Las RUF son innecesarias

En relación con la carta de Cristián Araya Escobar titulada “De nuevo las RUF”, publicada en El Mercurio de Santiago el 20 de abril, cabría comentar lo siguiente:

Don Quijote le decía a Sancho: “para gobernar tanto son menester las armas como las letras, y las letras como las armas”. Derecho y fuerza son indisociables como anverso y reverso del Estado de Derecho.

Como la historia de la humanidad lo ha demostrado, sin el respaldo de la fuerza y la aplicación de la violencia física legítima del Estado para reprimir la violencia ilegítima y el crimen, no hay orden social ni interés defendido ni objetivo alcanzable ni, en suma, política posible. La existencia del Estado reposa, en último término, en el imperativo del orden y la seguridad.

Sin una fuerza armada que custodie a la sociedad contra la agresión, sea esta externa o interna, el Estado no puede existir.

El deber primero del Estado y la obligación esencial de sus gobernantes, y que antecede a todas los demás, es el de mantener el orden y la seguridad de la comunidad nacional, pues sobre tales bases descansan todas las actividades o empresas personales o nacionales que se proyecten, para que éstas puedan ser desarrolladas con normalidad y tranquilidad.

El Estado, como promotor del bien común, está obligado a aplicar la violencia física legítima, de la que tiene el monopolio, si ello es necesario para dar eficacia al derecho; para controlar, repeler o neutralizar la violencia ilegítima y el crimen; o para reprimir a quienes subvierten el orden natural, único fundamento válido para una verdadera concordia social.

Al respecto debemos tener presente que "el que tolera el desorden para evitar la guerra, tendrá primero el desorden y después la guerra" (Maquiavelo).

Habiendo manifestado lo anterior diremos que los Estados cuentan, para cumplir con tan esenciales funciones y obligaciones, con Fuerzas Armadas y con Fuerzas de Orden y Seguridad; estas últimas, en el caso de Chile, están integradas sólo por Carabineros e Investigaciones, que constituyen la Fuerza Pública (artículo 101 de la Constitución Política de la República).

Ahora bien, en relación con el proyecto de ley de “Reglas del Uso de la Fuerza diferenciadas para el control del orden público” actualmente en tramitación en el Congreso, pensamos que son innecesarias, por cuanto bastan las normas que están establecidas en los artículos 208, 410, 411 y 412 del Código de Justicia Militar (vigente desde el 19 de diciembre de 1944) que establecen claras y racionales exenciones o eximentes de responsabilidad penal para militares y carabineros. Dichos artículos dicen:

“Art. 208. Será causal eximente de responsabilidad para los militares, el hacer uso de armas cuando no exista otro medio racional de cumplir la consigna recibida.

Serán, asimismo, causales eximentes de responsabilidad penal para el personal de las Fuerzas Armadas que cumplan funciones de guardadores del orden y seguridad públicos, las establecidas en los artículos 410, 411 y 412 de este Código.

Art. 410. Además de las exenciones de responsabilidad establecidas será causal eximente de responsabilidad penal para los Carabineros, el hacer uso de sus armas en defensa propia o en la defensa inmediata de un extraño al cual, por razón de su cargo, deban prestar protección o auxilio.

Art. 411. Estará también exento de responsabilidad penal, el Carabinero que haga uso de sus armas en contra del preso o detenido que huya y no obedezca a las intimaciones de detenerse. Esto no obstante, los Tribunales, según las circunstancias y si éstas demostraren que no había necesidad racional de usar las armas en toda la extensión que aparezca, podrán considerar esta circunstancia como simplemente atenuante de la responsabilidad y rebajar la pena en su virtud en uno, dos o tres grados.

Art. 412. La disposición del artículo anterior se aplicará también al caso en que el Carabinero haga uso de sus armas en contra de la persona o personas que desobedezcan o traten de desobedecer una orden judicial que dicho Carabinero tenga orden de velar, y después de haberles intimado la obligación de respetarla; como cuando se vigila el cumplimiento del derecho de retención, el de una obligación de no hacer, la forma de distribución de aguas comunes, etc.”.

Las precitadas normas están claras para jueces que conocen a los militares y que saben de sus doctrinas —principios fundamentales por los cuales las fuerzas militares guían sus acciones en apoyo de los objetivos— entrenamiento, reglas y armas; es decir, por jueces de tribunales militares especializados; como ocurre en los países civilizados del mundo (en Chile, las Cortes Marciales respectivas constituyen la justicia de segunda instancia y sobre ellas se encuentra la Corte Suprema).

