Política y gobierno:

Un amarre con cinco nudos

Por Gonzalo Rojas Sánchez 

Con o sin leyes de amarre, cada uno de los nuevos jefes de servicio se enfrentará a partir del 11 de marzo próximo con preguntas cruciales: ¿quiénes son en esta repartición las personas en las que se puede confiar, quiénes suscitan dudas, pero merecen una legítima oportunidad, y quiénes son de tal manera opositores a la nueva administración, que será casi imposible contar con ellos para gobernar bien?

Las respuestas no llegarán de inmediato y, por supuesto, habrá errores en la evaluación de algunas personas, pero evitar aquellas preguntas o no perseverar durante meses en la búsqueda de buenas respuestas sería hipotecar de entrada la posibilidad de una buena gestión.

Sí, porque lo dramático —ya lo experimentó Sebastián Piñera— es que junto a la oposición formal —los partidos de la izquierda— y a la informal —los gremios por ellos controlados, ciertos medios de comunicación y variados ambientes culturales— habrá una oposición interior, enquistada en los más íntimos resortes de la tarea gubernativa: una “quinta columna”.

Cada uno de aquellos funcionarios —sea cual sea su estatus jurídico— tiene todo el derecho a conservar sus ideas y, si es del caso, su militancia. Eso nadie lo pone en duda. Pero, ¿no tienen esas personas acaso el deber correlativo de ser leales con sus conciudadanos, trabajando con toda su capacidad y en sintonía con sus jefes directos? ¿Solo se le puede exigir al Presidente y a su equipo de mayor confianza que sean republicanos (en el sentido de ciudadanos al servicio de Chile), mientras que a los funcionarios menores se les podría tolerar que fuesen simplemente partisanos?

Cinco nudos expresarán esa “mentalidad de amarre” a la que deben estar atentos los distintos jefes de servicio, para poder, dentro de sus atribuciones, ordenar la casa. Habrá que irlos desatando uno a uno.

Habrá funcionarios que manifestarán con descaro su mayor adhesión a una determinada colectividad opositora, por sobre el servicio al que pertenecen. Su lealtad estará “allá”, en el PC, en el Frente Amplio o en el PS, y lo dirán de una u otra manera. Serán los que entregarán información reservada, faltando así a sus deberes funcionarios. Primer nudo. Otros, más ramplones, pero no menos dañinos, trabajarán con desgana, con incompetencia técnica, retrasando y enmarañando los procedimientos. Segundo nudo.

Una tercera amarra la percibirán los jefes de servicio cuando les lleguen los primeros pelambres (o quizás, recién, los cuartos): que no conocen el Estado, que no tienen las competencias para el cargo, que son fruto de compadrazgos, que tienen un pasado turbio… ¿Y quién lo dijo? Anda tú a saberlo, pero que los estarán amarrando con eso, que les estarán minando su eficacia, no cabe duda.

Un cuarto nudo quedará al descubierto cuando aquellos que hayan sido desvinculados logren por vía judicial su reincorporación. Y habrá que lidiar entonces con resentimientos y contradicciones en el corazón mismo de un servicio, con todas las lamentables implicancias de esas actitudes. Y —ya la han anunciado— una quinta amarra se expresará cuando, abandonando sus puestos de modo ilegal, ciertos servidores públicos decidan movilizarse en público y para su propio servicio. De ninguna manera se debe iniciar entonces una “caza de brujas”, pero lo que corresponde es el uso responsable de las potestades de cada jefatura.

En paralelo, lo decíamos al comenzar, se encontrarán los nuevos jefes con miles de abnegados funcionarios. Si en la escena visible el Presidente Kast tendrá que apelar a las mayorías para que dejen de ser silenciosas, en el invisible mundo interno de la administración, aquellas personas serán también un apoyo inestimable.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio el miércoles 7 de enero de 2026.

