquellas que sean mayores de 75 años o se encuentren gravemente enfermos. Además, en el Senado se ha aprobado un acuerdo suscrito por 19 parlamentarios de distintas tendencias, haciendo un llamado a la Presidenta para que envíe un proyecto de ley que permita alcanzar este objetivo. Al mismo tiempo, senadores han presentado tres proyectos de ley con apoyos transversales para avanzar en la materia.
Esto de ninguna manera significa impunidad. Las personas que podrían ser beneficiadas han sido juzgadas por tribunales independientes y fueron declaradas culpables de los hechos que se les imputaban, debiendo cumplir con la condena que se les asignó. Esto, sin embargo, no puede hacernos olvidar que ellos también son seres humanos y que, fundados en consideraciones humanitarias, podemos contribuir a que cumplan sus penas en forma digna y compasiva. Está todo para avanzar en esta materia, no debemos dilatarla más, por cuanto se puede llegar tarde para varias personas. Como dijo el padre Montes “superar el dolor por el perdón, sana”.