Sin embargo, en Chile, las investigaciones están a cargo de un fiscal del Ministerio Público y los militares y policías son juzgados por jueces ordinarios que no conocen las características de la profesión militar o policial, y que no les aplican las precitadas normas del Código de Justicia Militar ¡como si por estar ubicadas en ese Código no estuviesen obligados a cumplirlas! Tampoco les aplican  las eximentes de responsabilidad criminal establecidas en el artículo 10 del Código Penal sobre legítima defensa o las atenuantes establecidas en el artículo 11 de ese mismo Código. Y, para colmo de males, tales jueces ordinarios no aplican el principio de objetividad, que es un criterio que se debe seguir para actuar de manera imparcial y libre de prejuicios; es decir investigar, con igual celo, no solo los hechos y circunstancias que establecen y agravan la responsabilidad de los inculpados, sino también los que les eximan de ella o la extingan o atenúen.

La precitada anomalía en los procesos seguidos contra los militares se debe a lo establecido en la ley 20.477, que restringió la competencia de los tribunales militares y que excluyó de la justicia militar todo delito en el que existieren civiles; aunque el supuesto delito hubiese sido cometido por un militar en el cumplimiento de sus funciones.

Dicha ley establece: “Artículo 1º.- En ningún caso, los civiles y los menores de edad estarán sujetos a la competencia de los tribunales militares. Ésta siempre se radicará en los tribunales ordinarios con competencia en materia penal”.

Dicha ley fue promulgada por el presidente Sebastián Piñera el 10 de diciembre del año 2010; una fecha que, curiosamente, coincide con el Día de los Derechos Humanos.

Por otra parte los legisladores, fiscales y jueces desconocen o tienen una idea errónea de los conceptos de disuasión y del uso proporcional de la fuerza, los que podríamos describir como:

Disuasión

Hay quienes piensan que con la sola presencia de policías o de militares fuertemente armados es posible disuadir a personas o grupos dispuestos a cometer graves fechorías. Ello no es así.

La disuasión es un efecto psicológico que se logra mediante la amenaza de un daño que el agresor no está dispuesto a aceptar y que los beneficios que espera lograr si actúa no compensarían los daños que podría sufrir.

La disuasión es esencialmente ofensiva. Con ella se le debe hacer temer al enemigo, incluso, su propia victoria.

Para que el efecto disuasivo se produzca es esencial que el disuasor cuente con la capacidad material para cumplir su amenaza y con la voluntad para llevarla a cabo.

Si las fuerzas de orden y seguridad están autorizadas para usar sus armas letales solo en casos de legítima defensa cuando esté en riesgo la vida de personas, quedan sin capacidades ofensivas, disuasivas o represivas; no constituyendo una amenaza real y sus miembros reducidos a la calidad de espantajos, de meros observadores de quienes estén cometiendo o se apresten a cometer actos terroristas, vandálicos o de violencia insurreccional.

Con tal restricción para el uso de la fuerza no hay estado de excepción constitucional alguno que valga.

Si quienes están dispuestos a cometer graves atentados saben que los policías o los militares tienen prohibido usar sus armas letales o que no se van a atrever a emplearlas —ya sea por impedimento legal o porque si lo hicieren serían defenestrados o condenados a severas penas de presidio por “abuso de la fuerza” o por “violar los derechos humanos”— tienen la seguridad de que podrán actuar impunemente y no solo van a cometerlos, sino que se van a burlar de ellos.

De este modo los policías o militares no podrán resguardar exitosamente instalaciones estratégicas, servicios públicos esenciales o la infraestructura crítica; puertos, aeropuertos o torres de alta tensión; ni evitar la destrucción o el incendio de maquinarias o de medios de transporte, de bosques o sementeras, de escuelas, casas o postas rurales; de iglesias patrimoniales u otros monumentos históricos; los saqueos de supermercados, asaltos a locales comerciales, tomas de residencias particulares u otros graves crímenes.

En otras palabras los militares y carabineros quedan, en la práctica, a merced y arrodillados ante el vandalismo, el terrorismo y la violencia revolucionaria o insurreccional; como ocurrió durante la asonada revolucionaria de octubre de 2019, durante la cual los carabineros no se atrevieron a disparar ni un solo tiro, ni siquiera en defensa propia.

Sea como fuere, durante el estallido delincuencial y revolucionario del año 2019 los carabineros evitaron el golpe de Estado y la toma del palacio de La Moneda, más bien por cansancio de los insurrectos —que ejercían una violencia física ilegítima superlativa— que por una decidida y enérgica defensa policial o militar como debió haber sido; ello, a costa de que la población sufriera 19.000 eventos graves de alteraciones del orden público, el incendio del Metro de Santiago e iglesias patrimoniales; saqueos de supermercados; destrucción de bienes públicos y privados; y el ataque a carabineros con objetos contundentes, armas de fuego, bombas molotov y balines de acero disparados con hondas, lo que dio como resultado 554 ataques a cuarteles policiales, 5000 carabineros lesionados cinco de ellos con pérdidas oculares, y 1200 vehículos con daños estructurales.

