HOMBRES QUE SALIERON A DEFENDER LA PATRIA

Señor Presidente de la República, don José Antonio Kast Rist:

Estos hombres juraron entregar la vida si la patria la reclamaba, y no fue palabra hueca: cuando el país, al borde del abismo, los convocó —eran los días en que las mujeres alzaban pañuelos blancos pidiendo  orden—, vistieron el uniforme y salieron a honrar, ante la bandera, la palabra empeñada, exponiendo junto con la existencia propia la suerte de sus familias. Y terminada su misión, en vez de retener el poder prefirieron devolverlo, restituyendo la democracia bajo la cual hoy gobierna V.E. y escribe esta abogada. Así retribuye la patria semejante lealtad: esa generación languidece, olvidada, en los pabellones más antiguos de nuestras cárceles, donde la República niega a sus servidores hasta una muerte digna.

No vengo a discutir condenas: vengo a cobrar una deuda. Quienes fueron escudo de la Nación pasaron a recibir trato de enemigos, y al enemigo no se cuida: se deja morir despacio. Sobre el castigo dictado por un juez cayó otro que nadie suscribió: la agonía sin auxilio, lejos de la familia, como si la tierra defendida cobrara ahora la cuenta de su propia defensa.

Las sentencias, además, provinieron de un procedimiento que Chile enterró por indigno: inquisitivo, escrito y secreto, donde un mismo juez investigaba, acusaba y fallaba, con un sumario oculto hasta para la defensa. La reforma procesal vino a proscribirlo; estos ancianos son los únicos a quienes el rito abolido todavía alcanza. No pido revisar nada: dejo constancia. Juzgar sin garantías y abandonar al moribundo no se archiva con los expedientes: permanece como una mancha indeleble en la justicia chilena.

Esto tiene nombre, y lo vengo escribiendo hace años: geriatricidio carcelario. La muerte anticipada de los presos más ancianos, ejecutada sin un solo golpe: basta negar el auxilio que el propio encierro vuelve imposible de procurar. Recluir a un hombre es privar de libertad, no presenciar una agonía sin médico. Una pena que excede lo fijado por el juez ya no es justicia: es venganza con toga.

Y no hablo en abstracto. En el recinto que concentra a los reclusos más ancianos del país se hacina casi el doble de los internos previstos, sin un médico de planta que acuda cuando un cuerpo de noventa años se apaga de madrugada. La Corte Suprema ordenó corregir esas condiciones; la orden sigue incumplida, y la población del pabellón ha ido disminuyendo por la única puerta que allí se abre sin permiso: la de la muerte. Octogenarios en su mayoría, algunos ya nonagenarios, agonizan entre esas rejas, aquejados de un cáncer terminal que ninguna enfermería carcelaria podría tratar. Ya no pueden seguir esperando.

La salida no es el perdón, sino la pena cumplida en el domicilio. El enfermo grave permanece preso, condenado y purgando: apenas muda los muros del penal por los del hogar, la soledad del pabellón por la familia y un médico cercano. No se remite una hora. Se ahorra el suplicio. Eso es todo.

Y conviene decirlo sin pudor: además de humano, es buen gobierno. Un sistema penitenciario desbordado gasta en custodiar moribundos las camas, el personal y las ambulancias que el resto de la población penal reclama a gritos, sin provecho para la seguridad del país. La conciencia y la razón de Estado, por una vez, apuntan al mismo norte.

El derecho no permite esta salida: la ordena. Quien encierra responde por la vida del encerrado —posición de garante, en la voz de la doctrina—, y ese deber de cuidado, por mandato del artículo 24 de la Constitución, culmina en el despacho presidencial. No pido a V.E. dictar reclusiones domiciliarias: esa palabra pertenece a los tribunales.

Pero los caminos para que ningún interno siga expirando en el abandono abundan en manos del Ejecutivo, y no los enumero: quien gobierna los conoce mejor que esta abogada. Los tratados suscritos por Chile mandan preferir, para el recluso enfermo, formas de cumplimiento compatibles con la dignidad humana. Las vías existen. Falta la voluntad.

Si nada ha ocurrido, no es por ausencia de norma, sino por una indiferencia vuelta costumbre: la de suponer que ciertas vidas, por el pasado que cargan, ya no merecen cuidado. Hay una crueldad peor que la del enemigo: la de la Nación que abandona a sus defensores. Chile rindió siempre honores a sus caídos; a los sobrevivientes de aquella generación hoy los deja extinguirse tras las rejas, sin más himno que el silencio. Un soldado sabe morir de pie; ninguno merece pudrirse en una celda mientras la tierra por la cual iba a caer mira hacia otro lado. La dignidad ni se gana con la hoja de servicios ni se pierde con la condena: dura lo que dura el hombre.

Hablo sin rodeos, señor Presidente. La responsabilidad reside en su investidura, y cada semana de silencio no es un trámite: es una decisión. Gobernar no es administrar la demora, sino firmar cuando el deber lo exige, aunque vociferen los que jamás han cuidado a nadie.

Suya fue, alguna vez, la máxima de que nadie merece morir en la cárcel; esas palabras siguen aguardando dueño. La historia no preguntará por informes ni cálculos: preguntará cuántos perecieron mientras la firma esperaba.

No invoco clemencia: exijo el pago de una deuda de la República.

Que los ancianos gravemente enfermos y los desahuciados que se consumen tras los muros concluyan la pena en el hogar, atendidos, como el derecho ya autoriza. Chile no puede exigir juramentos de sangre a sus hijos y negarles después el lecho de la última hora.

A quienes acudieron al llamado de la patria y devolvieron el poder en lugar de retenerlo, la República adeuda, cuando menos, un final sin olvido ni celda, al amparo de la bandera que juraron. Sobrellevar la condena toca a quien la recibe; impedir que se vuelva pena de muerte encubierta, al Estado que la dictó. Lo primero ya ocurre. Lo segundo aguarda una firma. Ellos ya no tienen tiempo; la pluma, señor Presidente, sigue sobre su escritorio.

Carla Fernández Montero

Abogada