De cara a las próximas elecciones

Por Max Silva Abbott

Una de las muchas lecciones que pueden extraerse ya, al final del actual gobierno, es que nuestra institucionalidad ha resultado ser bastante más vulnerable de lo que se creía, lo cual ha quedado de sobra demostrado con los continuos escándalos, sobre todo financieros, que han endilgado a la actual administración.

De hecho –y parece no haberse tomado suficiente conciencia de esto todavía–, tal vez el mayor problema del auténtico desfalco del cual han sido objeto las arcas fiscales, es la notable falta de servicio que ello está ocasionando en las más diversas áreas del Estado, falta de servicio que puede incluso tener consecuencias fatales, como ocurre y lamentablemente ha ocurrido con las prestaciones de salud.

No sólo eso: el hecho de tener un Estado insolvente hace que un sinnúmero de empresas y particulares que negocian con él, sufran graves perjuicios económicos, e incluso puedan quebrar, al serles imposible mantener sus emprendimientos por falta de pago, lo que a su vez, genera más despidos.

En realidad, no resulta exagerado señalar que esta lamentable situación no puede menos que haber sido prevista por las actuales autoridades. Esto es obvio, puesto que como todo el mundo sabe, los recursos son siempre limitados y las necesidades, prácticamente infinitas. En consecuencia, si se desvían fondos, es evidente que muchas de estas necesidades quedarán insatisfechas.

Por eso, no sólo le cabe responsabilidad a quienes han procedido a este desfalco por el monto de los recursos sustraídos, sino también por los perjuicios causados a la población, fruto de este doloso comportamiento. Este es un tema que debiera investigarse en el futuro.

En consecuencia, a menos que se quiera convertir a Chile en un Estado fallido (algunos dicen que en parte ya lo es), resulta imperioso un drástico cambio de rumbo, lo que exige un fuerte golpe de timón por parte del próximo gobierno, pues la situación es tan grave, que aquí ya no caben medias tintas.

Lo anterior exige así, reforzar la institucionalidad existente, a fin de evitar las fugas y escándalos antes señalados y, además, colocar gente honesta en los cargos clave, pues de poco sirve una normativa idónea, si quienes tienen el deber de aplicarla no están a la altura de las circunstancias.

Todo lo dicho hace, pues, que la próxima elección sea una de las más importantes de los últimos tiempos (aunque obviamente, toda elección lo es), dada la auténtica encrucijada en la que se encuentra Chile en estos momentos.

Finalmente, también se necesita responsabilidad cívica, lo cual exige concurrir a votar, al margen de que el sufragio sea obligatorio o no. Ello, pues el argumento de quienes no votan, en virtud del cual no les importa lo que ocurra en el ámbito político, resulta falaz; y lo es, porque las actividades cotidianas de aquellos que no voten, se verán igualmente afectadas por quienes resulten electos. De nada les servirá a los no votantes escudarse en su omisión. Por eso, al menos deben sufragar por lo que consideren el mal menor.

A votar entonces. No tendrán derecho a quejarse de su futura situación quienes pretendan desentenderse tan fácilmente de su responsabilidad cívica.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por el diario El Sur de Concepción. El autor es Doctor en Derecho y profesor de filosofía del derecho en la Universidad San Sebastián.

No confían ni en ellos mismos, vea:

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Mostrando la peor cara

Mientras el Poder Judicial está sumido en una severa crisis de corrupción, la instancia que debe fiscalizarlo muestra su peor rostro. Quizás no por azar la única institución con peor evaluación ciudadana en las encuestas que los tribunales de justicia es el Congreso Nacional

por María Asunción Poblete R.12 noviembre, 2025

El lunes se aprobó la acusación constitucional contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa. El juez fue acusado de notable abandono de deberes por presuntamente vulnerar los deberes de reserva y confidencialidad, filtrando resoluciones judiciales al abogado Luis Hermosilla y participando en nombramientos de jueces sin declararse inhabilitado. Con su destitución, ya son tres los ministros de tribunales superiores de justicia removidos en un solo año (recordemos que desde 1990, sólo se había destituido a uno, Hernán Cereceda, en 1992).

