*LLAMADO A CREER*

Por Cristián Labbé Galilea

Vivimos tiempos en que la confianza parece haberse convertido en un bien escaso. Las encuestas lo reiteran y la conversación cotidiana lo confirma: el Poder Judicial y el Poder Legislativo atraviesan un profundo desprestigio, agravado por episodios que han instalado en la ciudadanía una inquietante percepción de corrupción, privilegios y falta de responsabilidad. El Ejecutivo, por su parte, tampoco escapa a esta crisis de confianza y mantiene bajos niveles de aprobación.

Sería fácil quedarse en el diagnóstico, comenzar a buscar responsables y, a través de opiniones ligeras, seguir alimentando el pesimismo. Pero la historia política nos enseña que el verdadero “arte de gobernar” comienza, y se demuestra, cuando las circunstancias son adversas.

Sobran pensadores que lo han advertido; cuando las instituciones pierden prestigio, el peligro no radica solamente en su debilidad, sino también en el vacío de autoridad y confianza que dejan. Montesquieu advirtió sobre la necesidad de preservar el prestigio y el equilibrio entre los poderes; Tocqueville comprendió que ninguna democracia podía sostenerse indefinidamente sin confianza ciudadana. Estas lecciones siguen vigentes: las instituciones pueden soportar períodos de impopularidad, pero difícilmente una pérdida prolongada de legitimidad.

¿Qué hacer entonces?

El Ejecutivo tiene una oportunidad: dejar de administrar el pesimismo y comenzar a gobernar la esperanza.

Eso requiere, antes que grandes discursos, señales sencillas y concretas: autoridad en el ejercicio del poder; tolerancia cero frente a la corrupción; transparencia en las decisiones; capacidad para reconocer debilidades; disposición para escuchar y, especialmente, concentrar los esfuerzos en aquellas materias que afectan realmente la vida de las personas y, sobre todo, de los más vulnerables: empleo, crecimiento, salud, educación y, por cierto, seguridad.

Pero hay algo todavía más importante. Un gobierno con baja aceptación debe comprender que no recuperará la confianza hablando permanentemente de sí mismo. La confianza se recupera cumpliendo lo prometido, mostrando resultados y ofreciendo un rumbo.

El Presidente debe entonces elevarse por sobre la disputa cotidiana y ejercer plenamente su condición de Jefe de Estado: convocar a quienes generen confianza, construir acuerdos sin renunciar a sus principios y, especialmente, decirle al país, con sencillez y sinceridad: tenemos dificultades, podemos haber cometido errores pero vamos a cumplir… sabemos hacia dónde vamos.

Los grandes momentos de la historia, a juicio de esta pluma, nunca fueron construidos por sociedades ni gobernantes que carecieran de problemas. Fueron construidos por quienes, enfrentados a ellos, encontraron razones y voluntad para superarlos.

Nuestro país posee instituciones, experiencia, recursos y, sobre todo, personas capaces. Lo que necesitamos recuperar es algo elemental y profundo: la convicción de que podemos lograrlo.

En suma, el arte de gobernar consiste en despertar esa confianza. Cuando una sociedad vuelve a creer en sí misma, recupera su energía, su voluntad y su futuro. Tal vez éste sea precisamente el momento de dejar de buscar culpables y, quieres creemos en la Sociedad de la Libertad, comenzar a preguntarnos, qué podemos hacer para recuperar nuestra unidad, confianza y esperanza.

*¡Es tiempo de volver a creer!*

Política y FF.AA.:

https://youtu.be/3zL8rEi_gDk?si=42pSTL_kRC5S1Sqi

OpiniónArchivo

5 septiembre, 2026

Chile versus Argentina

Por : Richard Kouyoumdjian InglisVicepresidente ejecutivo de AthenaLab.

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Lo menos importante es el eventual apoyo o neutralidad de los Estados Unidos de América en la materia o la construcción de una base naval en Tierra del Fuego. Sabemos que esa opinión puede cambiar, dependiendo de otras cosas.

