A la casta política chilena:

Hay semanas en que el Estado revela lo que piensa de estos hombres sin necesidad de decirlo, y la que acaba de pasar fue una de ellas. Se supo que el Ministerio de Justicia había firmado cincuenta y seis decretos de rebaja de condena a favor de agresores sexuales de niños, y el escándalo fue el que correspondía. A esta carta le interesa lo que vino después. Acorralado, el ministro no se conformó con invocar la ley que decía haber aplicado; se escudó en los militares. Dijo que en los últimos veinte años gobiernos de distinto signo habían concedido beneficios a militares condenados, arrastró a los ancianos de Punta Peuco a la noticia de los abusadores, y los golpes cayeron donde él sabía que iban a caer. Desde entonces, en las crónicas y en las resoluciones del Congreso, Punta Peuco figura junto a los violadores de niños, sin que en el Gobierno alguien se haya molestado en separarlos. La Cámara de Diputados, en la sesión en que pidió invalidar esos decretos, aprobó otra resolución que juntó en una misma frase los delitos sexuales contra menores y los de lesa humanidad, y el Presidente, a propósito de los abusadores, dijo que era muy grave, profundamente doloroso, totalmente inaceptable, que había sido un error propio y que había que cerrar la puerta para siempre. No distinguió. Al Gobierno le sirvieron de escudo; a la oposición le sirven de trofeo. Para nadie son hombres.

Conviene saber qué se les cierra. La Ley 19.856 concede dos meses por cada año de condena cumplida con comportamiento sobresaliente, y tres a partir de la mitad de la pena; lo califica una comisión de jueces del crimen, presidida por un ministro de Corte de Apelaciones e integrada además por profesionales que designa el propio Ministerio, al que sólo le queda firmar. Es la única ley que en medio siglo los ha favorecido. El Ministerio suspendió la tramitación de los decretos en curso con un comunicado que no decía a quiénes alcanzaba; el Presidente lo acotó después a los abusadores de menores, y el proyecto que ingresó al Senado cambia las reglas para todos: regirá la ley vigente al momento de postular, cualquiera sea la fecha del delito o de la sentencia. Los meses que los ancianos de Til Til y de Colina llevan ganados con décadas de conducta intachable, certificada por jueces, quedan a merced de la próxima ley. Apurarse saben: hubo suma urgencia para la agenda de seguridad y ciento veinticinco votos contra doce para una reforma del sistema político que, entre otras materias, regula el financiamiento de los partidos; si la ley es para ustedes mismos, el acuerdo es transversal. Para cerrar puertas se anunciaron proyectos con discusión inmediata, que obliga a despacharlos en seis días; para el que el Senado aprobó hace meses, por un solo voto, a fin de que los enfermos terminales cumplan la pena en su casa, no ha habido urgencia alguna. El ministro, que ante una pregunta por los indultos de los que se mueren respondió que no hay plazos fijados para esta materia, anunció ahora, cuando lo que corre peligro es su cargo, que esperará la acusación con la conciencia muy tranquila; idéntica frase había usado el Presidente cuando le preguntaron por ellos. En este Gobierno la conciencia tranquila es un bien que sólo poseen quienes no están presos. Entretanto, en Justicia duermen más de cien solicitudes de indulto, la mayoría por hechos de 1973, cuyo único trámite pendiente es que el ministro sobreviva a su propia acusación.

Ustedes los llamaron. El 22 de agosto de 1973 la Cámara de Diputados, por ochenta y un votos contra cuarenta y siete, declaró quebrantado el orden constitucional de la República y pidió a los ministros militares “poner inmediato término” a esa situación, dejando constancia de que hacerlo “importaría un valioso servicio a la República”. No fue una orden de golpe; fue algo más cómodo: un llamado por escrito que dejaba la ejecución en manos ajenas. Dese por cierto lo peor que alguien quiera creer de lo que ocurrió después.

Fuera de duda queda que los ochenta y uno durmieron esa noche en sus casas, y que en sus casas, con honores y con calle a su nombre, han ido muriendo casi todos, mientras quienes acudieron siguen, cincuenta y tres años más tarde, en una celda, únicos deudores de un servicio que otros pidieron. Falta decir quiénes son. Los grados que hoy exhiben las nóminas son los grados con que se retiraron décadas después; en aquel septiembre eran, en su mayor parte, oficiales subalternos, suboficiales y conscriptos, muchachos que recibían órdenes. Quienes las impartían, los cuatro de la Junta de Gobierno, han muerto todos. Quedan los mandados, y sobre los mandados ha caído el peso íntegro de la historia.