El caso ilustra la crisis del Poder Judicial, cuyos escándalos de corrupción se han sucedido in crescendo desde el “desastre de Rancagua” en 2019. Así lo confirma el nuevo informe del IES, Sistema judicial y percepción ciudadana, que aborda entre otros casos, los episodios de corrupción del Poder Judicial para explicar la profunda desconfianza pública hacia este y las consecuencias de aquello. Se trata de un poder debilitado, tensionado con la política y la ciudadanía, y envuelto en episodios que exceden las fricciones naturales entre los poderes del Estado. En particular, los casos de corrupción al interior del Poder Judicial son alarmantes no sólo por la magnitud de los hechos, sino por el deterioro progresivo de la legitimidad del “gran árbitro” que debe perseguir a los corruptos e impartir justicia. Esta pérdida de credibilidad apunta a un problema sistémico, alimentado por incentivos y prácticas internas que podrían corregirse, aunque ello exige reformas de fondo (por ejemplo, fortalecer el control disciplinario de la Corte Suprema y revisar el modelo de gobierno judicial).

Es en este contexto que debemos evaluar el caso Ulloa: el de una ciudadanía recelosa que suma este episodio como evidencia para confirmar el deseo contenido (que a ratos explota) de “que se vayan todos”. Eso explica las rápidas reacciones de los candidatos presidenciales: en redes sociales, Evelyn Matthei instó a Chile Vamos y Demócratas a respaldar la acusación, en la misma línea de la definición de Johannes Kaiser, quien suspendió su gira de campaña para votar en la Cámara de Diputados. De hecho, su discurso el 29 de octubre fue decisivo para alinear a diputados que pensaban abstenerse o rechazar: “La República no puede sobrevivir a malos jueces”, advirtió, acusando los “macuqueos” entre el Ejecutivo y el Senado que habrían corrompido el sistema. “Que ellos decidan -añadió-, pero sabiendo que todo el país les está mirando los dedos”.

A pesar de esto, y como pudimos ver esta semana, al llegar la votación al Senado las cosas se complicaron. Durante la sesión el lunes, el diputado Daniel Manouchehri -invitado en su calidad de fiscal de la acusación- aprovechó su intervención para atacar a la senadora Yasna Provoste, acusándola de participar en las operaciones fraudulentas de Ulloa y provocando reacciones indignadas. Pero los motivos del diputado son altamente sospechosos: Provoste disputa la elección en Atacama de este domingo con la diputada Cicardini, no sólo compañera de bancada de Manouchehri, sino su pareja. Luego de ese ataque, el diputado protagonizó un altercado con el senador Fidel Espinoza, al cual tildó también de corrupto. El episodio obligó al presidente del Senado a llamarlo reiteradamente al orden y, finalmente, a suspender la sesión. Su “gustito” casi cuesta la aprobación del libelo. Afortunadamente, al reanudarse la discusión, se le prohibió volver a intervenir y se concretó la votación.

El incidente es revelador: mientras el Poder Judicial está sumido en una severa crisis de corrupción, la instancia que debe fiscalizarlo muestra su peor rostro. Quizás no por azar la única institución con peor evaluación ciudadana en las encuestas que los tribunales de justicia es el Congreso Nacional (y, por cierto, el gobierno). Es difícil imaginar un panorama más crítico: la baja evaluación no hace más que confirmarse ante este lamentable desempeño del poder llamado a castigar la corrupción del Estado.

Todo esto debiera preocupar a la política, y más aún en tiempo electoral. De cara a la ciudadanía, pareciera dibujarse con persuasión la rentable imagen de la casta -compuesta por jueces, parlamentarios, funcionarios que viajan con licencias falsas, entre otros-, pues lo que ven es que trabaja sólo para sí misma, que los políticos prefieren asegurar sus posiciones antes que servir al país. Muchos se escandalizan ante el auge de las candidaturas anti-establishment que se apropian del enojo ciudadano. Y tienen razón: necesitamos salvar a las instituciones de sus peores versiones. Sin embargo, eso exige estar a la altura, y no es claro que contemos con las personas para ello.