El Jueves 03 de septiembre de 2026 fue un nuevo capítulo en las relaciones chileno-argentinas. Vino el presidente Milei a Chile, a la reunión del Foro Madrid y una reunión con el presidente Kast, de la que salió un comunicado conjunto y una cadena nacional en la Argentina en que se presenta la estrategia que van a seguir respecto de las Malvinas (Falklands para británicos e isleños), Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

¿Qué nos dice el análisis del comunicado? que básicamente hicimos un intercambio de acceso a recursos minerales y gas, a cambio de un apoyo a la reclamación argentina sobre los archipiélagos antes mencionados y los espacios marítimos circundantes, más nuestra intención de no facilitar o apoyar las actividades de explotación de hidrocarburos y recursos pesqueros en la zona en disputa.

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Para algunos, esto se puede interpretar como una restricción o eventual coadministración del estrecho, debido a las limitaciones que esto podría significar para el libre tránsito por aguas territoriales argentinas para naves que regresen a Punta Arenas después de haber abastecido a Puerto Stanley (Puerto Argentino para Argentina).

Obviamente, se mencionan con claridad los derechos soberanos de Chile en el Estrecho de Magallanes, algo que no necesariamente tiene importancia más que la comunicacional, después de las polémicas recientes que generaron las desafortunadas palabras del general Valverde en un podcast, situación que fue usada por las redes sociales para generar una pseudo crisis diplomática entre ambos países, que se sumaba a una serie de otros desafortunados incidentes ocurridos en el 2026 y años anteriores. En todo caso, es un tema que ya había zanjado con mucha claridad el Presidente Kast, en días anteriores.

Puede que haya algunos para los que sea importante la inclusión de la mención a Galvarino Apablaza o que las relaciones entre ambos países pasan por buenos minutos en lo económico y en lo bilateral, pero este comunicado y la posterior cadena nacional se deben mirar más allá de lo ya indicado en párrafos anteriores.

Primero, había señales saliendo de Buenos Aires respecto de la pronta iniciación de actividades extractivas en los mares circundantes de los archipiélagos, que están actualmente bajo control británico.

Para la Argentina, esto genera una línea roja que gatilla acciones por parte de ellos en defensa de lo que ellos estiman es su interés nacional. Es por eso que el comunicado lo incorpora y es por eso que se realiza una cadena nacional en que se anuncia a todos lo que van a realizar.

Lo menos importante es el eventual apoyo o neutralidad de los Estados Unidos de América en la materia o la construcción de una base naval en Tierra del Fuego. Sabemos que esa opinión puede cambiar, dependiendo de otras cosas. De seguro, esas señales ya se conocían en Santiago y se sabía de esta complejidad que había quedado bajo el radar por estar el foco político en el tema de la soberanía del Estrecho de Magallanes, algo que nunca ha estado en discusión.

Segundo, el comunicado nada dice de los temas de límites marítimos y terrestres que tenemos pendientes, tanto en el sector del monte Fitzroy como por la colisión de las plataformas continentales chilena con la extendida Argentina, una que se genera por sus reclamaciones de archipiélagos en manos extranjeras, y que, de atenderse, debieran ser vistas bajo el mecanismo de solución de controversias que tiene el TPA de 1984.

Tercero, es muy posible que las acciones argentinas estén guiadas por el modo electoral en que se encuentra el gobierno del presidente Milei, quien ha indicado que va a buscar la reelección. Claramente la reconstrucción de la economía argentina va por buen camino, pero aún no se deja notar en los bolsillos de todos los transandinos, excepto en los de quienes se dedican a la agricultura y la minería.

Cuarto, todo indica que el comunicado que buscaba Argentina venía con el tejo muy pasado, algo que se sabe que el equipo de la Cancillería logró mitigar. Imagínense lo que habría salido sin intervención. Nosotros comprometimos esfuerzos, ellos enviaron señales. Eso sí, Magallanes está esperando una buena explicación.

• El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

La gangrena de la corrupción

Por Álvaro Pezoa Bissières 

Las investigaciones en torno a la Junaeb han vuelto a poner la corrupción en el centro del debate público. La Fiscalía investiga delitos vinculados a licitaciones del Programa de Alimentación Escolar: fraude al Fisco, falsificación, cohecho, tráfico de influencias y otras irregularidades. Alcanzarían a una empresa proveedora, funcionarios y personeros políticos. Se indagan, entre otros antecedentes, pagos por raciones no entregadas, certificados falsificados y adulteraciones de registros. Todo ello deberá esclarecerse; por ahora, prima la presunción de inocencia.