La tarea pendiente: un país con alma y trabajo digno

Por Enrique Cruz Ugarte 

“Arriésguense y contraten más personas”, exhortó el Presidente electo José Antonio Kast, en Icare donde expuso sus “Prioridades para Chile” ante el empresariado. Previamente, recibió a los gremios congregados en la CPC, quienes le presentaron sus propuestas para los primeros 100 días de gobierno. Señales claras de las intenciones de generar mejores condiciones promercado que pretende el futuro gobierno.

Los desafíos que tiene que liderar en el futuro son complejos. No sólo debe recuperar la economía, fuertemente alicaída en los últimos quince años -haciendo cada vez más difícil que los chilenos lleguen a fin de mes-, combatir la delincuencia y el crimen organizado, entre otros, sino también dedicar esfuerzos a propiciar el reencuentro y confianza entre los chilenos y con sus instituciones, así como abordar otros dolores que afectan de igual forma a miles de familias.

Sólo desde una mirada centrada en la persona es posible comprender, dimensionar la profundidad de los desafíos que hoy enfrenta el país y priorizarlos. Entre ellos, la creciente dificultad para criar hijos, que no es sólo un problema privado o familiar, sino una señal social de alerta y que ha tenido como consecuencia una tasa global de fecundidad de 1,03 hijos por mujer, una de las más bajas del planeta, y muy por debajo del nivel de reemplazo. Del mismo modo, fenómenos como la crisis de nuestro sistema educativo, la corrupción, la desconfianza en las instituciones o la precarización del trabajo no pueden abordarse con una mirada puramente técnica o económica. Todos estos desafíos requieren una mirada profundamente humana.

Cuando las personas dejan de estar en el centro, las políticas pierden sentido, la cohesión social se debilita y el desarrollo se vuelve incompleto. En cambio, cuando la dignidad humana orienta las decisiones, la economía recupera su verdadero rol de ser un medio al servicio del bien común y no un fin en sí misma. A eso se tiene que “arriesgar” el futuro gobierno, a poner en el centro de sus decisiones a la persona y el bien común de nuestro país, buscando que cada chileno alcance un desarrollo material, cultural, social y espiritual.

Como animaba nuestro fundador, San Alberto Hurtado, “vale más tener la humildad de emprender grandes tareas con peligro de fracasar, que el orgullo de querer tener éxito achicándose”. Hoy es tiempo de emprender esa gran tarea de poner la dignidad de la persona en el centro y propiciar un encuentro fructífero que nos lleve al desarrollo como país. En ese camino, desde las autoridades, el volver a fortalecer los valores cristianos que han formado nuestra identidad, como la solidaridad, será clave para desarrollar una vida en sociedad cohesionada y con un tejido social sano.

Por nuestra parte, como empresarios cristianos, pondremos todo de nuestra parte para ofrecer y mantener puestos de trabajo dignos, bien remunerados, que faciliten el desarrollo integral de nuestros colaboradores y ser puente de encuentro entre los chilenos.

Los desafíos que enfrentamos exigen una responsabilidad compartida. No recaen exclusivamente en el futuro gobierno, porque no todas las tareas corresponden al Estado. Personas, familias, empresas, organizaciones sociales e instituciones públicas estamos llamados a poner lo mejor de nosotros al servicio de Chile. En esa tarea, una pregunta sencilla pero exigente sigue siendo una buena guía para quienes estamos llamados a ejercer nuestro trabajo al servicio del bien común, tanto desde el mundo público como del privado: “¿Qué haría Cristo en mi lugar?”.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero el domingo 11 de enero de 2026.

El Escudo Fronterizo: una solución sistémica

Por Cristián Vial 

La inmigración irregular continúa siendo abordada con insuficiencia e ineficacia, cuando Chile merece rigurosidad y sensatez en el debate para enfrentar uno de los problemas que hoy afectan su soberanía, el bienestar de su población y la prosperidad de la nación. El Plan Escudo Fronterizo (PEF) surge de la constatación de una falta de planificación estratégica a nivel político y de una débil gestión fronteriza. Se trata de una propuesta distinta, que no desconoce lo existente, sino que lo complementa con una mirada de mediano y largo plazo, integrando tecnificación con otras medidas estructurales. Desde esa convicción corresponde responder a las críticas formuladas por la exministra del Interior Carolina Tohá, en este medio.