Uso proporcional de la fuerza

La proporcionalidad en el uso de la fuerza no significa igualdad: que si un delincuente agrede con piedras, con un arma blanca o con una bomba Molotov a un carabinero, este debe responderle con los mismos elementos.

La proporcionalidad significa que la fuerza debe estar en proporción a la resistencia ofrecida, a la gravedad del delito, a la situación que se controla, al peligro representado por los delincuentes y al objetivo legítimo que se persigue, lo que en casos graves justifica el empleo de medios letales.

La desproporción en el uso de la fuerza no solo puede predicarse respecto de la que es excesiva para cumplir con un determinado fin legítimo, sino que también respecto de la que es insuficiente para lograrlo.

La proporcionalidad en el uso de la fuerza consiste en la respuesta a la pregunta: ¿cuánta fuerza utilizar? Obviamente, ella debe ser superior a la de los delincuentes.

El proyecto de ley en comento, que después de varias etapas con exigencias impracticables en situaciones de grave convulsión social —que requieren una reacción rápida o inmediata—autoriza a carabineros a usar su armamento letal solo en casos en que exista amenaza, o agresión actual o inminente “contra la vida del personal o de terceros o peligro de que sufran afectaciones de consideración a la integridad física” los deja, en la práctica, absolutamente incapacitados legalmente para proteger instalaciones de la infraestructura crítica u otra clase de bienes públicos o privados.

Y, si llegaren a utilizar su armamento letal a fin de cumplir la consigna recibida y que, como producto de ello, falleciere o sufriere lesiones graves algún “manifestante”, anarquista, subversivo, vándalo, terrorista, guerrillero o insurrecto, los carabineros —o militares, en su caso— serían procesados y condenados a severas penas de prisión y, por consiguiente, a la pérdida de sus empleos.

Ellos, conocedores de esta situación, naturalmente se abstendrán de actuar y “mirarán para el lado”; con lo que, en la práctica, dejarían a Chile en un grave estado de indefensión.

Dentro del proceso para dejar a Chile en la indefensión se inserta el retiro de armas de la población civil —de las personas honradas, no las de los delincuentes o revolucionarios— de acuerdo con el postulado 10 del “Decálogo de Lenin”, conocido como “Manual para tomar el control de una sociedad”: “Registre a todos aquellos que posean armas de fuego, para que sean confiscadas en el momento oportuno, haciendo imposible cualquier resistencia a la causa”. Asimismo, con el postulado 10 del “Decálogo del joven socialista” de Santiago Carrillo: “Ármate tú, mientras haces todo lo posible por desarmar a un enemigo”.

La RUF en trámite buscan desligar de su responsabilidad a las autoridades civiles gobernantes y de evitarles acusaciones o condenas por “violación de derechos humanos” en caso de que se produzcan bajas por el accionar de policías o militares durante el cumplimiento de funciones de control del orden público. Tales autoridades, hipócritamente, tratarán de lavarse las manos y de escabullir su responsabilidad ante acusaciones de “violación de derechos humanos” o de cometer “delitos de lesa humanidad” interpuestas por personas u organizaciones de derechos humanos —tanto nacionales como extranjeras, claramente sesgadas hacia posiciones de izquierda— diciendo: «no es culpa nuestra, sino que de los militares que “se excedieron en sus atribuciones”, que “abusaron de la fuerza” o que cometieron “delitos de violación de los derechos humanos”, pues ellos tenían órdenes de usar sus armas letales solo en casos de defensa propia».

La lenidad de los gobernantes para aplicar la violencia física legítima del Estado, a fin de resguardar los derechos humanos de la inmensa mayoría de la población —como ocurrió durante la asonada de octubre de 2019— es, en gran parte, producto del exitoso “discurso de los derechos humanos”, que es un arma estratégica del comunismo —los mayores violadores de los derechos humanos del mundo—; un Caballo de Troya utilizado para quitar legitimidad al uso de la fuerza y desarmar psicológica y moralmente a quienes, por deber de autoridad, están obligados en justicia a aplicar la violencia física legítima del Estado para reprimir a quienes subvierten el orden social; y que considera violatoria de tales derechos cualquier uso de la fuerza destinado a reprimir la delincuencia, el vandalismo, la guerrilla, el terrorismo y la insurrección revolucionaria.