Tendemos a medir la corrupción en montos de dinero. Siendo grave su pérdida, ella no es lo peor. Cada peso público tiene un destino y detrás de él existe una persona. En la Junaeb hablamos de recursos dirigidos a alimentar a niños y jóvenes, en su mayoría pobres. Se habría, entonces, burlado la finalidad misma para la cual fueron asignados. El dinero importa, pero todavía más el bien humano que con este se debía proteger.

La corrupción rara vez es obra de un individuo solitario. Para concretarse necesita una trama: alguien que ofrece, quien acepta, aquel que proporciona información, el que intercede. En este caso, resultaría inexcusable que por mera codicia personas pertenecientes a ámbitos empresariales, administrativos y políticos hayan, concertadamente, podido dejar de servir al propósito (noble) de sus respectivas funciones sociales.

Junto con su (eventual) irresponsabilidad, habrá existido otra: la de quienes supieron, callaron y permanecieron pasivos. Con frecuencia el deterioro moral comienza por transgresiones menores: pequeños silencios, señales que nadie quiere investigar o irregularidades que terminan normalizándose. Una institucionalidad éticamente sana no es aquella en que es imposible que ocurra algo malo, sino aquella en que sus miembros tienen la disposición y la fortaleza para impedir que las conductas incorrectas se conviertan en costumbre.

Por eso, el daño más difícil de reparar es la pérdida de confianza social. Cada episodio de corrupción hace que el ciudadano vuelva a sospechar del proveedor, del funcionario, del parlamentario, del proceso de licitación, y del propio Estado. El dinero perdido es (a veces) susceptible de ser recuperado. Los controles, procedimientos y fiscalizaciones pueden ser mejorados. Mucho más difícil es regenerar la convicción ciudadana de que quienes administran lo que pertenece a todos lo hacen probamente.

Para combatir la corrupción se requieren buenas leyes e instituciones fuertes. Pero, ellas nunca podrán sustituir completamente la falta de calidad moral de las personas. La rectitud requiere virtudes: honestidad, justicia, fortaleza, responsabilidad, sentido del deber.

La corrupción -que parece estar cada vez más extendida- no consiste únicamente en la apropiación indebida de bienes ajenos. Es una traición a la confianza social. Es una gangrena que corroe sin pausas el entero tejido social. ¡Es otra emergencia nacional!

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Tercera el lunes 24 de agosto de 2026.

Tareas pendientes: avanzar o quedarnos atrás

Por Natalia González 

Aprobada la Ley para la Reconstrucción Nacional que, convengamos, constituye un hito de la mayor relevancia para el cambio de tendencia que Chile requiere y necesita, es preciso poner el foco y la urgencia en aquello que no puede seguirse postergando porque es esencial.

Llevamos más de una década con crecimiento mediocre, inversión estancada y un mercado laboral que no genera el empleo formal que el país necesita. Mientras tanto, tres nudos regulatorios —la rigidez laboral, la Ley Lafkenche y el Consejo de Monumentos Nacionales— actúan como frenos silenciosos, pero potentes.

Ignorarlos es aceptar que, la primera piedra que se puso con el proyecto de Reconstrucción Nacional no será suficiente y que el desarrollo seguirá siendo una promesa lejana. Es hora de continuar actuando con decisión, tal y como se hizo con la referida iniciativa legal.

En materia laboral, el diagnóstico es claro y se repite desde hace años. La informalidad se mantiene en niveles preocupantes: cerca del 27% de los trabajadores carece de contrato, y la recuperación del empleo formal postpandemia ha sido lenta e incompleta.

Es preciso insistir, con velocidad y convicción, en la necesidad de modernizar el marco regulatorio, entre otros, para: concluir la reforma al sistema de sala cuna y su financiamiento, sin encarecer la contratación y tendiendo hacia el financiamiento estatal; reemplazar subsidios ineficaces; flexibilizar el periodo de cálculo de la jornada laboral de las 40 horas, permitir regímenes de turnos laborales adicionales y especiales para determinados sectores, y avanzar hacia un sistema de indemnización por años de servicio más acotado, fortaleciendo al mismo tiempo el seguro de cesantía.

