Insultos y falsedades



Insultos y falsedades

UNA DE las imágenes de la semana fue la dirigente de la CUT Bárbara Figueroa, gritando improperios al ministro de Hacienda desde la galería de la Cámara de Diputados, con ocasión del trámite del proyecto de ley que otorga un reajuste de remuneraciones al sector público. Ciertamente que impresiona que una dirigente de una central sindical pueda perder a ese nivel los estribos, y en el lugar que es símbolo del debate democrático.

Pero hubo otro incidente similar: un dirigente increpó en la calle al ministro del Interior por la misma causa, argumentando que “la gente se está cagando de hambre”. Y que resulta más desconcertante que el anterior, porque lo que dijo el dirigente es falso. No es cierto que la gente en Chile se esté muriendo de hambre y menos los funcionarios públicos, cuyas remuneraciones han aumentado sistemáticamente en términos reales desde hace mucho tiempo. Más aún, el país ha avanzado en los últimos 35 años en reducción de la pobreza e incrementado el bienestar general en niveles antes desconocidos, y que no tienen igual en Latinoamérica.

Lo grave está en que ningún político sale a desvirtuar aseveraciones extraviadas como esa y, entonces, queda la sensación que son reales. Una sensación que pasa a constituir la base del debate y las decisiones que se adoptan.

Despejados los argumentos sensibleros y las descolocaciones, lo que ocurre es que los funcionarios públicos quieren ganar más por lo que hacen, pretensión que todos tenemos. Pero los ciudadanos tenemos derecho a preguntarnos si se lo merecen, si prestan mejores servicios y han hecho más en nuestro beneficio, como para ganarse una mejora de remuneraciones. Habría que preguntarles a los chilenos si los atienden mejor y en menos tiempo en los consultorios de salud, en el Registro Civil o las municipalidades; o si cuando fueron víctimas de un delito el fiscal a cargo de su caso hizo algo por aclararlo. Si se hiciera una encuesta al respecto, no es muy probable que las respuestas fueran positivas. Por eso es que los dirigentes sindicales en vez de exhibir logros al momento de pedir más plata, prefieren recurrir al improperio o a la imagen lastimera para fundar sus “reivindicaciones”. Y los chilenos pisamos el palito, quejosos y solidarios como somos, sin darnos cuenta que con nuestro esfuerzo, a través de los tributos, pagamos los sueldos de los funcionarios públicos y que no siempre recibimos los servicios a que tenemos derecho, o en calidad, tiempo y forma.

Que hay problemas en ese ámbito y que es indispensable mejorar, lo han reconocido diversas leyes que han fijado bonos a los funcionarios por cumplimento de metas individuales y por servicio público. Leyes que se han visto defraudadas cuando abundan los antecedentes, incluidas recientes notas de prensa, que muestran cómo ellas se dan por cumplidas sin más y con altas calificaciones para todos, pagándose los incentivos a casi la totalidad de los funcionarios en todos los servicios. Lo cual contradice, también, la ley de las probabilidades y la evidencia más palmaria. Pero como nadie va a hacer nada, las reivindicaciones serán cada día más violentas, porque queda demostrado que es lo que funciona.

Por Axel Buchheister