Crespo, ¿víctima o victimario?

Por Gerardo Varela 

El pasado 4 de noviembre se cumplió un año del juicio oral en contra del comandante de Carabineros Claudio Crespo, por las lesiones oculares sufridas por el integrante de la primera línea y hoy candidato a diputado por el PC Gustavo Gatica. En julio del año 2024 Crespo fue absuelto en juicio oral, por otra acusación de la fiscalía, y la semana pasada la Corte de Apelaciones confirmó otro sobreseimiento, que, agregado a dos causas más ya desestimadas con anterioridad, lo han obligado a enfrentar algo que se parece más a una persecución que a una investigación criminal imparcial.

El 8 de noviembre de 2019 fue uno de los días más violentos del “estallido social”. Los mismos manifestantes que ese día quemaron la iglesia de la Asunción, la universidad Pedro de Valdivia y atacaron la embajada argentina, se enfrentaban con un pequeño grupo de fuerzas especiales en la esquina de la calle Carabineros de Chile con Vicuña Mackenna. No era una manifestación pacífica y los carabineros estaban superados en número, llevaban 20 días consecutivos en jornadas interminables y sometidos a un estrés terrible, tratando de restablecer el orden. Los policías eran atacados con hondas, bombas molotov, piedras, postones; los conductores, cegados con láseres y, según se aprecia en las imágenes presentadas por la propia fiscalía, hasta con un arco y flecha.

En ese nivel de violencia, cumpliendo con los protocolos y en el fragor del enfrentamiento, varios carabineros hicieron uso de sus escopetas antidisturbios. Estas armas no tienen aparatos de puntería, los cartuchos llevan 12 postas de caucho y a la distancia que se encontraba Crespo de Gatica (24 metros), la dispersión de los balines es de más de dos metros. Según un experto en estadística que declaró en el proceso, la probabilidad de que esos balines impactaran en los ojos a Gatica, era de uno en 250 mil, lo que acerca las lesiones a un accidente y lo aleja de un delito.

Crespo no decidió estar en ese lugar, se lo ordenaron. Disparó la escopeta con munición no letal que le fue entregada para el servicio, para responder a las agresiones que enfrentaba. Los expertos han acreditado que la trayectoria de las postas que hirieron a Gustavo Gatica es incompatible con la posición del acusado y, sin embargo, la fiscalía ha decidido perseguirlo. Crespo ya ha sido castigado por la fiscalía con la pérdida de su trabajo, la pérdida de sus bienes, su criminalización y debiendo enfrentar varios procesos judiciales en los últimos cinco años. Un lustro dedicado a defenderse por haber cumplido con su juramento de defendernos.

La norma era expresa y pública, estas agresiones activas denominadas nivel 4 —y estas lo eran con claridad— permitían el uso de armas no letales. Esto es correcto, los abogados hemos tomado nota, pero la fiscalía parece no enterarse. El caso Gatica es un caso claro de uso racional de la fuerza, es un caso obscuro en cuanto a la autoría de Crespo y es un caso donde la duda razonable está escrita en toda la causa.

La evidencia clave presentada por la fiscalía la vimos en TV, unos videos donde solo se aprecia una manifestación violenta en que la “primera línea” agrede a carabineros que, parapetados, se defienden; se escuchan estruendos, no se aprecia bien quién dispara, desde dónde viene ni a quién le impacta. Es una evidencia confusa para culpar a alguien y muy clara para exculpar a otros.

Destinar un año a un juicio oral que suspende la vida del acusado, emplea ingentes recursos públicos con evidencia débil, no es un despropósito, es un abuso que solo busca crear un precedente que disuada al resto de los carabineros a cumplir con su deber. En el caso Crespo no está en riesgo solo su libertad, sino que la de todos nosotros.

La tragedia de Gustavo Gatica es un accidente lamentable, pero no un delito. Crespo es un hombre fuerte, decidido y respetado por sus hombres. Mide casi dos metros y es valiente como el que más. Es el primero que uno quiere a su lado cuando las papas queman. Eso no lo transforma en delincuente, lo hace un carabinero de fuerzas especiales que la fiscalía quiere transformar en victimario.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio el viernes 7 de noviembre de 2025.

Chile: Aprendiendo de la Historia

Por Gonzalo Ibáñez Santa María 

Durante el pasado mes de septiembre conmemoramos un nuevo aniversario del pronunciamiento militar que tuvo lugar el día 11 de ese mes en 1973. Y, en octubre, del estallido de violencia que comenzó el día 18 de ese mismo mes, pero en 2019.

