La Concepción y el patriotismo que aún nos interpela

La historia demuestra que las decisiones políticas no son abstractas. Detrás de cada cálculo equivocado, de cada diagnóstico superficial o de cada decisión adoptada sin asumir plenamente sus consecuencias, hay personas concretas que terminan pagando el costo: soldados, familias, ciudadanos y, finalmente, el país entero.

En 8 Jul, 2026

Por Christian Slater E., Coronel (R) del Ejército de Chile*

Cuando recordamos el Combate de La Concepción, ocurrido los días 9 y 10 de julio de 1882, solemos detenernos, con razón, en la extraordinaria valentía de sus protagonistas: los 77 soldados del Regimiento Chacabuco que, junto al capitán Ignacio Carrera Pinto y los subtenientes Julio Montt Salamanca, Arturo Pérez Canto y Luis Cruz Martínez, resistieron hasta el final en un pequeño y lejano pueblo de la Sierra peruana.

Sin embargo, detrás de esa gesta que Chile recuerda con orgullo, también existe una lección que no debiéramos olvidar. Después de las victorias de Chorrillos y Miraflores y de la ocupación de Lima, gran parte del país sintió que la guerra estaba prácticamente ganada. El general Manuel Baquedano y parte del Ejército vencedor fueron recibidos en Valparaíso y Santiago con homenajes, flores y arcos de triunfo. Chile celebraba una victoria que parecía definitiva, mientras todavía quedaban unidades desplegadas en un territorio inmenso, hostil y difícil, enfrentando una realidad muy distinta a la que se vivía en la capital.

No corresponde afirmar que los hombres de La Concepción fueron abandonados por sus mandos. Sus oficiales estuvieron con ellos hasta el último momento y compartieron su destino. Pero sí fueron parte de una fuerza que permaneció dispersa, sometida a enfermedades, escasez, grandes distancias y una resistencia que no desapareció después de la caída de Lima. Todo ello fue consecuencia de decisiones políticas y estratégicas tomadas lejos del terreno, en un ambiente donde muchos ya suponían que la paz llegaría sola y que el esfuerzo principal de la guerra había terminado.

La historia demuestra que las decisiones políticas no son abstractas. Detrás de cada cálculo equivocado, de cada diagnóstico superficial o de cada decisión adoptada sin asumir plenamente sus consecuencias, hay personas concretas que terminan pagando el costo: soldados, familias, ciudadanos y, finalmente, el país entero. Esa fue una de las grandes tragedias de la Sierra peruana, y esa es también una advertencia que sigue teniendo sentido para el Chile de hoy.

Nuestro país continúa arrastrando un grave y doloroso desencuentro que demasiadas veces se utiliza para mantener abiertas las heridas y alimentar el resentimiento de unos contra otros. Los políticos, con sus relatos ambiguos y sus conveniencias electorales, no han sido capaces de ofrecer a sus seguidores una verdadera propuesta de unidad. Probablemente no lo hacen porque, para ello, tendrían que comenzar por reconocer sus propios errores, algunos de ellos graves y fatales, y asumir que la división permanente también les ha resultado útil.

Seguimos escuchando una y otra vez las mismas categorías que separan a los chilenos: ricos y pobres, izquierda y derecha, empleador y empleado, empresario y obrero, civiles y militares. Como si Chile no pudiera aspirar a algo mejor que repetir eternamente las mismas consignas, los mismos prejuicios y los mismos odios.

Las Fuerzas Armadas y de Orden han debido hacer sus propios exámenes de conciencia. Han reconocido errores, excesos y responsabilidades. Pero todavía esperamos un examen igualmente honesto de quienes, desde la política, contribuyeron a las crisis que después otros tuvieron que enfrentar, administrar o pagar. Ese mea culpa debe venir de la izquierda, de la derecha y de todos aquellos que, por acción, omisión, incapacidad o ambigüedad, ayudaron a llevar al país a situaciones que nunca debieron ocurrir.

También sigue pendiente una reflexión seria sobre la manera en que Chile ha administrado su pasado. Hay personas que han pagado incluso con cárcel en procesos que, a juicio de sus defensas y de muchos observadores, se sustentan en ficciones jurídicas, testimonios dudosos, declaraciones fantasiosas y condenas excesivas e inexplicables, bajo criterios de justicia que para muchos dejaron de respetar principios esenciales de certeza jurídica y debido proceso a partir de 2005. No puede existir una humanidad selectiva, una justicia selectiva ni un “nunca más” que solo se aplique a algunos.

Por eso, al recordar La Concepción, no basta con emocionarnos ante la entrega de aquellos jóvenes ni con repetir sus nombres una vez al año. Debemos entender que su sacrificio también nos obliga a exigir responsabilidad a quienes toman decisiones en nombre de Chile y a rechazar toda forma de política que divida, manipule el dolor o delegue en otros el costo de sus errores.