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María Asunción Poblete R.

Investigadora IES Más de María Asunción Poblete R.

El factor de la seguridad pública en las elecciones del 16 de noviembre

Se debe entender la seguridad pública como un sistema, en donde el Ministerio de Seguridad Pública juega un rol principal tanto en la ejecución como en la coordinación, pero que el tema no se resuelve sólo vía voluntarismo o colocando cara de malo o duro.

por Richard Kouyoumdjian12 noviembre, 2025

Esta es mi columna número 100 con El Líbero. Qué suerte la mía que toque ad portas de una elección presidencial, de senadores y diputados, una elección en donde todos tenemos cifradas grandes esperanzas, una en que podría darse que la derecha a través de sus distintas versiones, pero al final derechas todas, puede incluso terminar con el control del Senado y la Cámara de Diputados. ¡Literalmente el sueño del pibe!

Las reflexiones que lleva esta columna las escribo como una persona que se ha ido especializando en temas de relaciones exteriores, seguridad nacional y pública, y defensa. No lo hago como concejal RN por la comuna de Las Condes, ello a pesar de que la seguridad comunal es una de mis principales preocupaciones.

Estoy seguro de que todos los chilenos, de diestra a siniestra, estamos de acuerdo en que atravesamos por una situación de grave inseguridad pública, y que tenemos relativamente claro cuáles son los problemas, sus orígenes y eventualmente la forma en que se deben trabajar y resolver, algo que quedó claro en el último debate realizado el lunes 10 de diciembre, ya que las aproximaciones de los principales candidatos no eran muy distintas, todos indicaban que es lo que iban a hacer pero ninguno indicó cuál era su estrategia, ninguno presentó objetivos en forma clara, algo básico ya que toda estrategia se basa en fines, medios y formas de uso. Dos tenían claro a quiénes iban a designar como ministros de Seguridad Pública y los otros sólo ideas de cómo debía ser la persona o la experiencia profesional que debían tener.

Las características que debe tener el Presidente de la República como las que deben tener los ministros de Defensa Nacional y de Seguridad Pública quedaron detalladas en las columnas que escribí al respecto en este mismo medio, características que se ajustan a lo que Chile necesita dada su realidad y problemas actuales.

No es la intención de esta columna enfocarse en la candidatura de Jannette Jara, Franco Parisi, Marco Enríquez-Ominami, o del profesor Artés. El foco está en uno de los tres de derecha que pasará a segunda vuelta y será el próximo Presidente de Chile, y por ende el que deba lidiar con los temas que nos afligen.

Los tres candidatos dicen tener estrategias de seguridad pública, pero la verdad es que tienen programas que identifican qué es lo que quieren hacer, pero para ser estrategias tiene que haber una identificación de los objetivos, los medios a usar y su forma de uso. Todos hablan de eliminar o neutralizar al Tren de Aragua, de cerrar la frontera, y de terminar con el terrorismo o insurgencia en la Macrozona Sur. Ninguno habló de la seguridad comunal, de los portonazos, de las encerronas, de los turbazos y cosas de ese tipo que afligen a las personas comunes y corrientes. Ninguno habló de apalancar sobre lo bueno que se está haciendo hoy en algunas unidades regionales del Ministerio Público y sólo una hablo de la seguridad pública como un sistema, y que producto de ello, que necesitaba un ingeniero para operarlo. Nadie indicó cómo van a financiar sus estrategias de seguridad pública, de dónde van a sacar financiamiento o de lo contrario, a quién se lo van a quitar. Los chilenos merecemos racionalidad y que se nos trate como adultos, más en un país en donde la inseguridad pública no es el único problema que nos aqueja.