Durante medio siglo ustedes se han llenado la boca con el gobierno militar. Unos lo condenan en cada aniversario con la indignación bien ensayada de quien nunca arriesgó nada; otros lo reivindican en privado, ante uniformados en retiro a quienes luego no reciben en sus oficinas; en Chile el pasado es la sola plataforma que no exige programa. El país que administran, la economía que distribuyen, las instituciones en las que fueron elegidos y buena parte de lo que poseen se deben también a lo sucedido entonces, y ninguno lo ignora, aunque pocos lo digan en voz alta. No se conoce a alguien que haya devuelto la pensión, el escaño o el patrimonio que aquel orden le procuró; la cuenta la pagan quienes no firmaron nada. A los hombres que lo hicieron posible los dejaron en una celda, y allí permanecen.

Sí admite debate, por ser derecho y no historia, la forma en que se los juzgó, y en esto la primera firma no es de un juez. Al reformar la Constitución para crear el Ministerio Público y darle a Chile un proceso penal digno de ese nombre, agregaron una disposición transitoria, la octava, según la cual las nuevas reglas “se aplicarán exclusivamente a los hechos acaecidos con posterioridad a la entrada en vigencia de tales disposiciones”. La llamaron transitoria. Lleva veintinueve años vigente y sobrevivirá a cuantos alcanza, juzgados aún por el código de 1906, el del magistrado que instruye en secreto, acusa y sentencia, mientras un narcotraficante detenido anoche tendrá mañana defensor y audiencia pública. Esa excepción la escribieron y la votaron ustedes.

Hubo tiempo de sobra para discutir dos constituciones nuevas de principio a fin sin que alguien propusiera tocarla; a un preso de ochenta años no se le debe ningún favor electoral.

Peor todavía es la palabra con la que se los condena, porque con ella el Estado consiguió lo que ninguna ley de la dictadura consiguió: una pena que no termina nunca. Ninguna de esas sentencias castiga un delito de lesa humanidad, que la legislación chilena no conocía cuando ocurrieron los hechos. Se los procesa, se los acusa y se los condena por los delitos comunes del Código de 1874, homicidio, secuestro, apremios, en el texto que regía cuando ocurrieron, y al final del fallo el juez agrega la cláusula “en su carácter de lesa humanidad”.

Esa cláusula carece de artículo que la respalde en el ordenamiento chileno; si lo tuviera, la sentencia diría el número y se ahorraría la genealogía. Para sostenerla se citan la Cláusula Martens de 1899, una declaración de Francia, Gran Bretaña y Rusia de 1915 sobre las matanzas de armenios, los estatutos de Núremberg y de Tokio y la costumbre internacional; una decisión judicial convertida en fuente de derecho penal, que ni siquiera pudo controvertirse en el juicio, porque el artículo 424 del Código de 1906 obliga a que la acusación nombre el delito imputado, las acusaciones nombraron homicidio y secuestro, y la lesa humanidad apareció en la sentencia, cuando la defensa ya no tenía ocasión de responder. Eso se llama analogía en contra del reo, lo primero que prohíben el artículo 18 del Código Penal y el 19 número 3 de la Constitución. La República incorporó el crimen de lesa humanidad recién en 2009, mediante la Ley 20.357, y el Congreso que la aprobó escribió en su artículo 44 que los hechos anteriores “continuarán rigiéndose por la normativa vigente a ese momento”; el Estatuto de Roma, del que esa ley es hija, dispone en su artículo 24 que “nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente Estatuto por una conducta anterior a su entrada en vigor”. Los tribunales citan el 44 para no aplicar la ley, y acto seguido aplican la palabra.

La palabra necesitó tres apoyos, y los tres son ficciones. El primero es una convención de 1968 sobre la imprescriptibilidad que Chile jamás ha ratificado, convertida por los jueces en costumbre. El segundo son los Convenios de Ginebra, para cuya aplicación hubo que afirmar que en 1973 el país estaba en guerra, y la prueba que invocan los fallos es un decreto ley de la propia Junta, dictado para endurecer la justicia militar; el único acto de la dictadura que los tribunales han tomado al pie de la letra es el que les sirve para condenar. El tercero es un fallo de la Corte Interamericana contra Chile, que sostuvo que esos crímenes ya estaban prohibidos en 1973 por la costumbre de las naciones y lo fundó en Núremberg, cuyo estatuto los castigaba únicamente en conexión con una guerra entre Estados; al ratificar el Pacto de San José, Chile aceptó la competencia de esa Corte sólo para hechos posteriores al 11 de marzo de 1990; la Corte declaró que juzgaba la amnistía aplicada después de esa fecha y no el homicidio de 1973 y, sin cambiar de página, calificó ese homicidio de crimen de lesa humanidad y ordenó juzgarlo como tal. La Constitución no habla de costumbre ni de naciones; exige una ley promulgada con anterioridad al hecho. Sobre ese andamiaje, un ministro en visita pudo escribir en una sentencia que la lesa humanidad “vence, derrota a la prescripción (en el más amplio sentido), a las simples legalidades del Derecho penal liberal (prescripción, tipos, participación, penas)”, que las reglas de la imputación “no resultan aplicables” a tales delitos y que para ser cómplice basta con haber sido “testigo del hecho” o “compañero de armas”. Eso no es derecho penal; la doctrina lo llama derecho penal del enemigo.