Una eventual aprobación del referido proyecto de ley —que a nuestro juicio es irracional y contrario al sentido común, pues deja a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y a las Fuerzas Armadas sin capacidades ofensivas para disuadir, controlar o reprimir a quienes pretenden “quemarlo todo”— significaría una renuncia del Estado al ejercicio de la violencia física legítima para cumplir su obligación esencial, que es la conservación del orden público; violencia física que es legítima cuando es aplicada por la autoridad legítima; y justa, cuando es adecuada para lograr mediante ella la restitución del orden exigido por el bien común.

Cuando los gobernantes de un Estado claudican en su lucha antiterrorista y antisubversiva y restringen imprudentemente el uso de la fuerza, le están concediendo amplias ventajas a los subversivos y revolucionarios —ventajas que éstos sabrían aprovechar muy bien—, violando por omisión los derechos humanos de los gobernados al no protegerlos como es su deber, y facilitando el triunfo de la revolución y la instauración de un régimen totalitario.

El Estado no solo tiene el derecho sino que el deber de defenderse, con todos los medios a su alcance, de personas o grupos subversivos o terroristas que ejercen una violencia vandálica y que promueven la anarquía, el caos, la disolución social y la insurrección revolucionaria a fin de conquistar el poder total. Salus populi suprema lex est —la salvación del pueblo es ley suprema— era el primer principio del Derecho Público Romano, usado para justificar ciertas medidas extremas.

Finalmente diremos que la paz social solo puede alcanzarse mediante la imposición del orden recto; lo que ordinariamente lleva consigo la necesidad de aplicar violencia, para impedir la acción de quienes subvierten ese orden. La violencia física legítima es muchas veces necesaria para dar eficacia al derecho y para repeler o neutralizar la violencia ilegítima y el crimen.

La doctrina de la Iglesia católica reconoce que hay una violencia, un uso de la fuerza que es la expresión del pecado, pero hay también un uso de la fuerza que puede ser expresión de la virtud y liberación del pecado. El Papa Pío XII, en su mensaje de Navidad 1943, dijo: “En realidad, la paz no puede lograrse sino mediante algún empleo de la fuerza. Necesita apoyarse sobre una normal medida del poder. Pero la función propia de esta fuerza, si ha de ser moralmente recta, debe servir para protección y defensa, no para disminución u opresión del derecho”.

Viña del Mar, 20 de abril de 2025.

Adolfo Paúl Latorre

Abogado

Magíster en ciencia política

Reflexiones respecto de la seguridad nacional

Buena parte del problema de seguridad nacional está en la ausencia de un subsistema de inteligencia que analiza el entorno y las amenazas.

por Richard Kouyoumdjian23 abril, 2025

En las últimas semanas he analizado, con congresales y miembros de los equipos de campaña de algunos candidatos, diversos tipos de incidentes que han ocurrido recientemente, y que nuestro precario o informal sistema de seguridad nacional no ha sido capaz de manejar adecuadamente o de prevenir su ocurrencia.

Los tenemos en el subsistema de seguridad pública con las lamentables muertes de 2 jóvenes en el Monumental e incidentes de violencia relacionados, algo que se podría haber evitado si la seguridad del partido se hubiese planificado adecuadamente; el destructivo atentado realizado por insurgentes en Rucalhue que nos recuerda que a pesar del estado de emergencia imperante, la insurgencia mapuche sigue viva; los asesinatos que ocurren a diario en la capital y que ya no nos sorprenden a pesar de que superan semanalmente la decena, y en relaciones internacionales, problemas con China producto de que la empresa afectada por el atentado en Rucalhue era de propiedad estatal china en una industria estratégica en un sector afectado por insurgencia, es decir, todo mal. Adicionalmente, pero no relacionado a lo anterior, que ante reclamos de Estados Unidos, les pusimos a los chinos en el congelador el desarrollo de un observatorio astronómico en el norte de Chile que era de uso dual militar – civil, lo que obviamente no les cayó muy bien, pero que nunca debió haber sido autorizado en un comienzo. Sumado a esos ejemplos, y como una muestra de nuestra falta de profesionalismo, es que el tema de los aranceles nos pilló de sorpresa y no fuimos capaces de atender el problema a través de la institucionalidad vigente, ya sea el Consejo de Seguridad Nacional, o de la que dispone la Cancillería para estos propósitos. En resumen, todo mal y ojalá que para la próxima nos pillen confesados.

En los casos recién mencionados, el sistema no fue capaz de manejar adecuadamente o de prevenir la ocurrencia, porque por un lado, no opera como un sistema formal, como tampoco dispone de un administrador. Y por otro, no pensamos en términos de seguridad nacional y menos como un sistema integrado que administra, previene y actúa ante ocurrencias que nos afectan, nos defiende de lo que es malo para Chile, o bien busca siempre proteger el interés nacional. Buena parte del problema está en la ausencia de un subsistema de inteligencia que analiza el entorno y las amenazas, nos anticipa prospectivamente de potenciales ocurrencias, y de ser necesario, nos da las herramientas para eliminar o mitigar amenazas sea en forma preventiva o reactiva.