Lo que se vio en el último debate, especialmente en la sección de seguridad, en la que en teoría más importa a Chile, fue una competencia de quién aparecía como más duro, buscando transmitir seguridad, carácter y firmeza. La competencia no fue por la calidad de los programas, o por quién tiene al mejor ministro. Fue una búsqueda vía imágenes que transmitían seriedad y un hablar golpeado para convencer al electorado de que eran la persona correcta para desde la presidencia liderar los esfuerzos en materia de seguridad.

La verdad es que la presidencia, a diferencia de antaño, en el Chile actual no controla todo lo que pasa en el territorio nacional. Sólo tiene el mando directo de los ministerios de Interior, Defensa y Seguridad Pública, delegados presidenciales y seremías, las policías, las Fuerzas Armadas, la inteligencia, gendarmería, aduanas, el Servicio de Impuestos Internos, y la UAF, pero no lo tiene de los gobernadores, alcaldes, tribunales, el Ministerio Público, o del Senado y Cámara de Diputados, todas instancias igualmente críticas cuando se trata del combate al narco, la delincuencia o al crimen organizado transnacional y el terrorismo que nos azota.

Un presidente y sus ministros deben entender que es tan importante lo que depende de ellos, como lo que hacen otros. Se debe entender la seguridad pública como un sistema, en donde el Ministerio de Seguridad Pública juega un rol principal tanto en la ejecución como en la coordinación, pero que el tema no se resuelve sólo vía voluntarismo o colocando cara de malo o duro. Dicho eso, los electores deben hacer el ejercicio de pensar no sólo quién tiene más carácter, pero también la capacidad de atraer los talentos necesarios y de diseñar e implementar una estrategia exitosa. Claro que suena atractivo colocar generales y almirantes a cargo, pero el problema que tenemos es más que uno de seleccionar el liderazgo adecuado, es de tener un sistema que funcioné y sea efectivo. Los chilenos tenemos derechos a ser bien gobernados y a tener un buen gobierno como bien indica Gonzalo Ibáñez en su columna de El Líbero del 11 de noviembre.

Tanto o más importante que la Presidencia es la composición del Congreso. Hay evidentemente cosas que un presidente puede llegar a hacer el día uno, pero todo lo que es más estructural depende de modificar o generar nuevas leyes, leyes que en el caso de la seguridad pública se refieren a la inteligencia, los estados de excepción, el rol de las Fuerzas Armadas, la justicia militar, la debida protección legal de las fuerzas de orden y seguridad pública, y así muchas otras cosas. Tener 4/7 en ambas cámaras sería soñado. Tener a las fuerzas de derecha no peleando y buscando lo mejor para Chile en el Parlamento sería el paraíso.

No me preocupan las críticas que se hacen a Republicanos y Libertarios por tener menos equipos disponibles para conformar un gobierno cuando se les compara con Chile Vamos. La verdad es que uno esperaría que haya muchos disponibles para esta refundación de Chile, más aún cuando hablamos de seguridad y defensa. Un gobierno necesita 100 entre ministros y subsecretarios o posiciones de rango equivalente, y otros 2.500 para completar la administración central y sus representantes regionales, algo que en materia de seguridad y defensa se puede completar rápidamente con buenos especialistas en esas materias.

Como ha sido mi práctica, e independiente de mi afiliación política, no voy a recomendar a ningún candidato a presidente, senador o diputado, pero sí les voy a pedir que basados en las reflexiones que incluye esta columna número 100, piensen por un minuto quién les da más garantía de seriedad y de éxito en lo que a seguridad pública se refiere. No podemos farrearnos esta única oportunidad que tenemos de refundar y reenderezar a nuestro querido Chile. Llegó la hora de los profesionales y dejó de ser la hora de los amateurs.

