Ministro en Visita zona sur, inculpado en dos querellas por prevaricación

Las querellas por prevaricación imprudente contra un ministro que continúa ejerciendo funciones en causas de derechos humanos, reabren el debate sobre la adopción de medidas que resguarden la confianza pública y la integridad de la función judicial.

24 de abril de 2026

Llama la atención lo que se ha dado a conocer en los últimos días respecto del ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre, quien, en calidad de imputado, ya enfrenta dos querellas por prevaricación imprudente y, pese a ello, continúa ejerciendo funciones jurisdiccionales en causas de derechos humanos, instruyendo procesos y dictando condenas de alta gravedad.

La prevaricación —esto es, dictar resoluciones manifiestamente contrarias a derecho por negligencia o ignorancia inexcusable— no es una falta menor, sino una de las infracciones más graves que puede cometer un juez, precisamente porque compromete la esencia misma de la función judicial: la correcta aplicación de la ley.

En este contexto, resulta legítimo preguntarse si los hechos no son lo suficientemente graves como para justificar una suspensión de funciones mientras se desarrollan las investigaciones.

La confianza en la justicia no se construye solo a partir de sus fallos, sino también de la transparencia, prudencia y responsabilidad institucional frente a situaciones que pueden afectar su credibilidad.
Claudia Fuentes Bozzolo

Periodista

COMUNICADO

La ONG. Hijos y Nietos Prisioneros del Pasado informa a la opinión pública que el día lunes 20 de abril sostuvo una reunión con la presidenta de la Corte Suprema de Chile, señora Gloria Ana Chevesich.

Durante la reunión, expusimos nuestra profunda preocupación por la situación carcelaria de adultos mayores, particularmente de aquellos de tercera y cuarta edad que presentan diversas patologías y discapacidades físicas y mentales. Se planteó que, en muchos casos, el Estado no está en condiciones de garantizar adecuadamente la vida e integridadde estas personas en situación de reclusión, conforme a lo establecido en la Constitución.

Asimismo, manifestamos nuestra inquietud respecto de las diferencias en los fallos judiciales, observando que frente a hechos similares o análogos se dictan condenas disímiles, lo que genera una percepción de desigualdad ante la ley.

En este contexto, manifestamos nuestra preocupación por diversas reacciones de funcionarios públicos en particular del ámbito judicial cuestionando la decisión de la presidenta de la Corte Suprema de mantener una política de puertas abiertas.

Consideramos que este tipo de manifestaciones constituyen una señal de presión indebida sobre la institucionalidad de la justicia, que busca influir en su ejercicio mediante cuestionamientos públicos que pueden interpretarse como formas de amedrentamiento.

Tenemos la convicción de que estas situaciones reflejan un problema más profundo: la existencia de un entorno en el que magistrados y jueces están siendo sometidos a presiones externas, ya sea a través de la exposición mediática o de redes sociales, que en ocasiones derivan en descalificaciones o campañas de descrédito, llegando incluso a amenazas, manifestaciones y agresiones físicas, como ha ocurrido con fiscales, ministros de Estado o incluso un Presidente del Tribunal Constitucional. Denunciamos que este tipo de prácticas debilita el Estado de Derecho, pilar fundamental de toda democracia y además contribuye a una percepción negativa de la justicia chilena por parte de la ciudadanía.

Como organización, queremos reconocer la disposición y apertura de la presidenta de la Corte Suprema para recibirnos y escuchar nuestras inquietudes frente a lo que consideramos un problema que afecta a un grupo importante de ciudadanos que han quedado ante una evidente desigualdad ante la ley.

Finalmente, hacemos un llamado a los demás poderes del Estado, a ejercer su responsabilidad, impulsando acciones concretas orientadas a restablecer un Estado de Derecho, en el que prime una justicia imparcial, y se asegure un verdadero régimen democrático, donde la dignidad humana y el pleno respeto a la igualdad ante la ley sean principios fundamentales.

Solange Robert de la Mahotiere Flottes

Presidenta ONG HNPP.

01. LESA HUMANIDAD, SIN HUMANIDAD COMUNICADO ABRIL 2026 ONG HNPP