Dicho lo anterior, en esta oportunidad, más que concentrarme en las últimas contingencias y fallas relacionadas del sistema, lo quiero hacer respecto de algunos problemas que son de carácter más estructural, que el sistema de seguridad nacional tampoco ha sido capaz de resolver. Como son lo relativo a las capacidades de inteligencia, lo que implican las megatomas de terrenos del tipo San Antonio o Alto Hospicio;  la insurgencia mapuche en la Macrozona Sur; la inmigración ilegal y crimen transnacional que nos llega por las porosas y complejas fronteras que tenemos con Perú y Bolivia; las insuficientes dotaciones de Carabineros de Chile para atender sus obligaciones constitucionales, y de efectivos del Ejército de Chile e Infantería de Marina disponibles para labores de seguridad interior, ya sea porque deben apoyar a Carabineros o la naturaleza de la amenaza requiere de soluciones militares, como podría ser el caso de la insurgencia mapuche.

1. Capacidades de inteligencia: Llevamos casi 20 años operando con un subsistema de inteligencia precario, con insuficientes recursos, limitado a ser una oficina de análisis que funciona de lunes a viernes y sólo de 8am a 6pm. Siendo la excepción el periodo que estuvo bajo la dirección del almirante Jordán, entre noviembre 2019 y marzo 2022. Los resultados hablan por sí solos, siendo el “Estallido delictual” de octubre de 2019 su principal y más evidente falla.

La Ley que se discute en el Congreso aborda algunas de las falencias, pero está muy lejos de dar forma a algo del tipo que tiene España o el Reino Unido. Para ser claros, necesitamos una ANI que opere 24×7, que tenga la capacidad de integrar la información que generan los servicios de inteligencia de las fuerzas armadas, policías, SII, Aduanas, Gendarmería y del servicio exterior, y que tenga además la posibilidad de realizar operaciones especiales de inteligencia. Su dotación claramente necesita ser más de los 100 actualmente autorizados, y tampoco pueden ser del tipo funcionarios que están regulados por los estatutos administrativos y reglas que aplican a los empleados fiscales.

• Megatomas: Cómo que nadie se atreve a abordar lo que implican las megatomas del tipo San Antonio, o la que existe en Alto Hospicio. Se pasan la pelota entre municipios, ministerios y nadie resuelve. Pasa el tiempo y aumentan en tamaño y complejidad. Son territorios en donde el estado de derecho no aplica y en donde no ejercemos soberanía. Cualquier cosa puede estar pasando en esas tomas, y como tenemos una inteligencia precaria o inexistente, la verdad no sabemos qué ocurre en esos lugares, o cuántas personas viven en ellas.

Es claramente, y a todas luces, un problema de seguridad nacional. Es como tener un tumor que crece y crece, dejando que crezca, y no haciendo nada al respecto.

• Insurgencia mapuche: Cada vez que hay un atentado en la Macrozona Sur no acordamos de lo que ocurre en esa parte de Chile. Para que seamos claros, en las regiones del Bio-Bio y de la Araucanía tenemos grupos insurgentes mapuches que tienen reivindicaciones territoriales y de autonomía respecto del Estado de Chile. Muchas veces se visten de violencia rural, o de terrorismo, o de delincuencia, todas cosas que esos grupos permiten existan, o que existen porque la ausencia de estado y control permiten que ocurran.

Hay quienes pensaron que con el desmantelamiento de la CAM las cosas se calmarían, pero hechos como el ocurrido en Rucalhue, o el asesinato de los tres carabineros en el 2024 nos recuerdan que la realidad no ha cambiado. Que el estado constitucional de excepción de emergencia que lleva casi tres y medio años vigente solo equivale a un paracetamol que baja la temperatura, pero que no corrige o resuelve la violencia o el terrorismo realizado o patrocinado por grupos insurgentes.

Necesitamos pensar en soluciones más definitivas, las que son principalmente de carácter político, no siendo descartable una solución militar definitiva que elimine o neutralice a los insurgentes.

• Inmigración ilegal y crimen transnacional: Este problema se conoce y está identificado desde el segundo gobierno de Sebastian Piñera, pero a pesar de ello las acciones de ese gobierno o el actual nunca han atacado las causas que lo generan, o que permiten que siga existiendo. Atajar a los ilegales o la actividad criminal en la frontera ya es tarde, más aún, considerando las características de la frontera en términos de largo y altura.