En primer lugar, el PEF no se limita a la tecnificación, y se sustenta en una solución sistémica, con un esquema de vigilancia. Reducirlo a ello implica una simplificación de un problema complejo. El plan se estructura sobre tres ejes: trabajos de contramovilidad mediante obras físicas (zanjas y cercos) combinadas con tecnología; integración interagencial de capacidades militares, policiales y civiles; y medidas legislativas que entreguen un marco habilitador al control fronterizo. Si bien se reconocen avances tecnológicos, estos han sido implementados sin una arquitectura integrada ni interoperable, como ocurre con SIFRON y Muralla Digital.

En segundo lugar, el PEF está concebido para ejecutarse durante los cuatro años de la próxima administración. A diferencia de lo implementado mediante decreto supremo por el actual gobierno, propone un nuevo decreto con una planificación que lo operacionaliza en misiones, responsabilidades y criterios de control. La ausencia de un plan estratégico ha sido una debilidad de la política migratoria reciente.

En tercer lugar, es incorrecto sostener que exista una planificación centralizada bajo el mando del Estado Mayor Conjunto. Ningún decreto, incluido el 78, establece dicho mando. El Estado Mayor Conjunto ejerce solo funciones de coordinación y apoyo, no de mando operativo. El PEF busca precisamente corregir esto, dotando al sistema de coherencia estratégica, respaldo político y mayor eficiencia. Con todo, el despliegue del Ejército ha tenido un efecto relevante en la contención de cruces irregulares, antecedente que no puede ser ignorado.

Respecto de la dotación policial, la limitación de personal afecta tanto a Carabineros como al Ejército. Considerando esto, la decisión de potenciar la policía y no crear otra entidad militar se fundamenta en dos criterios: Carabineros forma desde 1996 personal especializado en fronteras, cumpliendo así su rol constitucional; y el fortalecimiento de las dotaciones policiales fronterizas no implica debilitar otras funciones. El recurso humano adicional requerido es acotado y se ve compensado por una inversión robusta en tecnificación.

Desde esta perspectiva, los avances impulsados por la actual administración, aun cuando representan un aporte en tecnificación, no constituyen por sí solos una respuesta suficiente ni integral al desafío fronterizo. La evidencia demuestra que una vigilancia eficaz requiere un enfoque sistémico, plenamente interagencial y con responsabilidades precisas de la gestión, capaz de asegurar integración, interoperabilidad y sostenibilidad en el tiempo. Ese es el estándar que Chile debe aspirar a consolidar.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio el domingo 11 de enero de 2026.

Geopolítica

Por Max Colodro 

Una intervención militar extranjera es siempre una mala alternativa; que implica por definición el atentado a la soberanía de un país y tiene siempre costos en vidas humanas. El problema es que, en este caso, la alternativa era peor: la continuidad de una dictadura criminal, que violaba los DD.HH. y conculcaba las libertades civiles, además de arrastrar a la mayoría de sus habitantes a la miseria y forzar a más de ocho millones de personas al exilio.

Frente a esta operación se ha dicho que era preferible una salida pacífica, conforme a las reglas del ordenamiento multilateral. Eso es obvio, pero también lo es que esa alternativa había dejado de existir hace mucho tiempo, cuando el régimen chavista horadó las instituciones democráticas y terminó por imponer un orden autoritario, controlado por una cúpula cívico-militar vinculada al narcotráfico. En rigor, la soberanía nacional ya había sido violada y degradada por el propio régimen, y el respeto a las reglas -las impuestas por la propia dictadura- burladas por ella una y otra vez, hasta terminar desconociendo el resultado de una elección presidencial en que el candidato opositor obtuvo cerca del 70%.

Es evidente: los que hoy condenan la operación norteamericana preferían la otra alternativa, la continuidad de la dictadura, porque el escenario ideal –una salida democrática en el marco del respeto a las reglas del derecho internacional– era completamente inviable. Y es legítimo que opten hoy por la continuidad de un régimen al que han mirado a lo largo del tiempo con simpatía, pero no pueden escudarse para ello en una opción en base a reglas inexistente. Además, mucho antes de que EE.UU. pisoteara la soberanía venezolana, ya lo habían hecho cubanos e iraníes, sin que nadie de los que ahora pone el grito en el cielo, levantara la voz.

