A PROPÓSITO DE DERECHOS

Por Humberto Julio Reyes

La exitosa operacional militar llevada a cabo por Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro, y someterlo a proceso por diversos delitos vinculados al narcotráfico, ha reavivado una discusión respecto a la primacía del derecho internacional.

Los partidarios de respetarlo a ultranza y bajo cualquier circunstancia argumentan, razonadamente, que es la garantía del actor más débil frente a los abusos de otro que lo supera en poder relativo.

Lo afirmaba hace años el pacifista uruguayo José Enrique Rodó, quizás por reconocer la debilidad intrínseca de su patria, rodeada de países que la aventajan en población y territorio.

Quienes relativizan ese derecho, entre los que me cuento, alegan que no es efectivo frente a quien está decidido a ignorarlo y se escuda justamente en él para eludirlo, como ha sido el caso por años de muchos dictadores recurriendo al principio de no intervención en los asuntos internos de un país.

Para no ir muy lejos recordemos la crisis del año 1978, cuando Argentina declaró insanablemente nulo un laudo y nada le ocurrió, recurriendo, a continuación, a la amenaza del uso de la fuerza para obtener lo que dicho instrumento del derecho internacional no le había concedido.

Recordemos que la agresión planificada tenía fecha y hora y, de no haberse conjugado la voluntad de resistirla con la intervención papal, ésta se habría producido e, independientemente del resultado final, es probable que sus consecuencias hubieran sido de extrema gravedad para ambas naciones.

Como dicen los franceses: la cabra de Monsieur Seguin no se habría dejado comer…

Téngase presente que ni la disuasión ni la voluntad del Papa son instrumentos propios del derecho internacional y que, incluso el largo proceso de la mediación papal y la propuesta final del mediador sólo fueron aceptados al cambiar el gobierno argentino y plebiscito mediante.

Todo ello me lleva a postular que, en este caso, no puede hablarse de un triunfo del derecho, cuyos detractores tampoco se lo atribuyen para resolver otros conflictos sea internos como internacionales, pasados y presentes.

Como curiosa contraposición, en estos días ha ido quedando en evidencia, en el caso nacional, como un grupo de compatriotas es desprovisto que todo derecho y queda entregado al arbitrio de las autoridades de gobierno.

Me refiero a quienes cumplen condenas por causas de derechos humanos en los diferentes penales del país, toda vez que existe una aparente coincidencia ideológica entre quienes más han condenado la acción estadounidense y los que justifican todo nuevo atropello a los condenados por la naturaleza de los crímenes que habrían cometido.

No han tenido derecho a un debido proceso, siendo juzgados y condenados por un sistema penal que ya no rige en Chile, salvo para ellos y que, según quien presidiera la Corte Suprema, el ministro Milton Juica, no les otorga garantía alguna.

Habiendo sido todos uniformados, no tienen derecho a penales especiales, tal como ocurre en países civilizados con los cuales nos gusta compararnos.

No tiene derecho a una atención médica acorde con su edad y condición de salud y ahora se les mezcla con delincuentes comunes, afectando su seguridad.

Cuando los abogados que los defienden obtienen algún pronunciamiento que les favorezca, Gendarmería, que depende del ministerio de justicia y no es autónomo, no lo cumple y su desacato no es castigado.

Recientemente se ha dictaminado que ya no tienen derecho ni siquiera a la cosa juzgada y, la guinda de la torta, ahora tampoco tiene derecho a seguir disfrutando del sano placer de leer.

¿No será como mucho? ¿No existe límite para tanta iniquidad?

14 de enero de 2026