Operación Topógrafo: exjefe de Inteligencia del Ejército arremete y pide cambio de Fiscalía tras filtración de informe y pide cambio de Fiscalía tras filtración de informe

La Tercera

Una nueva arremetida judicial realizó el exdirector de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) Schafik Nazal, ocurrió durante las últimas horas, luego de que el abogado de quien se encuentra imputado en la denominada “Operación Topógrafo” solicitara al fiscal nacional, Ángel Valencia, el cambio de la Fiscalía que investiga los presuntos 12 delitos de interceptación ilegal de comunicaciones, entre ellos a periodistas.

La acción de Nazal, quien está en prisión preventiva al igual que el exjuez de la Corte de Apelaciones de Santiago Juan Antonio Poblete, se da luego de que la semana pasada también solicitara al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago excluir como querellantes al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en la arista de la “Operación Topógrafo”, la denominada “tráfico de influencias”.

Tráfico de influencias: exdirector de Inteligencia del Ejército pide excluir al INDH como querellante

Arista que surgió desde un informe de la PDI por la revisión del teléfono de Poblete, donde quedaron al descubierto conversaciones del exmagistrado con ministros de la Corte Suprema en la que se hablaba de obtención de cargos en el Poder Judicial. Conversaciones, dadas a conocer por Ciper, que han afectado la causa original, a juicio del abogado de Nazal, el penalista Juan Carlos Manríquez, que también han influido en la situación procesal del ex DINE.

Y es que la investigación de la “Operación Topógrafos” está en manos de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y dirigida por el fiscal Jaime Retamal. Mientras que la nueva arista, por el tráfico de influencias, fue asignada por el propio Valencia hace algunas semanas a la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich. Misma persecutora a la que la defensa de Nazal pide entregar la indagatoria original.

La solicitud a Valencia

Basándose en esa situación, el penalista Manríquez envió un oficio al fiscal nacional, Ángel Valencia, para que cambie la investigación desde la Fiscalía capitalina a la de Valparaíso. Uno de los primeros argumentos del abogado de Nazal es que los querellantes del caso habían tenido acceso al informe de la PDI antes de que el resto de los intervinientes, apuntando al fiscal Retamal, quien a su juicio no tendría la objetividad requerida.

En esa línea, asegura que “los querellantes contra el Sr. Nazal habían sido tratados privilegiadamente por el Sr. fiscal Retamal”, una semana antes de que se revisara una apelación de la causa en la Corte de Apelaciones de Santiago, cuando el persecutor -según denuncia- “envió el informe policial de la Brigada Anticorrupción de la PDI y eso les dio otra ventaja por sobre la defensa”.

A eso suma que en el acta en el que el consejo del INDH decidió querellarse en la otra arista se puede leer que el fiscal Retamal “se había comunicado EN RESERVA con el jefe de defensa legal del INDH y que había compartido el informe policial de la BICRIM … SOLO CON LOS QUERELLANTES, reiterando la necesidad de ponerse de acuerdo y querellarse por estos ‘nuevos hechos’, sin perjuicio de usarlos también en la audiencia del día 6 de junio de 2024 para afectar la posición del Sr. Nazal”.

Vínculos y relaciones

Junto con apuntar a una falta de objetividad, Manríquez en su requerimiento también cuestiona una serie de conexiones entre los intervinientes. En ese sentido, apunta a que el funcionario del Ejército Rafael Harvey, querellante y víctima en el caso, tiene como abogado al consejero del INDH Francisco Ugaz.

Así como además cuestiona que en la causa también figura como víctima y querellante el periodista Mauricio Weibel, quien -señala- es colaborador con el medio Ciper, el que publicó el informe de la PDI. Por lo mismo, reitera que el fiscal Retamal entregó el informe primero a esos intervinientes.

“De este mapa de relaciones salta evidentemente a la vista que el fiscal Sr. Retamal proveyó solo a los querellantes nombrados de un insumo procesal antes que a las defensas, el que fue usado para diversos fines, menos para su pertinencia en relación con la causa de mi defendido, dejando expuesto un consorcio interesado y falto de objetividad, que vulnera el deber legal estatuido en la ley y en el Código de Ética del Ministerio Publico”, señala el escrito de nueve páginas.