Se ha dicho también que el objetivo principal de Trump es saquear el petróleo de Venezuela. Eso también es incorrecto. Puede que a largo plazo exista la intención de que empresas americanas puedan acceder a dichos recursos, pero ello no fue lo que motivó esta incursión militar. La intención real era impedir que esos recursos siguieran fluyendo hacia Cuba e Irán, China y Rusia, es decir, lo que en verdad se buscó fue poner un dique a Venezuela como “cabeza de playa” para los adversarios estratégicos de EE.UU. Más que una motivación económica, esta embestida tiene una lógica geopolítica: evitar que el país caribeño siga siendo el gran facilitador hemisférico para países con los que hoy Trump disputa la hegemonía global. Que existan en el mundo y en Chile sectores que por razones políticas e ideológicas prefieran la hegemonía de esos países y no de EE.UU., es perfectamente entendible.

Son dichos sectores los que miran el actual cuadro con desazón, confirmando una sensación de derrota enorme; por eso no han sido capaces de empatizar con la alegría del exilio venezolano. En rigor, saben lo que esto significa y, también, presienten lo que vendrá después.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Tercera el sábado 10 de enero de 2026.

El “legado” de Gabriel Boric: respuestas incómodas

Por Sebastián Edwards 

Desde hace un tiempo, Eugenio Tironi ha tratado de construir una narrativa sobre el “legado” del Presidente Gabriel Boric. En una entrevista reciente afirmó que Jeannette Jara había cometido un grave error al no abrazar con “fervor los logros del Gobierno”. Remató señalando que Boric dejará La Moneda “con un grado de fortaleza muy superior a la de Sebastián Piñera”.

Ayer, en una carta titulada “Una pregunta incómoda”, Tironi desafió a los lectores a recurrir a herramientas de inteligencia artificial para evaluar el desempeño del cuatrienio boriciano. Según el sociólogo, cualquier plataforma inteligente concluiría, después de un análisis imparcial, que el mayor logro del Gobierno fue “normalizar” el país y que Boric emergerá como “un gran referente”.

La idea de usar inteligencia artificial es ingeniosa. El problema es que Tironi comete un error metodológico serio, que invalida el ejercicio. Propone comparar dos momentos separados por cuatro años —2022 y 2026—, lo que en evaluación de políticas se conoce como un análisis de “antes y después”. Pero esa no es la pregunta relevante.

Lo que realmente importa es otra cosa: qué habría ocurrido durante esos mismos cuatro años si, en lugar de Boric, el Presidente hubiese sido otra persona. Tras el descalabro acumulado del ciclo estallido–pandemia–retiros–violencia–fracasos constitucionales, prácticamente cualquier gobierno habría terminado mejor de lo que comenzó. La pregunta pertinente, entonces, es si Boric lo hizo mejor que las alternativas posibles, es decir, que los contrafactuales.

Hecha esta corrección, realicé el ejercicio de Tironi, pero bien formulado. Usé exactamente su enunciado inicial, palabra por palabra, y pedí a ChatGPT que comparara a Boric con una hipotética segunda presidencia de Ricardo Lagos, un presidente admirado por muchos y duramente cuestionado por el eje FA–PC.

La respuesta, que estoy seguro incomodará a don Eugenio, fue la siguiente:

“Bajo las mismas condiciones estructurales entre 2022 y 2026, un gobierno de Ricardo Lagos habría producido un Chile más ordenado, más predecible y con menor deterioro institucional, aunque no necesariamente exento de conflicto social. La diferencia clave no está en los objetivos finales —ambos comparten una sensibilidad progresista—, sino en la forma de ejercer el poder. Lagos habría gobernado con la lógica de un estadista socialdemócrata, consciente de los límites del momento histórico. Boric lo ha hecho como un líder generacional, más dispuesto a correr riesgos simbólicos y políticos. En un período de alta fragilidad institucional, esa diferencia habría sido decisiva”.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio el viernes 16 de enero de 2026.