En la Catedral Metropolitana de Santiago, sobre el ánfora que guarda los corazones del capitán Ignacio Carrera Pinto y de los subtenientes Julio Montt Salamanca, Arturo Pérez Canto y Luis Cruz Martínez, existe una lápida cuyo mensaje conserva una fuerza extraordinaria: “Aquí, en el primer templo de Chile y a la vista del Dios de los Ejércitos, para perpetuo ejemplo de patriotismo, se guardan los corazones de Ignacio Carrera Pinto, Julio Montt Salamanca, Arturo Pérez Canto y Luis Cruz Martínez. La religión bendice su heroísmo; la Patria graba sus nombres entre los héroes y los entrega a la Historia”.

Ese es, probablemente, el mensaje más profundo que nos dejan los 77 chacabucanos. Un patriotismo verdadero no consiste en dividir a los chilenos, ni en utilizar la historia para alimentar odios, ni en honrar a los héroes solo cuando ya no se puede hacer nada por ellos. Consiste en asumir responsabilidades, defender la verdad, cuidar la unidad nacional y anteponer siempre el interés de Chile por sobre los cálculos personales, partidistas o electorales.

La Concepción vive porque sigue siendo un ejemplo de valor, de honor y de amor a la Patria, pero también porque nos recuerda que Chile necesita dirigentes capaces de aprender de su historia y de tener la valentía de reconocer sus errores.

*Conductor del programa Voces de Mando en El Periodista TV: https://www.elperiodistatv.cl/voces-de-mando/

Orden público y Fuerzas Armadas

Por Fernando Barros Tocornal 

La sociedad chilena no ha sido indiferente a la creciente y cruenta criminalidad que viene afectando a nuestro país.

La sensación de inseguridad y la conciencia de los riesgos que representa para nuestro país el que bandas criminales se hayan apoderado de barrios y ciudades imponiendo una cultura de drogas, extorsión y descontrol, no solo han dado lugar a un cambio político y el mandato popular de poner mayor énfasis en la protección de la ciudadanía, sino que también han generado un debate acerca del rol que podrían asumir las Fuerzas Armadas en el objetivo, compartido transversalmente, de erradicar la delincuencia y toda forma de violencia y crímenes de calles, colegios e instituciones.

Es importante precisar que la tarea del combate a la delincuencia y del crimen es una responsabilidad de todos nosotros, y no solo de los organismos del Estado, y que comienza en el seno de la familia y continúa con el apoyo de todos los que forman parte del proceso educativo y formativo de nuestra juventud.

Dicho esto, como ministro de Defensa Nacional del gobierno del Presidente Kast, destaco la muy positiva valoración que hoy tiene la sociedad chilena del trabajo de nuestras Fuerzas Armadas y de la contribución que podrían prestar para la solución de la crisis.

El afecto y reconocimiento ciudadano por la gran labor permanente y aporte a la construcción de nuestra República y hoy, particularmente, en la custodia de la frontera norte y la macrozona sur, explica que ante situaciones dolorosas, como las vividas estos días, ciudadanos y dirigentes propongan que ellas vuelquen su experiencia y sus medios a apoyar el cuidado del orden público, lo que, en todo caso, ya vienen haciendo desde hace varios años.

En la actualidad, las instituciones de la Defensa ya realizan un valioso trabajo en regímenes excepcionales con un enorme esfuerzo y sacrificio, sin dejar de cumplir sus labores habituales y, con ello, han ayudado a liberar un porcentaje importante de efectivos policiales para que estos, de acuerdo a lo que establecen la Constitución y las leyes, aborden la amenaza que representan la delincuencia y el crimen organizado.

Sin embargo, es a Carabineros de Chile y a la Policía Civil a quienes les corresponde de forma directa el trabajo profesional especializado de velar por la seguridad y el orden público conforme a nuestro ordenamiento jurídico.

Como instituciones patriotas, disciplinadas y profesionales, las FF.AA. concurrirán siempre a apoyar a las policías en esta labor insustituible del Estado, si así se dispusiere en la legislación. Y si se llegara a analizar esa materia esperamos que ello se realice con visión de Estado y lejos de la confrontación política, para establecer las condiciones excepcionales y temporales en las que se les convocará, con el compromiso y apoyo de los poderes del Estado y teniendo en cuenta la formación profesional militar recibida en el uso de la fuerza por los efectivos que sean llamados a servir al país en su seguridad y orden público.

Como en todo Estado de Derecho, y de acuerdo a las normas constitucionales vigentes, los órganos del Estado deben actuar estrictamente apegados a las disposiciones que los regulan y que establecen sus derechos y obligaciones. La colaboración de las Fuerzas Armadas con las policías en el combate de la delincuencia y de la actividad criminal debe tener, para hacerla posible y evitar exponer indebidamente a su contingente, un marco normativo claro, concordado ampliamente y definiendo las competencias, medios materiales y ámbitos en que ello puede materializarse, sin perder nunca la esencia del rol que cada una de las instituciones armadas tienen en la defensa e integridad de la soberanía de nuestro querido país.

La definición consensuada de esta nueva legislación es un requisito indispensable si el país quiere pedir este nuevo esfuerzo a nuestras Fuerzas Armadas, compuestas por miles de hombres y mujeres comprometidas con la defensa de Chile y la de todos sus ciudadanos.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio el martes 30 de junio de 2026.