Sr. HUGO DOLMESTCH URRA

PRESIDENTE DE LA EXCMA. CORTE SUPREMA

PRESENTE

Estimado Sr. Dolmestch, Junto con saludarle, nos presentamos. Somos hijos, nietos y bisnietos de ex uniformados privados de libertad. Nos hemos organizado en el dolor para llevar adelante una cruzada de amor y reencuentro por nuestros familiares privados de libertad, por nosotros, por nuestro futuro y el de las generaciones venideras.

Agradecemos y recibimos con enorme esperanza sus declaraciones respecto a nuestros familiares, pues usted los ve como lo que son: personas iguales en deberes y derechos.

 Ello, cobra mayor relevancia en el contexto actual. Durante los años 2014, 2015 y lo que va del 2016, hemos atestiguado el como la Población Penal de Punta Peuco ha aumentado en un 150%, el cómo los procesamientos masivos se han hecho cada vez más frecuentes (procesamientos de entre 60 y 80 personas a la vez), el cómo han aumentado las penas privativas de libertad en cada una de las instancias de los procesos -lo que ha determinado que existan personas que simplemente no van a vivir para cumplirlas-, la inexistencia para nuestros familiares de salidas intrapenitenciarias (dominical, de fin de semana y/o laboral) y una actividad legislativa que no busca justicia, sino que sólo tiene por objeto que nuestros familiares mueran en la cárcel.

 Ya hemos presenciado muertes en el penal, vemos día a día cómo aumentan las familias desmembradas y; somos testigos y vivimos el dolor físico y psíquico que nos ha marcado y marcará a nuestros descendientes.

 Muchos de nosotros no somos jurisconsultos, sin embargo hemos estudiado las normas nacionales e internacionales aplicables a la situación de nuestros familiares para tratar de entender lo que es nuestra vida hoy. Colegimos de ese estudio que muchos magistrados estiman que si no sancionan de una manera extremadamente severa -con independencia de las circunstancias del caso- darán cabida a la impunidad, sin embargo, en Chile desde hace mucho tiempo no hay impunidad.

 El Estado de Chile ha reparado a las víctimas. Ha reconocido su responsabilidad en los hechos ocurridos 40 años atrás, y ha juzgado y condenado a quienes en calidad de agentes del Estado han sido acusados de haber cometido, u ordenado cometer atentados contra la vida humana.

 La reparación también ha sido económica, reparación que se manifiesta en los beneficios de la Ley 19.123 y afines, tales como: becas de educación para la enseñanza básica y media; pensiones de reparación vitalicias; bonificación única compensatoria equivalente a 12 meses de pensión de reparación; Programa de Reparación y Atención Integral en Salud para dar atención especializada y preferente a los familiares de las víctimas (PRAIS); Beneficios complementarios materia de dictámenes especiales para su otorgamiento (incorporación a las Cajas de Compensación, Asignación por muerte, Fondo Solidario de Crédito Universitario, bono único de reparación para cada uno de los hijos) e Indemnizaciones pagadas por el Fisco de Chile en virtud de sentencia ejecutoriada.

Semanalmente se dictan procesamientos y condenas respecto de nuestros familiares. En lo que va del año se han dictado más de un centenar de sentencias y más de un centenar de procesamientos respecto de quienes a la época de los hechos no ostentaban jerarquía alguna ni mando. Eran simples suboficiales, oficiales subalternos, jóvenes recién egresados de las escuelas matrices de oficiales y de suboficiales, jóvenes que cumplían el servicio militar o, simplemente, personal de planta. Quienes estaban al mando, daban las órdenes y tomaban las decisiones, han muerto.

Por otra parte, sobre ellos -y en consecuencia sobre nosotros- ha caído todo el rigor de la ley. Se nos ha excluido de la aplicación de los principios y disposiciones del sistema procesal penal vigente, el que fuera instaurado en Chile entre los años 2001 y 2005; Así, somos el único grupo de chilenos al cual no se le ha aplicado ni se le aplica este sistema, que surgió en repuesta a la necesidad de incorporar a nuestro sistema procesal penal la protección de los derechos humanos, dando efectivo y cabal cumplimiento a los tratados sobre derechos fundamentales a los que ha adherido nuestro país.

Jamás hemos sido favorecidos por ninguna disposición legal que haya sido dictada para personas privadas de libertad por delitos terroristas o de motivación política. Durante el gobierno del presidente Aylwin (democracia) se indultó y liberó a 287 personas y durante el gobierno del presidente Lagos a 55 más. Todas estas personas habían cometido gravísimos atentados contra la vida humana por razones políticas, en otras palabras, se indultó a violadores de los derechos humanos. Desde hace diez años, o incluso más, que prácticamente no hay personas privadas de libertad por delitos terroristas o de motivación política cometidos combatiendo al régimen militar y hasta sus antecedentes penales han sido borrados. Todos estos indultos y beneficios han alcanzado también, a los responsables de delitos de violencia política y delitos terroristas cometidos en plena democracia.

 Hemos sido excluidos de la aplicación de la ley Nº 18. 216 y sus modificaciones posteriores que establece penas sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad, establecidas por ser compatibles con los derechos humanos al favorecer la reinserción social de los condenados y usar racionalmente la privación de la libertad, en pos de los valores y principios humanistas y democráticos.

También –en los hechos- se nos ha excluido del otorgamiento de beneficios intrapenitenciarios, los que no constituyen indulto ni perdón de la pena y hoy, se busca excluirnos del goce del derecho a la libertad condicional, a raíz de lo cual surgen las declaraciones efectuadas por usted, las que reiteramos, recibimos con absoluta y completa gratitud.

Sus declaraciones se condicen con la que es nuestra esperanza legítima: que así como ha actuado la función jurisdiccional de manera de no dar cabida a la impunidad, actúe también conjugando la justicia, el respeto a los derechos humanos y las normas de ius cogens a nuestro respecto, permitiendo dejar atrás un pasado que no pertenece a las generaciones actuales ni a las venideras y que sin embargo atormenta a estos hijos, nietos y bisnietos que le escriben y que les causan enorme sufrimiento.

 Hoy sabemos que los Convenios de Ginebra y las normas de ius cogens contemplan principios e instituciones jurídicas que responden universalmente a razones de política criminal, y que son en sí, herramientas idóneas para fines de justicia, paz social y particularmente para la reinserción a la vida ciudadana en conflictos políticos y militares, y sabemos que éstos mismos principios han de surtir efecto una vez terminada la investigación y determinadas las penas, condición que se encuentra cumplida.

Gracias a sus palabras, sabemos que con la voluntad y apoyo de nuestros juzgadores es posible dar solución a los conflictos para garantizar la convivencia pacífica entre los hombres; gracias a sus palabras sabemos que nuestra judicatura puede vernos ante la ley igual como son vistos todos los chilenos y al mismo tiempo puede hacer que los intereses jurídicos y sociales converjan de manera que en Chile se realice justicia humana y al mismo tiempo el país sane y avance.

 Gracias a sus palabras sabemos que es posible que el sufrimiento de las víctimas de ayer y hoy no sea perpetuo.

Gracias a sus palabras señor Dolmestch, vemos que nuestra esperanza legítima tiene asidero.

 Gracias por ser un verdadero garante de la justicia y de los derechos humanos, y por sobre todo, por tener la valentía de expresar su opinión.

 Afectuosos Saludos,

 Hijos, Nietos y Bisnietos de ex uniformados privados de libertad.