El esnob

Por Álvaro Vergara 

Uno de los observadores más críticos del Ejecutivo en los últimos tiempos ha sido Óscar Contardo. A propósito de la entrevista del Presidente Boric en El País, el escritor lo describió como “un influencer de sí mismo”. Las fotografías que se dejó tomar en ese espacio, así como hitos anteriores –su portada en la revista Time o sus apariciones con lentes de sol y camisa arremangada en instancias formales– respaldan, en cierta medida, la opinión de Contardo. Nuestro Presidente es un promotor incansable de su postura intelectual y se nutre del aplauso de sus seguidores o, como dirían Los Prisioneros, de los “artesas y conscientes esnobs”.

Lo característico de una persona que vive para posar es su afán por exhibir sus propios activos. Los poseros son siempre los mejores apologetas de su supuesta genialidad. Actuar en silencio o alcanzar triunfos en privado les resulta insuficiente, pues su espíritu se alimenta de la aprobación ajena. Diversos pasajes de la mencionada entrevista en El País revelan algunos de estos rasgos en el Presidente Boric. Tras una fotografía a sus vinilos de Silvio Rodríguez y Pink Floyd en su casona del Barrio Yungay, se detiene a comentar que es “relativamente joven”. Y aunque eso pueda ser cierto, hay un trasfondo en sus palabras que surge desde la pose: no importa que sea padre, que supere los cuarenta años, que haya sido diputado o que tenga un gobierno a su cargo; lo fundamental para nuestro Jefe de Estado es seguir presentándose como novedad. Para el Presidente, ser joven significa algo importante para él: es la resistencia a pasar de moda, como les ocurrió a distintas figuras a medida que envejecieron.

Todos tenemos conocidos que poseen esta necesidad sufriente de posar, de desvelarse por generar debate o influir en los demás. A muchos simplemente los dejamos ser: los encontramos graciosos y, a veces, los tratamos con cierta condescendencia. Pueden pasar los años y estas personas seguirán igual, mientras el resto termina por adaptarse a ellas. Sin embargo, la situación cambia cuando el Jefe de Estado es esclavo de ese afán de aparentar genialidad. En Boric, el posar y luego existir se traduce en una constante priorización de su imagen por sobre el cuidado del Estado. Su célebre conferencia de prensa en el caso Monsalve –en la que ofreció mostrar sus conversaciones privadas en el celular para que otros creyeran en su inocencia– o las múltiples ocasiones en que ha provocado a figuras como el presidente Trump, son ejemplos de lo anterior.

Porque para el Presidente no basta con ser una buena persona: su gran anhelo es que todos lo sepan y lo celebren. Si realiza una acción noble, siente un impulso irrefrenable por publicarla. Si abraza a un niño, su Instagram dará cuenta del momento. Lo genial siempre debe quedar registrado. Sus posiciones personales suelen alinearse con lo que se percibe como “bueno”, pues sabe que de allí emergen los aplausos. El Presidente siempre tiene que ser el más “humano”, no importa el costo. Eso provoca que las consecuencias de sus actos pasen a un segundo plano, ya que lo relevante es alimentar su imagen personal.

Al final, en la entrevista en El País, nuestro Presidente parece empeñado en convencernos de una tesis: la de su propia maduración. Después de afirmar que “el pueblo de Chile fue sabio” al rechazar los textos constitucionales, Boric declaró: “Yo puedo tener discursos incendiarios, encontrar antagonistas, prometer cualquier cosa, pero si la calidad de la vida no mejora, es irrelevante”. Pero nunca transparenta que ese proceso de maduración se realizó a costa del Estado: primero desde el Congreso y luego desde el Ejecutivo. ¿Es posible madurar sin autocríticas? ¿Es genuina la autocrítica si no se asumen las consecuencias de los actos? ¿Para qué afirmar que “no le gusta” hablar de su legado si toda su administración está desplegada comunicándolo? Esas son las contradicciones de alguien que actúa desde la pose. Nuestro Presidente es un esnob.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero el miércoles 14 de enero de 2026