Al ser considerado un problema policial y no uno de seguridad nacional, las soluciones comienzan y terminan en la frontera, no buscándose formas de interrumpir o afectar más tempranamente el flujo inmigratorio, las organizaciones que lo facilitan, la logística y lugares de donde salen. Aplica lo mismo al crimen transnacional.

Al ser declarado un problema de seguridad nacional y al estar afectado el interés nacional, perfectamente se podría pensar en operaciones especiales de inteligencia a realizarse en Perú y en Bolivia, y de ser necesario más allá. Actuar recién en la frontera es tarde e implica operar bajo la legislación nacional, con la complicación de que en la práctica las reconducciones a Bolivia o las devoluciones por vía aérea a Venezuela no funcionan. Es por eso por lo que el problema se debe resolver antes de que llegue a territorio nacional.

• Dotación de Carabineros de Chile: Un sistema de seguridad nacional identificaría tempranamente que uno de los medios principales para lograr sus objetivos en seguridad pública lo constituye la dotación efectiva y disponible de carabineros. Por alguna razón decide que la solución de los problemas es la creación del Ministerio de Seguridad Pública, es decir sólo más burocracia, ya que no viene con mayores capacidades de mando y control, o de análisis estratégico.

Carabineros tiene un problema severo de dotaciones. Tienen altos niveles de ausentismo, del 20% o peores, y su capacidad de creación de nuevos policías sólo permite cubrir las plazas vacantes por retiros o renuncias voluntarias. A ello se suma una falta de apoyo legal y político un efectivo actuar.

El sistema no reacciona ante la falta de carabineros, hace como que el problema no existe, y solo reacciona cuando se dan cuenta de que no cuentan con recursos para partidos de alto riesgo, indicando que es un problema de privados.

La belleza de analizar las cosas en forma sistémica, como ingenieros, es que las soluciones son evidentes, como también lo son las que no resuelven el problema.

• Dotaciones y presupuesto de las Fuerzas Armadas: Al igual que en el caso anterior, un sistema que tiene claridad en los objetivos a lograr se daría cuenta de que no hay suficientes soldados o infantes de marina disponibles para mantener los esfuerzos actuales en las fronteras del norte o en la Macrozona Sur. Ello, producto de que actualmente nuestras fuerzas armadas no son intensivas en personas, pero sí lo son en tecnología.

También se daría cuenta de que no los estamos usando en forma efectiva, ya que los estamos usando en modo espantapájaros y no para resolver problemas, algo que podríamos realizar en la Macrozona Sur dada la naturaleza del insurgente del problema, pero no en la frontera norte, que no es de naturaleza militar, sino más bien policial.

El uso incorrecto y no excepcional de militares en labores de seguridad interior, adicionalmente desangra los ya estrechos presupuestos institucionales, afectando su entrenamiento y capacidades bélicas, lo cual reduce su capacidad disuasiva o su potencial uso de ser necesario o estar afectado el interés nacional. Es algo que un subsistema de Defensa Nacional, que de existir, identificaría y retroalimentaría al sistema de seguridad nacional, reduciendo o mitigando el problema.

Antes de cerrar, ¿pensaron qué van a hacer con los militares del 73 que están presos en Punta Peuco, Colina 1 y otros penales? ¿Qué les parece una solución humanitaria del problema de los viejos soldados de Chile?

¿Saben que este año con suerte ingresaran solo 4.500 ciudadanos a realizar el servicio militar, a pesar del mayor sueldo que van a recibir? ¿Saben que hay menos de 1.500 soldados de tropa profesional? Con esos números, olvídense de soluciones del tipo cerrar la frontera o de establecer estados de excepción en la RM para controlar el crimen organizado, o de ampliar lo que existe en la Macrozona Sur. Piensen en forma sistémica, estratégica, con claridad en los medios y formas de uso. Partamos por establecer un Sistema de Seguridad Nacional y su respectiva estrategia. Piensen en conceptos como efectividad y eficiencia.

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Richard Kouyoumdjian

Experto en Defensa y Seguridad Nacional

SACANDOLE PUNTA AL LAPIZ

POLITICA DE DEFENSA DE ESTADO.

Bgr Gabriel Alliende Figueroa

La Defensa Nacional debería ser preocupación de todos los chilenos, en particular de las FFAA y de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Es dificil encontrar expertos en defensa fuera del ámbito de las FFAA, analistas actualizados pueden haber pero solo en campos específicos donde confluyen algunos geopolíticos de lectura que además aventuran a opinar sobre el nivel Político-Estratégico.

La “Guerra Cambió” y no estamos hablando de teatros de guerra ni teatros de operaciones, lo que cambió es el campo de batalla donde actúan las unidades militares, donde disuaden, vigilan, se preparan, entrenan y se capacitan los mandos.

