AMNISTÍA

Por Gonzalo Ibáñez Santamaría

Se acerca el momento en que José Antonio Kast asuma la presidencia de la República y, por lo tanto, el momento en que deba comenzar a adoptar sus principales decisiones. Más que elucubraciones acerca de diversas declaraciones, lo que va a definir el perfil del nuevo gobierno son esas decisiones. Estas son las que importan y las que van a mostrar el carácter del nuevo gobierno.

Entre esas decisiones hay una de la máxima importancia y que debe ser adoptada con la máxima premura: la suerte de los condenados por actos sucedidos durante el gobierno militar. Es decir, condenados por hechos que sucedieron por lo menos con 35 años de anterioridad, cuando no con 50 años y más. Se trata de ex militares y uniformados que superan los 75 años de edad, habiendo algunos que han sobrepasado ya los 90 años. Otros, ya fallecieron estando en prisión en Punta Peuco, Colina I y otros penales.

Lo grave es que detrás de muchas de esas condenas hay más de venganza que de justicia y, por eso, es máxima la urgencia con la que deben ser revisadas. Muchas de ellas no tienen para nada en cuenta las circunstancias en que los presuntos delitos fueron cometidos. Chile vivió un período de excepción durante el cual estuvo a punto de ser ahogado por una política que sólo buscaba su destrucción. Contra ella, el país llamó a sus Fuerzas Armadas y de Orden para que detuvieran este proceso y así pudieran reencaminarlo por una senda de orden, paz y progreso. Pero, si se llama a las Fuerzas Armadas es para que resuelvan el conflicto incluso mediante el uso de sus armas. Y ese uso siempre conlleva riesgos muy duros, como los que se hicieron presentes durante los años del régimen militar.

La culpabilidad fundamental no es por lo tanto de los militares sino de quienes hicieron indispensable su acción y que, por lo tanto, obligaron a poner las armas en ejercicio. Estos últimos, sin embargo, han podido pasearse libremente durante años y sacar enorme provecho de la situación de gran crecimiento en que quedó el país al terminar los militares su gobierno.

Hoy, no se trata de volver atrás y salir a perseguir a esos que son los verdaderos culpables de lo que sucedió en nuestra patria. Hoy se trata de cerrar definitivamente un período de nuestra historia y, por supuesto, de tenerlo como punto de referencia para no volver a repetirlo.

Para esto es fundamental poner término a la situación de quienes pagan la cuenta de otros que fueron los mayores responsables. Es menester poner término a estas condenas mediante una amnistía total a los sucesos acaecidos en el período del gobierno militar. La paz pública y la vocación de futuro así lo exigen.

Humana fragilidad de los jueces

Por Rodrigo Cooper Cortés. Señor Director: Desde tiempos remotos, los jueces han sido idealizados como pilares inquebrantables de justicia, encarnando la imparcialidad divina de Temis…

4 febrero, 2026

Señor Director:

Desde tiempos remotos, los jueces han sido idealizados como pilares inquebrantables de justicia, encarnando la imparcialidad divina de Temis. Hoy, sin embargo, emergen a nuestra realidad como seres humanos falibles, con debilidades que arriesgan equipararlos a aquellos a quienes juzgan y condenan.

¿Cómo es posible que, iniciando el segundo cuarto del siglo XXI, aún sigamos dejando a un sector de los chilenos en manos de jueces que, valiéndose del arcaico sistema procesal antiguo, lleven a cabo la investigación, acusen y condenen en forma completamente unipersonal, autónoma y sin control superior? Se podrá argumentar que para eso existen las instancias superiores, pero cuando una ministra integrante de la Sala Penal, revisora final de las actuaciones unipersonales de los jueces de DD.HH., realiza denuncias falsas para burlar una investigación por graves delitos, es perfectamente posible imaginar a este tipo de jueces recibiendo presiones políticas, económicas, laborales o de cualquier tipo, para fallar en uno u otro sentido.

Este panorama, desnuda una gravísima discriminación contra quienes son juzgados por el sistema antiguo. Si el nuevo sistema procesal penal permite vicios como los que comienzan a ser de público conocimiento, ¿qué queda entonces para aquel en que nadie controla y todo lo decide una sola persona? Es imperativo poner término a esta desigualdad, garantizando un proceso justo y transparente para todos los chilenos, sin excepciones.