Los cómplices chilenos del drama venezolano

Luis Pardo Saínz 

La “extracción” de Nicolás Maduro mediante una operación militar de Estados Unidos en Venezuela da lugar a dos debates que no son meramente académicos. El primero dice relación con la legitimidad de la intervención y su impacto sobre las reglas del derecho internacional, que para un país mediano como Chile resultan esenciales. El segundo, igualmente relevante, obliga a mirar hacia atrás y preguntarse qué falló para que el régimen dictatorial iniciado por Hugo Chávez lograra perpetuarse durante décadas, sin que ningún mecanismo ni organismo internacional pudiera detenerlo.

Este proceso no comenzó con Maduro, sino tempranamente bajo el gobierno de Chávez. En 2007 se produjo la ocupación militar de las instalaciones del principal canal privado de televisión, RCTV, y la expropiación de todos sus bienes bajo el pretexto de “no renovar la concesión”, dando de paso una señal de amedrentamiento a todos los medios y periodistas independientes y motivando la protesta de organismos, organizaciones y parlamentos a nivel internacional. En 2015 la Corte Interamericana condenó al Estado de Venezuela por este atropello, ratificando lo que algunos no quisieron ver, pese a la evidencia.

Para 2009, la Corte Interamericana condenó al Estado de Venezuela por las agresiones a periodistas y trabajadores de Globovisión, otro canal privado perseguido por el régimen junto con una treintena de radioemisoras cuyos procesos de clausura se habían iniciado en un contexto de continuas y abiertas amenazas públicas de Chávez y sus ministros a los medios de comunicación.

A esa misma fecha, la degradación y desmantelamiento de las instituciones democráticas estaba ampliamente documentada en pronunciamientos del Parlamento Europeo (2008), de los relatores especiales para la libertad de expresión de la ONU y la OEA, y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entre otras prácticas, se constató la falta de independencia del sistema judicial, con cientos de fiscales designados discrecionalmente, el uso de acusaciones penales sin pruebas para amedrentar opositores, la inhabilitación arbitraria de candidatos y la sustracción de competencias a autoridades de oposición electas.

Sin embargo, frente a toda esta evidencia, amplios sectores de la izquierda latinoamericana optaron por mirar para el lado. La bonanza petrolera permitió financiar un programa asistencialista de gran magnitud que elevó la popularidad de Chávez y le permitió además financiar generosamente otros “procesos” políticos en la región. Recordemos la controvertida donación de 9 millones de dólares a la Universidad Arcis, por ejemplo.

El éxito aparente de un modelo sostenido exclusivamente por el extraordinario precio del petróleo alimentó la ilusión del llamado “socialismo del siglo XXI” y llevó a muchos a negar, por convicción o conveniencia, lo que ya era evidente: una sostenida corrosión de las instituciones democráticas y una creciente violación de los derechos humanos.

Chile no fue una excepción. En 2007, el proyecto de acuerdo del Senado que protestaba por el cierre de RCTV no contó con los votos de la izquierda. En 2009, con todos los antecedentes sobre la mesa, los senadores de izquierda, nuevamente con la excepción de dos senadores democratacristianos, no apoyaron el proyecto que adhería a la protesta internacional y exigía el uso de mecanismos diplomáticos frente a un régimen que ya transgredía abiertamente la Carta Democrática de la OEA y la Convención Americana de Derechos Humanos. Similares votaciones se repitieron en la Cámara de Diputados durante esos mismos años.

Este desenlace obliga, entonces, a asumir responsabilidades políticas. Durante casi dos décadas hubo quienes, por compromiso ideológico o conveniencia circunstancial, de modo contumaz, se negaron a reconocer y condenar violaciones a los derechos humanos que estaban documentadas, denunciadas y confirmadas por tribunales internacionales. Sería sano, y necesario, que hoy al menos lo reconocieran.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio el jueves 15 de enero de 2025.