Mario Desbordes (RN) acusa que querella del INDH por tráfico de influencias posee “finalidad política” en su contra

A juicio de la defensa de Nazal, “esto obviamente lo priva de la imparcialidad necesaria para seguir adelante con esta investigación, de la que fluye un claro sesgo confirmatorio y perjudicial hacia mi cliente a todas luces”.

Junto con eso, Manríquez también apunta a que la publicación de Ciper sobre las presuntas influencias de los ministros de la Corte Suprema en nombramientos “podría ser usado como un arma de amedrentamiento o de inhabilitaciones de ese pleno de ministros, afectando también el debido proceso y el derecho al juez natural e imparcial”.

Por último, la solicitud enviada por el abogado con la que pide que la indagatoria quede en manos de Perivancich, concluye que a juicio de Nazal “estos hechos configuran una grave violación del deber de objetividad, configuran una deslealtad procesal, pueden dar lugar a ventajas y aprovechamientos indebidos para otros fines extra causa y siempre y en todo caso causando perjuicio al derecho fundamental al debido proceso de mi defendido, e infectando de prejuicio y sesgo la posición de la Fiscalía”.

En el mismo requerimiento, también el abogado Manríquez interpone una denuncia para que el Ministerio Público investigue el presunto delito de violación de secreto de la investigación tras la filtración del informe de la PDI.

Consultado al respecto, el abogado Juan Carlos Manríquez, sostuvo que “nuestro único interés es que la objetividad sea un estándar alcanzable para todos los justiciables, sean de izquierda, sean de derecha, cualquiera sea su raza, opción sexual o religión. En estos casos, el Ministerio Público es el sostenedor de la acción penal”.

A eso agrega que debe dirigirse “en este caso en particular ha quedado en evidencia que algunos intervinientes fueron tratados con privilegios respecto de la defensa. Y eso es inaceptable en un Estado democrático. Creemos que el señor Fiscal Nacional tiene que tomar decisiones y los tribunales deben tomar decisiones porque este es un caso muy grave en que en definitiva terminan pagando el precão de unas largas prisiones preventivas por hechos completamente impertinentes a sus casos, las personas que se ven envueltas en estas verdaderas maniobras de utilización de la información pública para otros fines”.

A la Corte

Junto con enviar la solicitud al fiscal Valencia, la defensa de Nazal también recurrió a la Corte de Apelaciones de Santiago, luego de que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago rechazara la solicitud de revisión de las medidas cautelares del exdirector de la DINE, quien se encuentra preso desde hace 16 meses.

A juicio de la defensa del general (R), “la resolución del tribunal antes transcrita es ilegal y arbitraria, porque impide siquiera debatir la revisión de la medida cautelar en una audiencia oral. El principio de oralidad rige nuestro proceso penal”.

Además de eso, apunta a que el tribunal “excede de sus facultades, resuelve contra derecho y restringe el garantía fundamental de mi representado de revisar la medida cautelar de prisión preventiva”. Por lo mismo, pide al tribunal de segunda instancia que revierta la decisión del juzgado y se fije una audiencia para revisar las medidas cautelares.

Más que pensamiento estratégico, lo que requiere nuestro país es entender su cultura estratégica y modificarla

Puede que nuestros vecinos tengan más claro que nosotros mismos la cultura estratégica de Chile. Es cosa de ver cómo nos han desafiado Argentina, Perú y Bolivia en los últimos años.

por Ramiro Navajas

22 junio, 2024

El pensamiento estratégico no puede asociarse a un país, pues se refiere a la capacidad individual de los líderes y tomadores de decisiones políticas para observar, analizar, planificar, decidir y actuar acorde a los intereses nacionales, que buscan el beneficio colectivo de la nación. También implica poseer una habilidad suficientemente desarrollada para identificar y aprovechar las oportunidades y anticiparse, mediante acciones concretas, a la existencia de riesgos y amenazas.