De esa palabra prestada deducen cuanto los mantiene adentro: que el delito no prescribe, que la amnistía no rige aunque siga vigente en el Diario Oficial, pues el Congreso no se ha atrevido a derogarla, que no procede la media prescripción del artículo 103 del Código Penal, que no hay libertad condicional sin delación ni confesión, ni permiso para un funeral. Se dirá que las naciones ya prohibían esos crímenes en 1973. Aunque así fuera, una prohibición sin tipo ni pena no es ley penal, y todos esos efectos son castigos añadidos que ninguna ley previa impuso. Si esa costumbre bastaba para condenar, la Ley 20.357 estaba de más; si no bastaba, la que está de más es la cláusula. El Pacto de San José, invocado para negársela, garantiza en su artículo 4 hasta al condenado a muerte el derecho a pedir amnistía, indulto o conmutación; a estos hombres, sentenciados a morir en la cárcel por la suma de las penas y de la edad, se les niegan las tres. El Congreso admitió toda la operación en 2019, en un inciso que restringió la libertad condicional a los condenados por estos delitos “cualquiera haya sido la denominación o clasificación que dichas conductas hubieren tenido al momento de su condena”. Reconoció por ley que las sentencias no llevaban ese nombre, y se lo puso después, retroactivamente, con el solo fin de castigar más. Ustedes lo saben, muchos son abogados; callan porque defenderlo en este caso cuesta votos, y en este oficio la Constitución vale menos que una encuesta.

Quien no comparta una línea de lo anterior tendría que conceder lo que viene, pues ya no se discuten las condenas, se discute cómo se cumplen. Una condena tiene un contenido escrito en la ley. El artículo 80 del Código Penal dispone que ninguna pena puede ejecutarse “en otra forma que la prescrita por la ley, ni con otras circunstancias o accidentes que los expresados en su texto”; el reglamento penitenciario declara en su artículo 2 que, fuera de los derechos perdidos o limitados por la condena, la condición jurídica del interno “es idéntica a la de los ciudadanos libres”; y el Pacto de San José, el tratado que se esgrime en su contra, exige en su artículo 5 que toda persona privada de libertad sea tratada “con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. Una pena privativa de libertad les quita la libertad, y las accesorias que la sentencia diga; lo restante, la salud, la familia, el trato digno y el derecho a enterrar a los suyos, les pertenece por ley. Con ellos, en cambio, la condena se ha vuelto el pretexto para quitarles todo lo demás. Un decreto exigió que, para cualquier permiso de salida, incluidas las diez horas, con vigilancia, que ese reglamento concede por enfermedad o muerte de un pariente próximo, los condenados por esos delitos acrediten haber aportado “antecedentes serios y efectivos” sobre otras causas, lo que en castellano se llama delatar, obtengan la unanimidad del Consejo Técnico, la ratificación del Director Regional y un informe psicológico de arrepentimiento. De ahí que haya hombres que no han podido despedirse de sus mujeres muertas. A ningún sicario ni a ningún violador de este país se le pide tanto para ir a un funeral.

La Ley 21.124, nacida de una moción firmada por senadores de ambos sectores, les exigió dos tercios de la pena y colaboración para postular a la libertad condicional, sobre condenas ya dictadas; el Ejecutivo se le había adelantado por decreto. Ahí está toda la obra de la casta política a su respecto: dos leyes y un decreto, todos para cerrar y ninguno por falta de tiempo. La nómina que Gendarmería se negó a entregar durante más de un año, hasta que los tribunales la obligaron, registraba trescientos treinta y nueve condenados que suman más de diez mil novecientos años de cárcel; los ciento treinta y cinco de Punta Peuco promedian casi treinta y nueve años cada uno, a una altura de la vida en que no alcanzarán a cumplirlos. Todo requisito nuevo se agrega a la edad, y la edad no espera trámites; a esa suma, vista desde adentro, se le llama geriatricidio carcelario.