Como reflexión final es importante en todo problema ser capaces de identificar la naturaleza de este. Es distinta la solución para uno que es propiamente delictual, de uno que es del tipo terrorista, de otro que es del tipo insurgente, o de los que son del tipo crimen organizado. Unos van a necesitar de Carabineros, otros de la PDI, o de una combinación de ambos, como también los habrá los que necesitan de las Fuerzas Armadas o de operaciones especiales de inteligencia o contrainteligencia. Ya no aplica la única estrategia de presentar querellas, de pasarle el problema al Ministerio Público o de enviar la pelota al córner. Llegó la hora de asumir la responsabilidad por las órdenes que se dan. Ya no aplica hacer responsables a los soldados conscriptos y a los carabineros por las consecuencias de las decisiones que se tomen. En el debate del lunes 10 se vio a mucho candidato prometiendo cárcel o bala. Espero que el que resulte electo esté a la altura de la dignidad de su cargo y asuma la responsabilidad de mando que implica ser el comandante en jefe de Chile.

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Richard Kouyoumdjian

Experto en Defensa y Seguridad Nacional; concejal por Las Condes

Caballo de Troya

Por Rolf Lüders 

El gobierno ha propuesto un proyecto que pretende resolver el problema de las deudas por los créditos con aval del Estado (CAE) –y así cumplir con una de las promesas de campaña– y simultáneamente crear un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior (FES). En esta columna me referiré a este segundo aspecto de la propuesta, cuyo principal defecto es –como ya lo expuse en las columnas de este mismo medio el 28 de febrero y el 13 de agosto– que, de aprobarse, limitaría severamente la autonomía de las instituciones que componen el señalado sector de nuestro sistema educacional.

La propuesta gubernamental exime de todo pago de aranceles a los estudiantes provenientes de los hogares de los nueve deciles de ingreso más bajos. Para hacer posible tal gratuidad, el Fisco, por un lado, les pagaría a las instituciones de educación superior un arancel determinado por el mismo y, por el otro lado, les cobraría a los egresados lo que en el fondo es un tributo contingente al ingreso.

La discusión pública, hasta muy recientemente, ha tendido a centrarse en lo que podríamos considerar las implicancias financieras de la propuesta: afectará la calidad académica de las instituciones de educación superior, porque el arancel pagado por el Fisco sería significativamente inferior al que estas instituciones perciben actualmente; una proporción relativamente alta de los egresados tendría que pagar un impuesto que excede –para algunos en mucho– el costo de sus estudios; el pago de los aranceles hay que contabilizarlos como un gasto fiscal en vez de como un activo; el esquema terminará generando una educación de alta calidad para los estudiantes provenientes de las familias pertenecientes al 10 por ciento más rico de la población, y una paupérrima para el resto; etc.

No cabe la menor duda que la propuesta tiene los problemas recién descritos. Pero ellos no constituyen lo más grave de ella, que es su efecto sobre la autonomía de las instituciones de educación superior. Ya lo hemos señalado en otras ocasiones, el que pone la plata, pone la música. En el proceso de fijación del monto de las matrículas de las instituciones de educación superior, los gobiernos de turno podrán influenciar decisivamente el quehacer de las mismas. Demostración palpable de lo señalado se está viviendo en estos momentos en los EE.UU., en que la administración del Presidente Trump está vinculando financiamiento al cambio de ciertas prácticas universitarias.

No habría que descartar que el proyecto del FES sea un Caballo de Troya. Apunta a resolver el problema de las deudas del CAE y a proponer un nuevo esquema de financiamiento de la educación superior, el FES, pero su fin último –no explicitado– sería lograr el control estatal de las instituciones de la educación superior.

Maximiliano Murath – Candidato Diputado Distrito 9 en X:

“Jeannette Jara faltó a la verdad en el #DebateAnatel2025 al rebatir a @Jou_Kaiser. El PC sí ha votado en contra leyes de seguridad. En la ley Nain-Retamal votaron en contra los diputados comunistas: Barrera, Pizarro, Placencia, Castillo, Cuello y Serrano. También votó en contra https://t.co/rIuUVz2Yyy” / X

https://x.com/maxmurath/status/1988053458100822375