Boletín Cren N° 62

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Un tema ético aún no resuelto

José G. Gaete Paredes

General de Brigada

Presidente

Centro de Generales de Ejército

Extractos: Artículos completos  https://ongcren.cl/articulos-de-opinion/justicia-y-dd-hh-22/

Chile vivió hace más de cincuenta años uno de los períodos más complejos de su historia. Sus consecuencias aún dividen a la sociedad y mantienen abiertas heridas que solo podrán cerrarse cuando la verdad, la justicia y la igualdad ante la ley prevalezcan por sobre cualquier visión ideológica.

En este contexto existe una realidad poco conocida: la situación de numerosos   soldados conscriptos y personal de baja graduación que, siendo muy jóvenes, cumplieron el Servicio Militar Obligatorio y obedecieron las órdenes propias de la disciplina castrense.

Hoy, más de medio siglo después, algunos de ellos enfrentan procesos judiciales o cumplen largas condenas por hechos respecto de los cuales no tenían capacidad real de decisión. En no pocos casos, las sentencias han sido objeto de críticas por estimarse que no satisfacen plenamente las exigencias del debido proceso.

Aquellos jóvenes de entonces son hoy adultos mayores, muchos con más de setenta años, afectados por enfermedades, graves dificultades familiares y profundas secuelas emocionales. El sufrimiento no alcanza solo a ellos; también golpea a sus esposas, hijos y nietos, quienes han debido soportar durante años el peso de procesos judiciales que parecieran no tener fin.

No hablamos de quienes ejercían el mando o adoptaban decisiones estratégicas. Nos referimos a soldados conscriptos y personal subalterno que cumplían un deber impuesto por la ley y cuya posibilidad de desobedecer era, en la práctica, inexistente.

Esta realidad también plantea una reflexión de futuro. ¿Qué mensaje recibe un joven llamado mañana a cumplir el Servicio Militar? ¿Qué confianza puede tener quien jura servir a la Patria si, décadas después, puede ser responsabilizado por decisiones ajenas a su voluntad?

Como sociedad debemos reflexionar sobre las consecuencias éticas, jurídicas e institucionales de esta situación. Ningún país fortalece su Estado de Derecho cuando la igualdad ante la ley deja de percibirse como un principio efectivo.

A pocas semanas de conmemorar un nuevo aniversario del Combate de La Concepción, donde jóvenes oficiales, suboficiales y soldados entregaron su vida por Chile, parece oportuno recordar que el cumplimiento del deber también merece protección jurídica cuando se ejerce dentro del marco que la ley imponía en su época.

La reconciliación nacional exige verdad, justicia y respeto irrestricto a los derechos de todas las personas. Solo así podremos superar definitivamente las divisiones del pasado y construir una convivencia basada en la confianza, la paz y la unidad de todos los chilenos

Miguel Trincado Araneda

Presidente ONG CREN , Justicia y DD.HH

26 junio, 2026 

Señor Director El Libero:

     La carta del general J Gaete P, presidente del Centros de Generales de Ejército, pone de manifiesto la persistente discriminación politica social y judicial, a la que se encuentra sometido un sector de exservidores públicos desde más de mediosiglo.

Ellos en un número significativos de causas han sido objeto de arbitrarios procedimientos que entre otras vulneraciones al debido proceso, importan gruesos errores en la valoración de la prueba y una contradicción con la realidad de lo acontesido en los hechos investigados, dejando en evidencia que subyace un problema de fondo que no es otro que la existencia de dos sistemas de enjuiciamiento penal, condición impropia para un Estado Democratico de Derecho que se precie de tal.

El mantener vigente el añoso y anquilosado Sistema de Procedimiento Penal, tan solo para un segmento de la sociedad, pugna en contra las más elementales concepciones del Derecho Penal moderno por su caracter inquisitivo, no otorgar las garantías de un debido proceso y tener radicadas en un sólo juez las funciones de investigar, acusar y condenar, condiciones por las que dicho sistema fue abolido en elpaís hace más de 20 años, exepto para un sector de la sociedad de exintegrantes de las FF.AA y de Orden que, con este ejercicio de inequidad judicial se les vulnera de manera flagrante sus derechos humanos.  ¿Acaso eso noimporta?

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