Estamos de acuerdo que en nuestro país han escaseado en ciertos momentos, líderes que tengan un pensamiento estratégico suficientemente desarrollado para haberse anticipado y actuado ante situaciones como la que vivimos en la macrozona sur y norte, a la insurrección social del 2019, a los problemas limítrofes (especialmente con Argentina que habitualmente nos sorprende), a la llegada y acciones atroces del crimen organizado, etc.

Sin embargo, es justo mencionar la capacidad demostrada en la recuperación de las zonas afectadas por el terremoto y tsunami del 2010 y el manejo efectivo durante la pandemia por Covid-19. También se debe reconocer el esfuerzo realizado para la renovación de capacidades estratégicas que distintos gobiernos realizaron para enfrentar la demanda marítima planteada por Perú en la Haya.

Mirando desde arriba, como país tenemos que hacer un esfuerzo en formar líderes con pensamiento estratégico, cuyas competencias deben ir esculpiéndose en forma escalonada desde la educación básica hasta las universidades e institutos profesionales. El pensamiento estratégico se requiere en todos los niveles: Para gobernar el país, para desarrollar pymes y grandes empresas, para administrar hospitales, para el servicio público, en las FF.AA. y policías y, en general, en todas las actividades productivas, económicas y sociales.

Otra cosa es la Cultura Estratégica de un país, que está compuesta por los valores, creencias, tradiciones, comportamientos, decisiones políticas, estrategias nacionales y manejo histórico de las relaciones internacionales, entre otros aspectos. Abarca también la forma de implementar las estrategias nacionales, políticas públicas y hasta cómo los países enfrentan los conflictos y van a la guerra. Es justamente este concepto de cultura estratégica el que debemos comprender muy bien en nuestro caso y modificarlo para alcanzar nuestros objetivos de largo plazo y el ansiado desarrollo que buscamos como nación.

Puede que nuestros vecinos tengan más claro que nosotros mismos la cultura estratégica de Chile. Es cosa de ver cómo nos han desafiado Argentina, Perú y Bolivia en los últimos años, intentando modificar tratados que fueron firmados de común acuerdo como muestra de un punto final a distintas controversias y conflictos para alcanzar una paz definitiva y estable.

Lo revelado esta semana en relación con las instalaciones que Argentina construyó en territorio chileno y su intención de fondo de cuestionar la responsabilidad única de Chile sobre el control del Estrecho de Magallanes, es una muestra que nuestros vecinos probablemente tienen muy clara la forma en que respondería nuestro país. Es cosa de escuchar las explicaciones del embajador argentino y las declaraciones de nuestro canciller.  Si bien el llamado realizado por el Presidente a las autoridades argentinas tuvo un efecto positivo y rápido para desmontar los paneles solares, nada se dijo en relación con que el único país que tiene soberanía sobre el estrecho de Magallanes es Chile y no como lo intenta establecer Argentina mediante una idea de control compartido en su Política de Defensa.

En este sentido, la actitud de nuestro gobierno no es muy distinta a la demostrada en 1994 cuando tuvimos que ceder nuestro territorio en la Laguna del Desierto o cuando el 2014 el gobierno celebraba un resultado que no beneficiaba para nada a Chile frente a la demanda del Perú.

Sería extenso definir la Cultura estratégica de Chile con claridad, pero cuando pensamos en cómo enfrentamos las crisis de seguridad interna y externa pareciera haber un patrón más bien pasivo, poco proactivo e improvisador. Sin embargo, cuando enfrentamos conflictos que nos ponen en peligro actuamos con fuerza, determinación y coraje, dispuestos a luchar hasta las últimas consecuencias.

Todo indica que, habitualmente, tenemos debilidades para manejar las crisis y fortalezas para enfrentar los conflictos. Es en esa zona tibia de nuestra cultura estratégica, entre crisis y conflicto, donde nos han maniobrado siempre nuestros vecinos argentinos. Es en esa misma zona tibia que se nos ha instalado el crimen organizado, el conflicto en la macrozona sur y la crisis migratoria en la frontera norte.