El conflicto entre Ukrania y Rusia lo está demostrando, como una nueva interpretación de David y Goliat, el Dron se adueño del campo de batalla dificultandole el accionar a los tanques, acompañados por misiles de largo alcance y la artillería de presición, como el Obus autopropulsado a rueda CAESAR frances en poder de Ukrania de gran alcance y asombrosa presición y movilidad, la artillería ha desempeñado un rol fundamental en el conflicto, tanto así que hay problemas para reponer las dotaciones consumidas, en el frente Ruso la artillería es más precaria, obsoleta y no bate objetivos a las más largas distancias.

El empleo de Tanques cada vez encuentra mayores obstáculos, a cada tanque le han construido casetas de protección sobre la torre para parar o impedir el efecto de drones y misiles, la destrucción de tanques ha sido cuantiosa en el bando de Rusia y con ello también los vehículos de combate de infantería que los acompañan y protegen.

En Chile no hay política de defensa, ni siquiera logramos formar las dotaciones mínimas en las unidades bases de movilización. El personal militar es un bien “escaso”, el poder legíslativo resuelve ideológicamente para no “potenciar la fuerza” debilitando la protección de la soberanía nacional.

Se está volviendo a la década de los 40, 50, 60 y 70 donde las FFAA de Chile vivian de los excedentes de USA de la II Guerra Mundial y de la Guerra de Korea. El hombre llegaba a la luna mientras nuestro ejército era hipomovil, ayer teníamos soldados, hoy………

Hoy no es tan distinto por la falta de personal y la obsolescencia de los sistemas de armas, si queremos tener FFAA aptas para la guerra moderna, necesitamos medios modernos que sirvan de efectiva disuación y de entrenamiento de los mandos y de las dotaciones de los sistemas. ¿Tenemos drones de combate?

Hay un notable abandono político sobre los temas de defensa nacional, esto será, sin duda, fruto de extensos análisis y estudios académicos del momento y período político por el que atraviesan las fuerzas armadas. Hay una enorme irresponsabilidad política, que es facil de entender, no hay en defensa autoridades competentes, hay autoridades ideologicas.

Perú y Argentina se dieron cuenta de las características de la guerra moderna y sus políticas estan enfrentando el momento con gran responsabilidad, en Chile el período perdido nos costará decenios para recuperar nuestro status de alta competividad regional. En defensa el tiempo perdido es un costo que pagara Chile.

Carabineros de Chile en su aniversario 98

Por : Richard Kouyoumdjian Inglis

Experto en Defensa y Seguridad Nacional. Concejal por Las Condes

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No podemos seguir haciendo como que todo está bien, que no hay problemas con Carabineros, seguir pretendiendo que más de lo mismo resuelve el problema, o que el Ministerio de Seguridad Pública es la bala de plata que todo lo resuelve.

A fines de esta semana, Carabineros de Chile cumplirá 98 años. La institución fue creada un 27 de abril de 1927, por el entonces coronel Carlos Ibáñez del Campo, al reunir las policías fiscales y comunales junto a los Carabineros del Ejército de Chile, una unidad que estaba a su mando y que lo siguió estando hasta que asumió como Presidente de la República el 27 de julio de ese año.

Por un tiempo incluyó lo que hoy se conoce como Gendarmería y la Policía de Investigaciones (PDI), que al poco andar tomaron vida propia e independencia respecto de Carabineros, que era la fuerza policial principal.

Durante los años, y producto del profesionalismo que fueron demostrando, se les agregaron funciones adicionales que a la larga les fueron quitando tiempo respecto de lo principal, la capacidad de cumplir con su misión constitucional, que no es más que garantizar el orden y la seguridad en el territorio de la República de Chile, quedando lejos los tiempos en que se cumplía lo que dice su himno: “Duerme tranquila, niña inocente, sin preocuparte del bandolero, que por tu sueño dulce y sonriente, vela tu amante carabinero”.

Noventa y ocho años después de su creación, nos encontramos con una realidad preocupante que va más allá de que no están siendo capaces de cumplir con su rol constitucional, algo que las estadísticas del crimen nos recuerdan a diario.

Medios de prensa reportan altos niveles de ausentismo laboral, que varían entre un 26 y 19%, dependiendo del tamaño de las unidades operativas y, por otro lado, casi todos los alcaldes de la RM –por no decir todos– reclaman por la falta de carabineros, operando muchas comunas bajo los 2/5 de las dotaciones autorizadas, lo que se hace incluso más complejo cuando se incorpora la escasez de vehículos disponibles y la ausencia de voluntad política y soporte legal al uso de la fuerza policial. Así, no es de extrañar el cómo estamos en seguridad.

