Activismo judicial

El diputado Ernesto Silva ha escrito una interesante columna sobre el activismo judicial, a propósito de opiniones de mérito emitidas por la Corte Suprema al informar sobre un proyecto de ley.

Es evidente que los jueces han cambiado, en el sentido de convertirse en actores relevantes de diversos debates y que, ya sea a través de sus resoluciones o de opiniones en la prensa, esgrimen puntos de vista cuyo fundamento está mucho más allá de la mera aplicación del Derecho. Hemos entrado así, a propósito del llamado “gobierno de los jueces”, a una discusión de enorme trascendencia en una sociedad como la nuestra, especialmente ahora que nuestros gobernantes postulan incorporar constitucionalmente el concepto de los derechos sociales.

Legisladores y jueces comparten el hecho de tener un vínculo esencial con la justicia; a los primeros se les encarga la dictación de normas de Derecho, generales y abstractas, que buscan modelar un orden social justo. Los segundos, en cambio, aplican la noción de justicia contenida en dichos preceptos generales, para resolver conflictos particulares.

Por ello el legislador no debe arbitrar lo que es justo en lo particular y el juez no debe administrar justicia con pretensión de generalidad. Sin embargo, parece tomar fuerza la actitud de jueces cuyas actuaciones trasuntan la aplicación de criterios personales de lo que es socialmente justo; expresan así su deseo de modelar la arquitectura del edificio de la justicia y no de colocar cada día el ladrillo que les corresponde, de acuerdo con los planos diseñados por la política.

Me parece que, en esta dimensión, la justicia se ha politizado; es irrelevante si los jueces son de izquierda o derecha, en la medida que ejerzan la función jurisdiccional en su sentido más propio. Suplantar el rol del legislador a través de las resoluciones judiciales es de las peores cosas que le pueden pasar a un Estado Democrático de Derecho, porque la objetividad que debe proveer la ley se desvanece y con ello la institución judicial se vuelve una lotería, en que el ciudadano queda entregado a las particulares concepciones que tiene el juez al que le tocó conocer de su conflicto. El llamado gobierno de los jueces solo conduce a que las sociedades se queden sin gobierno y sin jueces.

Gonzalo Cordero M.