La gran pregunta es si se puede o no modificar la cultura estratégica. Pienso que sí, aunque es un proceso lento. De hecho, la nuestra, en mi opinión, ha sido hábilmente modificada por un sector político en las últimas décadas. Asimismo, la primera propuesta constitucional fracasada el año 2022, hubiera impactado a la larga nuestra cultura estratégica.

Volviendo entonces al pensamiento estratégico de nuestros líderes, si lográramos como país mejorarlo e incorporarlo en todos los niveles de acuerdo con lo ya dicho, podríamos modificar positivamente nuestra cultura estratégica, especialmente en la zona tibia (entre crisis y conflicto). Esto llevaría a que nuestros vecinos no dudarían en cumplir con los tratados firmados y la palabra empeñada hacia las autoridades chilenas. El crimen organizado y los inmigrantes ilegales pensarían dos veces antes de venir a cometer delitos en nuestro territorio, porque se encontrarían con un Estado firme y resuelto a hacer bien su trabajo, de acuerdo con el pacto social suscrito con sus ciudadanos que esperan seguridad a cambio de la libertad y recursos que le entregan.

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RAMIRO NAVAJAS

Vicealmirante (r) – MA Defence Studies King´s College London Más de Ramiro Navajas

UNA DIPLOMACIA AL SERVICIO DE UN PARTIDO POLÍTICO

Por Humberto Julio Reyes

El título de esta columna puede parecer provocativo, peyorativo incluso, pero hace un par de días diversos titulares y declaraciones me llevaron a someterlo a la opinión del paciente lector.

Los cito textualmente:

“Diseño estratégico del FA en embajadas clave explica permanencia de Velasco”.

“Nos importa y nos parece bien, como a cualquier otro partido del oficialismo, contar con cuadros en el exterior que estén impulsando nuestras políticas”. Lorena Fries, Diputada de Convergencia Social.

Si yo no hubiera entendido el sentido de lo transcrito, un lector de El Mercurio, don Héctor Ducci, viene en mi apoyo:

Después de citar la declaración de la diputada Fries, señala que “Lo considero indignante. La ciudadanía cuenta con que los diplomáticos tengan como misión única el velar por los intereses de Chile y de todos los chilenos. Esos cargos no deben prestarse para avanzar agendas personales-partidistas.

El problema es pareciera que el interés nacional suele escapar a la comprensión de quienes promueven y nombran en dichos cargos a quienes no son profesionales formados en el servicio exterior y llegan a servirlos sin preguntarse siquiera si cuentan con las necesarias competencias, más allá de su militancia a algún partido político.

Cuando existen razonables dudas respecto al manejo del reciente incidente en la boca oriental del Estrecho de Magallanes, donde pareciera haberse reaccionado con lentitud ante una información comunicada formalmente en abril, para terminar con una fuerte declaración al más alto nivel que podría haber sido innecesaria si se hubiera desplegado mayor diligencia y profesionalismo en los escalones intermedios, queda nuevamente en evidencia la debilidad de un sistema que no privilegia el empleo de funcionarios de carrera en los cargos de mayor responsabilidad.

Aclaro que el término funcionario de carrera debiera entenderse en sentido restrictivo y referido solamente a quienes han egresado de la Academia Diplomática de Chile y se han formado pasando por los diferentes grados y cargos. Quienes provengan de universidades o institutos, por meritorios que sean, debieran limitarse a proveer asesorías “en subsidio”.

Señalo lo anterior porque un reputado internacionalista, posiblemente pueda defender exitosamente a cualquier gobierno que contrate sus servicios, o ejercer con distinción en algún tribunal internacional, pero algo distinto es abrazar la defensa del interés del propio país con patriotismo y permanente dedicación.

Ojalá que en un futuro gobierno se ponga término o al menos se limite drásticamente la facultad de nombrar discrecionalmente a quienes tienen la responsabilidad de ejecutar la Política Exterior del Estado, no la de los partidos políticos.

22 de junio de 2024