En la primera de esas fechas el país actuó, por intermedio de sus Fuerzas Armadas y Carabineros, para poner término a la situación de caos por la que atravesábamos entonces y al afán que dominaba al gobierno de Salvador Allende, de someter a nuestro país para convertirlo en una segunda Cuba y en un lacayo de la Unión Soviética. Los chilenos no quisimos perder nuestra libertad y nos la jugamos para mantener al país en el concierto de las naciones civilizadas. Fue, sin duda una experiencia traumática. Hubo abusos de poder por parte de nuestros uniformados que deben ser juzgados, por supuesto, pero sin perder de vista el contexto en que ellos se cometieron. Y sin perder de vista lo que se obtuvo durante los años del gobierno militar: Chile entró en una senda de desarrollo única en su historia. De hecho, pasamos a ser el primer país de nuestro continente después de haber, por décadas, marchado al final. Llegamos a ser así un país muy seguro que ofrecía a sus habitantes un futuro de paz y de prosperidad.

El 11 de marzo de 1990 recomenzaron en Chile los gobiernos civiles. Estos, sin inmutarse, continuaron las exitosas políticas que tanto bien le habían hecho al país, pero renegaron del origen de estas, es decir, del gobierno militar. Grave contradicción: Chile entró en la mejor etapa de su historia, practicando estas sanas políticas, pero socavando las bases que las sostenían.

Fue por esta vía que el modelo comunista de 1973 comenzó a recobrar una aparente validez. Y, por lo mismo, las políticas del gobierno militar, heredadas por los gobiernos civiles, comenzaran a ser presentadas como ilegítimas a pesar de sus evidentes éxitos. Englobadas bajo el nombre de “neoliberalismo”, se organizó todo un movimiento destinado a ponerles término, a repudiar el régimen militar y a reponer como alternativa válida el programa marxista. El resultado fue el estallido del 19 de octubre de 2019 y, con él, la sumersión del país en una ola de violencia, pobreza, delincuencia y terrorismo. En pocas palabras, si se produjo el estallido de violencia, fue porque el país había dejado de lado la enseñanza de su propia historia.

Ese estallido, como se sabe, se apaciguó por la llegada de la pandemia de COVID que obligó a suspender las manifestaciones, las marchas y la violencia. Pero, los motivos han seguido latentes y sabemos de fuerzas que ahora buscan reeditarlo. Por eso, como conclusión, o somos leales a la enseñanza que nos proporciona nuestra historia o nuestro destino va a ser el de repetir la acción del día 19 de octubre de 2019.

Desafío a la esencia de la democracia

Por Karin Ebensperger 

La seguridad y la libertad están siendo desafiadas en gran parte de Occidente, también en Chile, por un debilitamiento de los propios valores que les dieron origen. Como he repetido en estas columnas, el concepto de Estado de Derecho solo ha surgido en Occidente, en los últimos dos siglos, tras una larga evolución de las instituciones; no se conoce igual en otras culturas. Pero cuando se nace en libertad y en democracia, esos valores se dan por sentados, incluso se exigen sin un esfuerzo a cambio.

En Chile hace mucho tiempo se ha dejado de lado el interés por la polis y su defensa conceptual. Hoy cunde un narcisismo hedonista, y muchos políticos en altos cargos han olvidado completamente la idea de que la libertad se defiende cada día: en lo interno, aplicando rigurosamente la ley, y en política exterior, actuando según el interés nacional por sobre la ideología del gobernante de turno.

A los jóvenes ya no se los prepara para ser parte de una sociedad civil comprometida con los temas públicos; y la inversión en la defensa militar no se considera prioritaria, se ha cedido ante presiones contrarias a los conceptos de seguridad nacional, que son intransables y muy presentes en todas las democracias estables de Occidente. En educación, las universidades se limitan muchas veces a una instrucción instrumental, sin preparar para la reflexión ética; no hay espacio para análisis sobre la condición humana y el sentido de la vida cívica. Incluso se considera políticamente incorrecto educar a los jóvenes en los valores occidentales, porque se privilegia la opinión de diversas minorías antisistémicas de un relativismo radical. Se impide así transmitir los códigos morales propios de la larga tradición filosófica.

A pesar de todo, Chile ha mostrado cierta resiliencia. El solo hecho de que haya elecciones periódicas, resultados rápidos, reconocidos, y alternancia en el poder, muestra una cultura democrática destacable dentro de la inestabilidad de Latinoamérica. Según todas las encuestas, Carabineros y las FF.AA. son muy valorados —algo muy atípico en los países de la región—, no obstante haber sido denostados hasta el extremo por las actuales autoridades durante el llamado estallido social y la violencia delictual. Y las cifras económicas del Gobierno, malas y además inexactas, son rechazadas porque aún se exige rigurosidad en Chile.

Tras años de ineptitud en materia de seguridad y de relajo en la aplicación de las normas, debemos recuperar el imperio de la ley. También preparar al país para el retorno de la geopolítica en el campo internacional. La Presidencia de Chile y el Congreso deben volver a inspirar respeto y aprecio. Y para eso es crucial ejercer el voto en forma responsable: es un deber, un derecho y un privilegio.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio el viernes 7 de noviembre de 2025.