Nadie, en ningún gobierno, ha hecho por ellos nada cierto. Usarlos, eso sí, se ha hecho con puntualidad: cada 11 de septiembre vuelven a ser caballo de batalla, un sector los exhibe como prueba de que no olvida y el otro como prueba de que no se arrodilla, y el día 12 vuelven a la celda hasta el año siguiente. Nunca es el momento de ayudarlos. Primero está la seguridad, luego la reforma, después la elección, más tarde el escándalo de la semana; siempre hay una necesidad que pasa antes que la de un hombre de noventa años, y la lista no se acaba, él sí. La espera es el método. Ancianos y enfermos, no hace falta negarles nada por escrito; basta con dejar que el calendario resuelva. Saben cuántos han muerto esperando, y ninguno ha pedido la cifra.

Sin necesidad de ley, cada gobierno les ha hecho sentir su mano a través de Gendarmería, y las fechas lo demuestran: se anunció el cierre de Punta Peuco, se dejó sin efecto, se volvió a anunciar, hasta que un decreto le quitó al recinto su carácter especial e incluso el nombre; hoy se llama Til Til. La Contraloría advirtió al tomar razón que suprimir ese carácter no autorizaba a desatender la salud ni la integridad física de los ancianos privados de libertad, y la advertencia se archivó junto con el decreto. También se les retiró la máquina expendedora que los propios internos habían pagado, su única fuente autónoma de agua en un lugar sin red potable. Nada de eso lo dispuso un tribunal; lo dispusieron gobiernos de uno y otro signo, seguros de que un anciano sin derecho a voto no devuelve el golpe. Muchos de ustedes, hay que decirlo con todas sus letras, han comido cabritas mientras estos hombres se pudren en la cárcel, y algunos siguen cobrando entrada por el espectáculo.

Al sector que gobierna le corresponde un párrafo propio, porque fue el que más prometió. Su candidato lleva tres campañas pasando por los penales: en la primera asistió a la misa de Navidad de Punta Peuco, agradeció a las familias el apoyo en las urnas y lo ovacionaron de pie; en la segunda repitió que nadie merece morir en la cárcel; en la tercera preguntó en voz alta si valía la pena que un hombre de más de ochenta y cinco años, sin conciencia, siguiera preso, y se respondió que no. Llegó al poder con esos votos. Ya instalado, explicó que nunca hizo una promesa absoluta y que tiene la conciencia tranquila, descartó cualquier gesto para la efeméride con un “no, ninguno”, su ministro insiste en que no hay plazos, y cuando el escándalo de los abusadores necesitó un escudo, dejó que fueran ellos. Muchos de los que lo aplaudieron de pie en aquella misa ya no pueden levantarse de la cama. “Hasta ahora, no hemos indultado a nadie”, resumió él mismo.

Sé lo que cuesta esa tranquilidad; la he visto pagar. Conozco a internos que supieron por teléfono que había muerto la mujer con la que llevaban sesenta años casados y que, por el mismo teléfono, supieron que no habría permiso para el entierro; volvieron al patio con la noticia adentro y sin haber visto el cajón. A un anciano la enfermería le anotó tres veces en un día dolor de estómago, y era una peritonitis. Un interno murió en su pabellón y quedó tendido allí siete horas, a la vista de sus compañeros, sin que nadie fuera a retirarlo. Funcionarios armados custodian a nonagenarios a los que otro funcionario acaba de cambiarles el pañal, y cabe preguntarse de qué defiende a Chile ese fusil.

Piensen en su padre. Casi todos tienen uno de esa edad, o lo tuvieron hasta hace poco, y saben lo que es velar a un anciano en una madrugada y cuánto se daría por que esa madrugada ocurriera en su casa y no en un pasillo. A estos hombres, y a las mujeres que envejecen con igual condena en San Joaquín, de las que no se habla porque ni siquiera sirven de trofeo, se les niega precisamente eso, y se les niega por decisión suya, aunque un indulto conmutativo se firme en una página y una ley de cuatro artículos se vote en una tarde. Ninguno aceptaría para su padre lo que mantiene para ellos.

Cuando una quebrada se desborda, el Estado despliega en horas helicópteros, cuadrillas de emergencia y una alarma que llega en segundos a todos los teléfonos de la región; lo único que no despliega nunca es la voluntad de destinar una parte a quienes no devuelven votos. Es sabido que esto se resuelve con una firma o con una votación, y que, de no ocurrir una u otra, los responsables tendrán apellido, cargo y fecha. El día en que el último salga de Til Til, y no saldrá caminando, ustedes seguirán hablando del 11 de septiembre en el Congreso, cada cual desde su vereda, y ningún lado podrá nombrarlo, porque lo que quede escrito de estos años llevará un nombre que no eligieron y todas las firmas que sí pusieron: geriatricidio carcelario.

CARLA FERNÁNDEZ MONTERO

Abogada

Derecho Penal-Penitenciario