Muchas personas se han abismado de la protesta contra su propio diario de periodistas de “La Tercera” y de su Sindicato de Periodistas y Afines, como también del Colegio de Periodistas, por el hecho de que aquél haya publicado una inserción pagada reproduciendo dos páginas que ya habían aparecido en el periódico en 1986, con fotos de uniformados y policías asesinados por el terrorismo de izquierda, bajo un titular de agradecimiento a los sacrificios de las fuerzas armadas y de orden por la gesta libertadora del 11 de septiembre de 1973. La califican de “antidemócrata”.

Creo que desde que existían regímenes nacistas y comunistas (de los cuales quedan todavía especímenes menores, como Cuba y Corea del Norte) no se veía a periodistas afines al oficialismo romper lanzas contra la libertad de información. Resulta penoso que esto se reedite en el Chile de hoy, confirmando que se cumple el deseo de S. E. de que nos parezcamos cada vez más a la RDA.

Lo esperable y lógico habría sido que el periodismo hubiera protestado contra el cercenamiento que sufrió nuestra inserción, porque ella se publicó censurada por “La Tercera” (que no rebajó del precio del aviso las líneas que borró). “El Mercurio”, cuando quisimos contratar la inserción allí, tampoco aceptó re-publicar sus propias páginas de 1986 y manifestó que sólo lo haría censurando partes de su texto. Finalmente optamos por “La Tercera” por darnos más facilidades y cobrar un precio menor. También el diario digital “El Mostrador” se negó a aceptar la publicación pagada de ambas páginas y la lista de 400 patrocinantes de la inserción.

Un contribuyente en dinero a la publicación nos demanda impetrar ante el Sernac la Ley del Consumidor, para pedir una sanción contra los medios que se negaron a publicar el material solicitado, a título de que cometieron la infracción de “negativa de venta”, que está penada, lo mismo que la venta condicionada a la censura previa. Pero no tenemos la intención de hostilizar a los diarios, porque sabemos que son presa del temor a la justicia de izquierda que impera en el país y prevarica impunemente, condenando a personas por delitos inexistentes, como el “secuestro permanente”, que un juez de izquierda confesó que era una “ficción judicial”; o por “delitos de lesa humanidad”, tipificados sólo a partir de 2009 en nuestro medio, con la expresa declaración de que no pueden aplicarse retroactivamente (innecesaria, porque nuestra Constitución y el derecho penal ancestral consagran la irretroactividad de la ley penal).

Pero el hecho es que, aprovechando este vistoso atropello del “estado de derecho”, cualquier abogado de izquierda puede sentirse confiado en la parcialidad de los jueces y querellarse contra un diario diciendo que es delito publicar el nombre del autor de un atentado, y finalmente cobrar una cuantiosa indemnización, aunque el diario ya antes haya publicado eso en 1986, sin que ello constituyera delito. Es uno de los costos de tener una justicia de izquierda.

El punto está en que sean los periodistas los que repudien la publicación de la información y apoyen la censura total. Esto revela el grado al que ha llegado la manipulación de la verdad histórica en nuestro país: no se pueden siquiera dar a conocer los crímenes terroristas ni la amenaza armada que representaban los grupos guerrilleros de extrema izquierda. Les es preciso borrar de la “historia oficial” hasta documentos que deberían formar parte de la investigación historiográfica, como los que aparecían publicados en los diarios de hace treinta años.

Es frecuente que la izquierda proteste porque, dice, los principales medios “están en manos de la derecha”. El reciente episodio sirve para desmentir eso, pues sólo ha conseguido demostrar que, en los hechos, tales medios están controlados por la izquierda, a tal punto que no pueden siquiera publicar sin censura un documento aparecido en ellos mismos hace treinta años y que revelaba víctimas caídas a manos de la acción armada extremista, oficialmente hoy única “víctima”.

Lástima grande es, entonces, que hasta la propia derecha se haya hecho parte de este cuadro de desinformación general que vivimos en el Chile actual.

Por Hermógenes Pérez de Arce