Ética judicial y confianza pública: el estándar que exige el Estado de Derecho

Señor Director:

Los jueces que integran los más altos tribunales de la República están llamados a observar un estándar superior de conducta ética, acorde con la trascendental responsabilidad que ejercen en la preservación del Estado de Derecho. Su función exige independencia absoluta frente a presiones externas, probidad personal intachable, integridad, prudencia y estricto rigor jurídico.

El sistema procesal penal chileno vigente, de carácter oral y acusatorio, establece una clara separación entre las funciones de investigar, acusar y juzgar, precisamente para reforzar las garantías del debido proceso y la imparcialidad judicial. No obstante, aún subsisten causas tramitadas bajo el antiguo sistema procesal penal exclusivamente para ex militares, de carácter inquisitivo y escrito, donde  se concentran en una misma persona la investigación  y la dictación de sentencia. Juez y parte, lo que permite todo tipo de sesgo ideológico y que pareciera ser la gran industria de los “derechos humanos” (de favores y pagos).

Esta circunstancia ha sido objeto de debate jurídico respecto de sus efectos en la percepción de imparcialidad.

En este contexto, las investigaciones, procesos disciplinarios y cuestionamientos públicos que han afectado a miembros del Poder Judicial generan legítima inquietud ciudadana. La atención pública se ha centrado, entre otros, en situaciones que involucran a las ministras y ministros Ángela Vivanco, Sergio Muñoz, Jean Pierre Matus, Mario Carroza, Diego Simpertigue, María Teresa Letelier, entre otros, como en una causa por presunta prevaricación culposa que involucra al Ministro Alvaro Mesa, Pdte. de la Corte de Apelaciones de Temuco. Estos antecedentes, que deben ser esclarecidos conforme al debido proceso, impactan inevitablemente en la confianza pública.

Asimismo, diversas sentencias judiciales han implicado que el Estado deba pagar importantes indemnizaciones en materias de alta sensibilidad, por violaciones a los derechos humanos.

¿Ese dinero del Estado será solo para las familias afectados o para abogados y jueces?

Ello hace aún más necesario fortalecer los estándares de transparencia, control y rendición de cuentas respecto de los procesos judiciales, resguardando tanto el correcto uso de recursos públicos como la integridad de la función jurisdiccional.

El fortalecimiento del Poder Judicial no se logra debilitando su independencia, sino asegurando mecanismos eficaces de supervisión institucional, investigación objetiva de eventuales irregularidades y aplicación de responsabilidades cuando proceda, todo dentro del marco constitucional y legal.

La ciudadanía tiene derecho a exigir una justicia independiente, competente y ética. Del mismo modo, los jueces que cumplen fielmente su deber merecen que las instituciones funcionen con la claridad y firmeza necesarias para proteger la legitimidad del sistema en su conjunto.

Finalmente, cabe una pregunta que la propia institucionalidad debe despejar con claridad: ¿Los casos conocidos son situaciones aisladas o revelan un problema de mayor alcance? Será el nuevo Gobierno que necesaria y urgentemente deberá aclararlo.

Alvaro Guzmán Valenzuela

General de Ejército (R)

Imagen: grupocasalima.com

Publicado por Diario Constitucional