Estas no son propuestas ideológicas: son instrumentos para aumentar la formalidad, la participación femenina y la movilidad laboral, dando dinamismo a diversos sectores de la economía como el turismo y la agricultura. Sin mayor flexibilidad y certeza, las empresas seguirán postergando contrataciones o buscando alternativas en la automatización. El resultado es previsible: menos empleos de calidad y menor capacidad de crecer de manera inclusiva.

Otro efecto grave es el que está generando la Ley Lafkenche. La mera solicitud de un Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (ECMPO) suspende de inmediato otras concesiones, los plazos se alargan por años y las superficies reclamadas crecen sin límites claros de proporcionalidad ni de acreditación efectiva del uso consuetudinario. Hoy esas solicitudes acumulan y superan los tres millones de hectáreas en zonas clave para la acuicultura, el turismo y la pesca artesanal.

El expresidente Eduardo Frei ha sido muy directo en la materia, insistiendo en que no tiene sentido entregar millones de hectáreas a un número reducido de familias cuando lo que el país necesita es duplicar las exportaciones de salmón, entre otras, que ocupa una fracción de hectáreas menor y genera miles de millones de dólares y empleos en el sur.

Hablemos claro: la suspensión indefinida de concesiones y renovaciones no protege derechos ancestrales: los transforma en un mecanismo de veto que paraliza la inversión y el empleo regional. Revisar el efecto suspensivo, establecer criterios objetivos de proporcionalidad y acotar los plazos no es atentar contra las comunidades indígenas; es recuperar el equilibrio entre derechos legítimos y desarrollo productivo.

El efecto buscado de esa ley no puede haber sido el congelar la expansión, las renovaciones y otras inversiones del borde costero durante años, empero, es justamente lo que ha ocurrido, por lo tanto, es imperativo avanzar, salvo que alguien se declare satisfecho con lo ocurrido en cuyo caso debiera explicitar que su objetivo es decrecer.

Aun cuando la industria salmonera ha seguido exportando y creciendo en valor, el espacio productivo no crece a la par, versus lo que ocurre en la industria competidora en otros países. Además, cientos de concesiones no salmoneras también quedan congeladas, como concesiones marítimas relativas a puertos, emisarios, turismo y proyectos de infraestructura quedan atrapados, con los empleos que conlleva.

El tercer nudo es el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) y, más ampliamente, la permisología. Auditorías de Contraloría han documentado miles de solicitudes pendientes, algunas con cientos de días de retraso, muchas asociadas a obras públicas y proyectos de inversión. Proyectos que se dilatan años, capital que se va a otros países y trabajadores que esperan oportunidades que nunca llegan. Una reforma que permita destrabar la toma de decisiones y fije plazos efectivos no debilita el patrimonio: lo hace compatible con el progreso.

Estas tres áreas no son independientes. La rigidez laboral desincentiva la contratación; la Ley Lafkenche y el CMN elevan el costo y el riesgo de invertir. Juntas generan un círculo vicioso: menos inversión, menos empleo formal, menor crecimiento y, por tanto, menor capacidad de financiar mejores políticas sociales y de protección.

Chile ya demostró en el pasado que puede crecer por encima del 5% durante períodos prolongados. Esa capacidad no desapareció, sin embargo, está atrapada detrás de normas mal diseñadas o implementadas.

Avanzar no significa desmantelar protecciones. Significa diseñarlas de manera que cumplan su propósito sin convertirse en obstáculos permanentes; implica establecer plazos reales, criterios objetivos, proporcionalidad y certeza jurídica. Significa priorizar el empleo formal y la inversión productiva como bases del bienestar.

El costo de la inacción ya lo estamos pagando en cifras de desempleo, en regiones que no despegan y en una sensación colectiva de estancamiento.

El momento de las advertencias ya pasó. Lo que corresponde ahora es decisión política y técnica para destrabar estos nudos. La Ley de Reconstrucción es un gran primer paso, no podemos cansarnos de destacarlo. Pero para volver a mirar el desarrollo como una meta alcanzable y no como una aspiración lejana, es preciso seguir avanzando y hacerlo con celeridad.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por Ex-Ante el miércoles 26 de agosto de 2026.