Ante el escenario recién descrito, es decir, ante el escenario de que hay pocos carabineros disponibles y los que sí están no cuentan con la tranquilidad de poder actuar con firmeza, los chilenos que disponen de medios económicos han decidido privatizar su seguridad, y si además tienen la suerte de vivir en comunas con recursos, encargarle a la seguridad ciudadana lo que antes hacía Carabineros, cosa que evidentemente no está disponible para los más pobres y para los que viven en comunas sin recursos, los que siguen dependiendo de los pocos carabineros disponibles.

Aparte del alto ausentismo laboral que, a diferencia del pasado, es menos de lesiones físicas y más de enfermedades mentales, ¿cuáles son las razones para que exista la sensación de que hay pocos carabineros?

Difícil respuesta, ya que Carabineros no ayuda mucho con su hermetismo, al no transparentar los números de funcionarios y medios disponibles, escudándose en normas de la justicia militar, lo que sumado a la realidad de que se les pide estar en todas, incluyendo ahora volver a los estadios para proteger a los chilenos de otros chilenos delincuentes que dicen ser hinchas de sus respectivos equipos, hace difícil tener un claro diagnóstico de por qué Carabineros de Chile está fallando y no está siendo capaz de cumplir con lo que indica el artículo 1 de su Ley Orgánica Constitucional, que dice:

“Carabineros de Chile es una institución policial técnica y de carácter militar, que integra la fuerza pública y existe para dar eficacia al derecho; su finalidad es garantizar y mantener el orden público y la seguridad pública interior en todo el territorio de la República y cumplir las demás funciones que le encomiendan la Constitución y la ley”.

Por eso, cuesta entender la estrategia de este y previos gobiernos de focalizarse más en la creación de un Ministerio de Seguridad Pública, que solo trae más burocracia, o de refundar a Carabineros con el fin de que deje de ser una policía de carácter militar, versus aumentar su dotación efectiva y darles el equipamiento que necesitan para realizar sus obligaciones constitucionales.

Claramente, con los alumnos que salen de sus escuelas al servicio cada año, Carabineros no está siendo capaz de aumentar la dotación efectiva sino, con suerte, reemplazar a los que salen o piden el retiro.

Esto es algo que lleva muchos años y cuesta entender que tanto los gobiernos más recientes como los altos mandos institucionales no hayan solucionado el problema. Sin carabineros en las calles, en los campos y en las fronteras, el combate a la delincuencia está perdido. Se necesitan policías y no solo soluciones tecnológicas como proponen algunos. Es hora de entender y ser claros.

Si alguien pretende resultados muy distintos a los que se están logrando actualmente contra el crimen organizado y los delincuentes sin más carabineros, detectives y fiscales del Ministerio Público, parece que está viviendo en otro Chile. El dilema político actual principal es darle más presupuesto al sistema de seguridad nacional, que incluye el subsistema de Seguridad Pública, el de Defensa Nacional e Inteligencia (ANI, más las inteligencias institucionales), al que incluyo producto de la casi ya permanente participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad interior, en soporte a Carabineros, producto de la falta de recursos de estos últimos, falta que también se está manifestando en las instituciones de la Defensa, las que han sido afectadas en sus capacidades operativas producto de los últimos recortes realizados por Hacienda en enero de 2025.

La seguridad cuesta dinero y eso es algo que al parecer es difícil de entender o que no queremos entender. Si la Hacienda Pública está apretada y no hay capacidad para aumentar el gasto fiscal, deberemos recortar gastos del Estado en ministerios y programas que no sean del ámbito de la seguridad nacional, dado que los niveles de inseguridad han llegado a niveles críticos, colocando en riesgo nuestro diario vivir.

Todo indica que tendremos que ajustar programas sociales y cosas a las que nos habíamos acostumbrado, pero sin carabineros no hay seguridad y sin seguridad no hay libertad. Es hora de pensar qué es más importante: seguridad o bienestar.

Partamos por sincerar los números efectivos de carabineros dedicados a funciones operativas. Toda estrategia requiere de claridad no solo del diagnóstico del problema a resolver, sino también de los medios disponibles. Es muy distinta una estrategia con carabineros en números razonables, que una donde son pocos.

Ya estamos viendo el impacto que significa tener pocos carabineros en las comunas y las responsabilidades que han ido tomando las seguridades municipales, o los pocos disponibles en la golpeada macrozona sur, o los insuficientes disponibles para la frontera noreste, ambos casos suplidos por recursos militares.

No podemos seguir haciendo como que todo está bien, que no hay problemas con Carabineros, seguir pretendiendo que más de lo mismo resuelve el problema, o que el Ministerio de Seguridad Pública es la bala de plata que todo lo resuelve.

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