Rodrigo Cooper Cortés

Etiquetado:jueces

3 Comments

1. Fernando Rubio Urriadice:

3 febrero, 2026 en 22:44

100 % de acuerdo ….

2. Carlos Souper Quinterosdice:

4 febrero, 2026 en 00:34

Absolutamente de acuerdo. Además, bajo el punto de vista de los afectados, los convierte en chilenos de segunda categoría. Otrosi, y gravisimo, mismo tribunal superior que condena en lo penal, condena paralelamente al Estado, a todos los chilenos a pagar jugosas y arbitrarias indemnizaciones, cuya forma de reparto es oscura, mafiosa y maquiavelica………….

3. Adolfo Paúl Latorredice:

4 febrero, 2026 en 07:38

A los militares y carabineros les ha sido y les sigue siendo aplicado el antiguo sistema de procedimiento penal inquisitivo del Código de Procedimiento Penal, sobre la base del artículo 483 del Código Procesal Penal —»Las disposiciones de este Código sólo se aplicarán a los hechos acaecidos con posterioridad a su entrada en vigencia» (gradualmente, por regiones, comenzando por la Cuarta y Novena el 16 de diciembre de 2000)— que es absolutamente inconstitucional porque vulnera la igualdad ante la ley y el derecho humano a un debido proceso; lo que constituye un formalismo irritante, una paradoja trágica y una vergüenza para Chile ante la comunidad internacional por tolerar, insensible, la vigencia en su ordenamiento jurídico de normas legales repugnantes y que son incompatibles con el derecho internacional de defensa de los derechos humanos.
En los países civilizados del mundo basta acreditar que una sentencia judicial condenatoria fue dictada sin respetar las normas del debido proceso para que sea declarada nula.
Por otra parte cabría preguntar. ¿Es justo que, tratándose de una gravísima crisis política y social, en un ambiente de odio, de anarquía y de violencia desatada provocada por los políticos civiles —situación en la cual las FF.AA. y de Orden no tuvieron responsabilidad alguna— carguen con la culpa solo los militares que fueron llamados a intervenir a ruego de la gran mayoría ciudadana para salvar a Chile de caer bajo una tiranía comunista?
En las causas “de derechos humanos” por supuestos delitos ocurridos hace más de cinco décadas, cometidos mientras cumplían funciones de seguridad interior dispuestas por sus mandos institucionales a fin de afrontar la violencia revolucionaria, la subversión, la guerrilla y el terrorismo, han sido y están siendo condenados miles de militares, incluso algunos que a la sazón eran muy jóvenes —oficiales subalternos; conscriptos incluso— a altísimas penas de presidio.
Al respecto surge otra pregunta: las responsabilidades en estos casos ¿son personales o institucionales? Si son personales: ¿por qué paga el Estado, es decir todos los chilenos? Y, si son institucionales: ¿por qué pagan los militares, que no actuaron motu proprio, sino que en cumplimiento de órdenes superiores?
Resulta más que evidente que en estos casos, en que los militares no actuaron por su propia cuenta ni en beneficio propio (salvo algunos casos de delitos cometidos por venganza privada u otros por el estilo) sino que en actos del servicio —en cumplimiento de tareas dispuestas por las respectivas instituciones— las responsabilidades son institucionales, es decir, del Estado.
Prueba de ello es que en las diversas causas judiciales, en casos de derechos humanos, es el Estado de Chile el condenado a pagar cuantiosas indemnizaciones, de varios miles de millones de pesos en algunos casos.
Por lo antedicho son las respectivas instituciones las que deben y debieron haber asumido las defensas judiciales de sus miembros o exmiembros acusados por delitos de violación de derechos humanos.
Sin embargo, no se tiene conocimiento que las instituciones armadas hayan asumido o costeado las defensas judiciales de estos servidores de la patria o que los hayan defendido en las instancias correspondientes; y, si lo han hecho privadamente, sus gestiones han sido infructuosas. Da la impresión de que ellas los dejaron abandonados a su propia suerte; caídos tras las líneas enemigas.
Adolfo Paúl Latorre
Abogado
Magíster en ciencia política

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