Credenciales democráticas del Partido Comunista

Por Guillermo Pérez 

Hace algunos días, Ciper reveló parte de la evidencia con la que cuenta la fiscalía para atribuir el homicidio del exteniente Ronald Ojeda a la dictadura venezolana. Con esta información a su disposición, impacta la pasividad del Presidente Boric –y de la opinión pública, en general– frente al hecho de que el Partido Comunista, fiel aliado del régimen chavista, ocupe cargos relevantes en áreas tan delicadas como defensa bajo la actual administración.

El PC nunca ha mostrado una posición clara sobre el caso de Ojeda. Tampoco ha admitido los evidentes vínculos que existen entre el régimen de Maduro y varias organizaciones criminales, entre ellas el Tren de Aragua, y que han sido documentados en muchas investigaciones serias y rigurosas (Rísquez 2023; Dalby 2025; Pérez Guadalupe 2025). El fuerte respaldo de Lautaro Carmona a Nicolás Maduro en estos días, el homenaje organizado por el PC en la Universidad de Chile a los 32 cubanos muertos durante el ataque de Estados Unidos en Caracas y la defensa a la revolución cubana en su aniversario número 67 solo refuerzan lo que es evidente: el comunismo chileno sigue siendo un fuerte aliado de la dictadura chavista, la misma que lleva décadas violando el derecho internacional (¿ahora importa?) y los derechos humanos.

Lo más grave es que todo parece indicar que un refugiado fue asesinado en suelo chileno por agentes extranjeros, y el comunismo chileno, partido que está en La Moneda, insiste en defender a la dictadura que lo habría asesinado, en brindarle homenajes y en exigir el pronto retorno del dictador a Venezuela, privilegiando sus intereses ideológicos sobre los intereses nacionales. Un partido del oficialismo, con cargos importantes en el gobierno y una candidata presidencial que llegó a segunda vuelta, prefiere hacer oídos sordos ante una probable violación flagrante de la soberanía con tal de mantener su amistad con sus aliados ideológicos.

El Presidente Boric es muy crítico con Estados Unidos, pero gobierna con un partido que lleva décadas defendiendo atentados incomprensibles a la democracia y a los derechos humanos, que incluso incluyen a Corea del Norte. Así, con el asesinato de Ronald Ojeda, las preguntas al PC dejan de ser retóricas. ¿Es posible gobernar con un partido aliado de un régimen que ha ocupado al Tren de Aragua, una de las amenazas criminales más importantes de Chile, para cometer atentados en nuestro propio país? ¿Por qué el Partido Comunista no ha adoptado una posición clara ante el brutal asesinato de Ronald Ojeda? ¿Qué debiera exigir la política si el PC desconociera un fallo judicial que acreditara la participación del régimen en el caso del exmilitar venezolano?

En los últimos meses se ha hablado mucho sobre la amenaza que representa la ultraderecha para el país. Poco se habla, en cambio, de lo que significa el extremo izquierdo de nuestro arco político, cuya defensa de las dictaduras más crueles se extiende a lo largo de la historia hasta el presente. Hoy, eso incluye la defensa de una tiranía que promovería actos criminales en nuestro propio territorio. Basta observar lo de Ojeda para preguntarse cuál habría sido la influencia de China, Irán, Cuba y la misma Venezuela en otros asuntos internos si la candidata comunista Jeannette Jara hubiera ganado la presidencia.

Cuando el PC era minoría –a la Eduardo Artés–, causaba gracia que rindieran sentidas condolencias a Kim Jong-il con motivo de su muerte. Cuando forman parte de un gobierno y ocupan cargos relevantes en lugares sensibles del Estado, no es anecdótico que sean aliados de las dictaduras que habrían cometido atentados en Chile.

El Presidente Boric debiese exigir, al menos, que el PC se cuadre con la tesis de la fiscalía, compartida también por él: que el régimen de Maduro está vinculado al asesinato de Ojeda. Pero estamos muy lejos de eso. ¿Dónde está el límite? Al parecer, el PC puede hacer lo que quiera sin pagar demasiados costos.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero el miércoles 14 de enero de 2026.